El PP se ha quejado porque la vicepresidencia del Tribunal Constitucional ha recaído en un miembro del mismo sector que el del presidente del órgano de garantías, es decir, del progresista, lo que rompe por primera vez la tradición según la cual el vicepresidente siempre procede de la corriente minoritaria.
“Es un hecho inédito. Se han saltado los consensos respetados hasta ahora”, se dice desde Génova. Efectivamente, tanto la presidencia como la vicepresidencia han recaído en manos de dos miembros del llamado sector progresista, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán, quien accede a este cargo en detrimento del conservador, Ricardo Enríquez. Y sí. Es un hecho inédito. La tradición señala que las presidencias de las instituciones, tanto jurídicas como de los organismos reguladores, debe recaer en el candidato propuesto por el partido mayoritario, y la vicepresidencia, en manos de la oposición. Pero esa tradición se ha roto por muchas razones, algunas de las cuales intentaremos explicar aquí.
En primer lugar, está el juego de mayorías y minorías. Las alternancias en las instituciones eran costumbre con un régimen parlamentario casi bipartidista, donde dos partidos, el PP y el PSOE se repartían los cargos. Y eso, ahora mismo, ha cambiado. La sociedad se encuentra fragmentada políticamente hablando.
Además de las dos grandes organizaciones, han emergido otras que se consideran representativas de un amplio espectro social en este país. Está la extrema derecha de Vox. Está la izquierda de Unidas Podemos. Hoy por hoy todavía están los liberales de Ciudadanos, aunque en franca decadencia. Y están las llamadas “opciones periféricas”: PNV, Bildu, Esquerra Republicana, Junts, el Bloque Nacionalista, y Compromís. Y también hay que contar con minorías como los regionalistas cántabros o las alternativas de la llamada “España vaciada”, o las localistas que intentan obtener beneficios para zonas consideradas “de segundo orden” como es Teruel Existe y similares.
Todas ellas conforman un panorama político muy fragmentado que ha enterrado, prácticamente, el bipartidismo. Se quiera o no, Vox tiene presencia social y Unidas Podemos, incluso, forma parte del gobierno de coalición. Es lógico que se cuente con todas esas opciones a la hora de designar a los miembros que formarán parte de las instituciones. Y tal circunstancia ya se está teniendo en cuenta en organismos reguladores como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, RTVE y otras.
En segundo lugar, la actitud del Partido Popular desautoriza a sus dirigentes para hablar de que el ejecutivo de Sánchez “actúa saltándose los consensos respetados hasta ahora”. Los primeros que se han saltado el consenso, incluso quedándose al margen de la Constitución, son ellos cuando tienen bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de los jueces lleva cinco años “en funciones” y el máximo dirigente del PP, Núñez Feijoo ya ha dejado claro que no negociará dicha renovación hasta que se celebren las elecciones generales. Es decir, para noviembre.
El PP maneja la hipótesis de que, para entonces, tendrá la mayoría suficiente como para gobernar y llevar a cabo la renovación sin necesitar del acuerdo con los socialistas. No se dan cuenta de que, con la actual legislación en la mano, la renovación requiere del voto de tres quintos del parlamento. Si, como parece que va a ocurrir, el PSOE paga con la misma moneda al PP, difícilmente se va a renovar el CGPJ. Y todo eso en la hipótesis de que ganen las elecciones con la mayoría suficiente. El juego de mayorías actual en la sociedad española invita a pensar que no va a ser así. Incluso puede suceder que haya que repetir comicios. Ya pasó en dos ocasiones y puede volver a suceder.
Y si esto ocurre, el actual CGPJ, que por estar en funciones no puede designar a los miembros de instancias judiciales tan importantes como son las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia territoriales o el Tribunal Supremo, podría mantenerse, por lo menos, dos años más. Todo un desastre para la justicia.
Menos mal que parece que la estrategia del gobierno es olvidarse de la “costumbre” de consensuar con el PP y legislar para arreglar este estado de cosas. No es de extrañar que se vuelva a intentar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la forma de elección de sus vocales de tal manera que sean propuestos por mayoría simple y no de tres quintos como ahora mismo se requiere.
Hay muchas otras razones para acabar con “la tradición” de la que habla el PP. Tradición, por cierto, inexistente cuando el Partido Popular está en el Gobierno. Y si no que se lo digan a una institución como es la del Banco de España. Cuando hubo que proceder al nombramiento de nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos, – por cierto, alto cargo del Gobierno, director general de Economía y Estadística, lo digo por aquello de las famosas críticas a las puertas giratorias-, el PSOE se las tuvo que ver y desear para que se nombrase subgobernadora a su candidata, Margarita Delgado Tejero. Y el PP, al final, la aceptó porque había sido coordinadora del todopoderoso departamento de Inspección.
Es el PP el que no quiere el consenso. Son capaces de no tener a un candidato suyo en el Tribunal Constitucional, que le corresponde, por no pactarlo con el PSOE en el Senado.
