La política española se enfrenta a una realidad similar al de una infidelidad conyugal. Todo el mundo sabía que iba a haber cuernos menos el o la corneada. Todo el mundo sabía que Pedro Sánchez iba a engañar a Carles Puigdemont. No cabía ninguna duda y, a pesar de esto, el político prófugo de la justicia cedió y apoyó la investidura a cambio de… nada.
En la sesión de investidura de Pedro Sánchez, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ya avisó: «Una vez le preguntaron a Unamuno que por qué no tenía fe en Melquíades Álvarez, político reformista, expresidente de esta Cámara. Y él respondió con una frase que viene al pelo. Dijo algo así como: ¿Cómo quieren que tenga fe en Melquíades Álvarez si me cuesta ya tener fe en Dios? Y es que nosotros no es que no tengamos fe, es que tenemos memoria». Rufián y su partido son algunos de los antiguos estafados por Sánchez. Ya lo avisó: no tenían fe en él, no confiaban en él.
A pesar de las señales que la historia ha dejado sobre la trayectoria de Sánchez, Junts, el partido de Puigdemont, acabó cayendo en las estrategias de trilero y se creyó que iban a tener un camino plácido a la hora de implantar la Ley de Amnistía. Desde la formación independentista pensaron que su líder sería recibido como un héroe recorriendo el Paseo de Gracia en un descapotable. El nuevo Tarradellas.
Sin embargo, Puigdemont se ha sumado a la enorme lista de víctimas de los engaños de Pedro Sánchez. Ya se tarda menos en decir a quiénes no ha estafado que a los que sí y cada vez es más fuerte el recuerdo de la escena de Toni Leblanc en la película Los Tramposos.
Con la Ley Sánchez de Amnistía va a pasar eso. Tanto Sánchez como Cerdán o Bolaños hicieron promesas a Junts dando seguridad de que esa norma iba a, en primer lugar, aplicarse a Puigdemont más allá de las investigaciones judiciales por terrorismo o por injerencias de una potencia extranjera, y, en segundo término, que sería de aplicación inmediata. Sin embargo, los que realmente saben aplicar e interpretar la ley han sido claros respecto a su inconstitucionalidad. Además, los jueces conocen el sistema legal que harán lo imposible para que, a pesar de que se apruebe en el legislativo, entre alguna vez en vigor.
El golpe definitivo lo dio el pasado lunes el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. En respuesta a una pregunta de Ciudadanos, el comisario deja muy claro que la Ley Sánchez de Amnistía quedará paralizada si se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en consecuencia, quedará paralizada hasta que el TJUE resuelva. En un tema tan complejo, los tiempos pueden superar los dos años y medio.
Cada juzgado en el que se pretenda aplicar la Ley Sánchez de Amnistía elevará una prejudicial a Europa. Lo harán los de primera instancia, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y el Supremo. Esto derivará en una acumulación de procedimientos que ampliará los plazos de respuesta.
Además, no es seguro que la Justicia europea responda de acuerdo con los intereses de Sánchez. Más bien al contrario, sobre todo después de ver el dictamen completo de la Comisión de Venecia, en el que, más allá de la propaganda de Moncloa o del PSOE, hay más contras que pros.
Es cierto que en el dictamen se ponderaba el espíritu de la ley, las buenas intenciones sobre la supuesta reconciliación con la que se llenan la boca en el PSOE. Sin embargo, la Comisión de Venecia es muy crítica en las formas de negociación, modificación y aprobación de la Ley Sánchez de Amnistía. Por otro lado, dejaba muy en el aire el hecho de que Carles Puigdemont pueda acogerse a dicha ley, sobre todo porque las acusaciones de presunta comisión de delitos de terrorismo.
La Comisión de Venecia fue muy clara en un aspecto: las leyes de amnistía, en general, son incompatibles «con las normas internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos» no están excluidas de su ámbito de aplicación.
Mientras el gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado con el clickbait del titular fácil, como hacen con la práctica totalidad de las medidas que aprueban, la realidad es que el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley Sánchez de Amnistía formula un gran conjunto de reproches, sobre todo porque pone en duda lo que está consiguiendo.
Mientras Sánchez, sus ministros, los dirigentes del PSOE y una parte de la militancia abducida defienden la cuestión de la reconciliación y la resolución del conflicto en Cataluña, la realidad es que la Ley Sánchez de Amnistía lo que está provocando es una división muy profunda y beligerante en el resto del territorio español.
En concreto, el dictamen la Comisión de Venecia señala que «el Congreso de los Diputados, a la hora de decidir si, con qué contenido y por qué mayoría aprobar el proyecto de ley de amnistía, tendrá que abordar la cuestión de si se puede lograr la normalización de Cataluña a pesar de que el proyecto de ley de amnistía ha profundizado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y, sobre todo, en la sociedad española».
Incluso, se llegó a poner en duda si la finalidad que persigue el gobierno se está buscando a través de los mecanismos adecuados. «Por lo general, las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política: estos objetivos legítimos deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes, a fin de no frustrar ese propósito. El procedimiento de adopción de medidas de amnistía debe inspirarse en la inclusión, la participación, el calendario adecuado y los debates públicos. En particular, las consultas significativas, junto con un calendario adecuado, deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista. Por lo tanto, los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la aprobación de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de tales leyes», afirma el dictamen.
De cara a una próxima resolución del TJUE, hay que tener en cuenta las críticas de la Comisión de Venecia sobre el carácter finalista de la Ley Sánchez de Amnistía, dado que el fin de la misma no es otro que mantener a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. Es una especie de autoamnistía. «Hay cierto apoyo a otros límites a las amnistías: los que podrían socavar el poder judicial; amnistías con exclusión de la responsabilidad civil; autoamnistías (es decir, cuando los perpetradores o las instituciones responsables se conceden a sí mismos o a sus miembros inmunidad de enjuiciamiento, a menudo en vísperas de una transición política)».
La imposición al PSOE por parte de los partidos independentistas catalanes de la amnistía como condición absoluta para votar a favor de la investidura de Sánchez, además de la participación de quienes se beneficiarán de la ley en las negociaciones, son un límite que la Comisión de Venecia marca.
Todo ello sin contar con las censuras a la misma tramitación de la Ley Sánchez de Amnistía que, según el dictamen, debería ser a través de una mayoría cualificada, no absoluta.
Pedro Sánchez no tiene escrúpulos y pero sí una capacidad nula de empatía. Una de las mejores definiciones que se han hecho del presidente del gobierno la dio el escritor Arturo Pérez-Reverte en el año 2021 cuando dijo que Sánchez «era valiente, que no tenía escrúpulos, inmune a las hemerotecas y que aguantaría bastante bien. Era un francotirador y los iba a matar a todos. Y así ha sido, ha matado a todos, incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al rey no porque lo necesita, sino, también lo mataría».
Esa frialdad de francotirador no descarta la idea de que todo este proceso esté fríamente calculado desde el principio. Rufián dijo en la sesión de investidura que los independentistas tenían «la capacidad para obligarle».
El PP, Vox y una parte del PSOE afirman que el Gobierno de España está en manos de Puigdemont. Sin embargo, tras la ratificación de Reynders de que la Ley Sánchez de Amnistía quedará paralizada hasta que la Justicia europea se pronuncie, quien tiene el poder es Sánchez porque ahora tiene la capacidad de obligar a las formaciones independentistas a mantenerle en el poder con el argumento de que si quieren amnistía él tiene que ser el presidente hasta que se pronuncie Europa. ¿Quién es el dentista ahora?
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