Puigdemont y el dilema del prisionero: o se salvan juntos o perecen juntos

Dos jueces que nunca pasaron por el Parlamento, que ni siquiera fueron designados por voluntad popular, Joaquín Aguirre y Manuel García Castellón, están a punto de lograr lo que el PP no consiguió: cargarse la ley de amnistía y muy probablemente la legislatura. Y todo porque a los exconvergentes de Junts per Catalunya, encabezados por su dirigente en la sombra, Carles Puigdemont, les ha entrado el pánico. Los dos magistrados, que la extrema derecha de Vox califica de héroes, introdujeron, en los sumarios de las investigaciones que llevan a cabo, dos delitos, uno de terrorismo y el otro de alta traición, que pueden modificar la situación penal del expresident hasta tal punto que imposibilitaría su regreso a España. Tal y como se ha dicho aquí, las acusaciones de los magistrados carecen de consistencia y, lo más probable, es que sus superiores, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, las acaben por rechazar. Pero el miedo es humano y posibilita la reacción que se produjo en el hemiciclo. No hay ley si no se introduce la amnistía para esos delitos. Pero esa enmienda puede hacer inconstitucional la norma y, casi con toda seguridad, suponer el rechazo de las instituciones europeas, incluida la judicial. Ya de por sí, la proposición de ley presentada por los socialistas se encontraba al límite se sus posibilidades legales. Pero la pretensión de los convergentes la convierte en inviable.

Los socialistas aseguran que lo que peligra es la amnistía, pero no la legislatura. De momento se ha aplazado el debate sobre los presupuestos para este año a la espera de que la tormenta amaine. Hay un mes de plazo, que puede ser menor, para llegar a un acuerdo. El entorno de Puigdemont lo ve difícil. En Waterloo ha entrado el miedo, lo que no dice mucho en su favor. El otro significado dirigente independentista, Oriol Junqueras, estuvo presente en la sesión plenaria del Congreso en la que se rechazó el dictamen. Junqueras está ganando muchos puntos ante la opinión pública. La sensación es que es mucho más valiente que Puigdemont. Primero lo demostró cuando no salió huyendo y asumió su responsabilidad ante la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Y ahora, el partido que lidera, ERC, ha apoyado el texto sometido a debate sin enmiendas a sabiendas, además, de que hay dirigentes que están señalados en los sumarios judiciales: Marta Rovira, que se encuentra en Suiza, y Rubén Wagensberg, secretario cuarto de la cámara baja, que se ha desplazado a este país, aunque dice que es solo temporalmente, para asesorarse legalmente de las consecuencias que tiene su inculpación.

Y esa es la diferencia de talante que exhiben los independentistas catalanes. Hay miedo porque García Castellón está envalentonado y va a por todas en el “Caso Tsunami”. No va a cejar en su empeño de acusar de terrorismo a todo aquél que se quiera beneficiar de una ley que prácticamente se ha cargado. O no, porque la norma va a dejar sin efecto sus diligencias sobre todo porque ampara a los acusados por ese delito, excluyendo los que hayan producido “de forma manifiesta y con intención directa, muertes, torturas o trato degradante”. O “los actos dolosos contra las personas que hubieran producido muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad”.  Asimismo, se excluyen los delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los investigados en los sumarios de Aguirre y García Castellón no entran dentro de estas figuras delictivas apartadas de la norma. Pero esa enmienda no es suficiente para Puigdemont que quiere más garantías para volver a España. Más o menos lo que pretende es un regreso tal y como lo hizo, al final del franquismo, Josep Tarradellas: en olor de multitudes y libre de cualquier comparecencia en un juzgado.

El problema es que si no cede le puede pasar lo peor. Que no regrese jamás. Sin el apoyo de Junts, el gobierno progresista no puede mantener por mucho tiempo esta situación al estar en minoría. No puede sacar adelante ninguna ley y se ve abocado a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones.

Y en Génova se frotan las manos ante tal posibilidad porque se ven seguros ganadores. En la hipótesis de que logren mayoría parlamentaria, Puigdemont se puede despedir de la amnistía. Pero no sólo él. También corren peligro centenares de personas amenazadas de cárcel o multas millonarias. Y, por supuesto, el proceso de normalización política y social en Catalunya que el PSOE pretendía obtener con la medida de gracia. Por mucho que Núñez Feijóo intente la conciliación, no le perdonarán todas las maniobras que ha hecho la derecha judicial para abortar este proceso. Si se tiene en cuenta, además, de que todavía está en la memoria colectiva la represión provocada por la aplicación del artículo 155 de la constitución, el conflicto está servido.

Las responsabilidades de toda esta situación no hay que buscarlas sólo en la derecha que siempre ha mantenido el mismo discurso. Junts deberá responder ante su electorado y ante la sociedad catalana por la cobardía de sus dirigentes. Porque se avecinan periodos muy negros para el diálogo. La mano dura empleada por el gobierno de Rajoy puede quedarse corta con la venganza de los conservadores. Y no sólo afectará a los catalanes, sino también a los vascos. García Castellón ha empezado a desempolvar viejos sumarios para sentar en el banquillo a los dirigentes de Bildu y, como se descuiden un poco, los disparos del juez van a afectar a los del PNV.