En el organigrama del nuevo gobierno de Pedro Sánchez ya es una realidad: el Ministerio de Consumo, a cargo del saliente coordinador de Izquierda Unida Alberto Garzón, desaparece como cartera autónoma y sus competencias pasan a incluirse en la cartera de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que, desde ayer martes, dirige el exdiputado de Podemos y actual dirigente de Sumar, Pablo Bustinduy.
De la misma forma que, en 2019 tras el acuerdo entre PSOE y Podemos, las más importantes asociaciones de consumidores a nivel estatal, OCU y FACUA aplaudieron que Consumo, ligado históricamente a las carteras de Sanidad o Industria y Comercio, pasase a ser un ministerio con autonomía propia, tras la revalidación del gobierno de coalición conformado este lunes, se han demostrado muy críticas con la disolución de la cartera que, desde sus perspectivas, puede poner en riesgo “los derechos de los consumidores y hacerlos más vulnerables frente a los abusos y fraudes” de ciertas prácticas empresariales.
En concreto, FACUA muestra su preocupación ante la posibilidad de que “las políticas de Consumo se diluyan dentro de las funciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023” . Y su reivindicación va mas allá: reclama que “al menos, se configure una secretaría de Estado de Consumo” que, hasta el momento el nuevo ministro no ha confirmado.
El reconocido periodista y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, muy crítico en su cuenta personal de X ( antigua Twitter ) ha acusado directamente al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a la Vicepresidenta Segunda y líder de Sumar, Yolanda Diaz por la decisión de desmantelar el Ministerio de Consumo.
Por su parte, OCU lamenta que con la decisión del Presidente Sánchez “pierden visibilidad las políticas de protección al consumidor, que son tan necesarias en estos momentos de crisis e incertidumbre en los que nos encontramos”.
Y ponen deberes al nuevo ministro
Si en algo coinciden ambas asociaciones, rivales entre sí, es que el nuevo Gobierno que echó a andar hace tan solo 24 horas, es en la necesidad de ahondar en avances legislativos que garantice la protección de los consumidores frente a los abusos comerciales y los fraudes de los que son víctimas.
En este sentido, FACUA insta al Consejo de Ministros a promover un anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente que contemple “el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando las empresas no contesten a sus reclamaciones en el debido plazo”. Y es más: desde la asociación presumen que “se trata de una ley históricamente reclamada por FACUA que en la anterior legislatura llegó al Congreso pero no dio tiempo a que fuera votada, como igualmente ocurrió en el segundo Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero”.
El escepticismo sobre la difuminación de las competencias de Consumo en otro ministerio crece y no es una buena señal. FACUA recalca que “Entre las numerosas denuncias que la asociación viene planteando en los últimos tiempos cobran un especial protagonismo las relacionadas con subidas ilegales en alimentos afectados por la rebaja del IVA” y a las que, la extinta cartera a cargo de Alberto Garzón no ha dado respuesta.
Y desde OCU también recuerdan al nuevo ministro que en la legislatura anterior quedó pendiente de aprobación la Ley de Servicios de Atención al Cliente, que el Gobierno se comprometió a tramitar de forma urgente y la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero que resuelva los numerosos problemas de los consumidores con las entidades financieras.
Asimismo, la organización de consumidores y usuarios señala que otras acciones pendientes como la regulación del etiquetado nutricional, la alimentación escolar, los retos que plantea la transición digital y la asignatura pendiente de un marco adecuado para el desarrollo y la modernización de las asociaciones de consumidores, “serán más difíciles de atender en un ministerio con numerosas competencias y muy escasos recursos”
No obstante, Ileana Izverniceanu, la directora de Comunicación de OCU se ha dirigido directamente al nuevo ministro Pablo Bustinduy para manifestarle su confianza y colaboración con el fin de mejorar los derechos de los consumidores y usuarios
