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Soluciones de Gestión fue seleccionada antes de que el ministerio de Ábalos publicara las necesidades por la pandemia

La Guardia Civil concluye que la empresa adjudicataria de las mascarillas, sobre la que pivotaba la red de cobro de comisiones de Koldo García, se benefició de un procedimiento sin publicidad y con carácter de emergencia

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La mercantil Soluciones de Gestión fue adjudicataria en el año 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario mediante el procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, según el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Diario16.

La selección de esta sociedad habría partido del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en el caso de los contratos que fueron adjudicados por Puertos del Estado y ADIF –dependientes de ese ministerio–, así como para aquel adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Según el informe de la UCO, la cronología en torno a los contratos suscritos por Soluciones de Gestión en el contexto de los hechos investigados ha permitido inferir que esta sociedad «habría sido seleccionada con anterioridad a las publicaciones oficiales que daban a conocer las necesidades del Ministerio de Transportes (MITMA)».

Respecto a la relación con la Administración Pública que hubiera podido
dar lugar a esta situación, «esta Unidad ha constatado, en un primer lugar gracias a la actividad operativa y en segundo lugar a la intervención telefónica en curso, que Koldo García –asesor del exministro José Luis Ábalos así como consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado– tuvo relación directa con los responsables de hecho de los contratos investigados –Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto–».

«Partiendo de lo anterior, el día 3 de octubre de 2022, la Fiscalía Especial
Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el marco de las diligencias de investigación 10/2022, a petición de esta Unidad, emitió diversos requerimientos dirigidos a diversas entidades financieras al objeto de que aportasen información sobre los productos financieros en los que figuran o han figurado como titulares y/o autorizados varias personas físicas y/o jurídicas investigadas», añade el atestado policial.

Del mismo modo, en oficio de 23 de enero de 2023 se autorizó la obtención de información sobre las cuentas bancarias de nuevas personas físicas y/o jurídicas de interés para los hechos investigados. Y el día 13 de junio de 2023, igualmente la Fiscalía autorizó la obtención de información sobre las cuentas bancarias de otras personas físicas y jurídicas, «reseñándose a continuación algunas de las personas físicas y jurídicas de las que se han solicitado, en los escritos reseñados, las cuentas bancarias en las que figuran o han figurado como titulares y/o autorizados».

«Diligenciados tales requerimientos con las correspondientes entidades financieras, y obtenida la información solicitada de las cuentas bancarias, vinculadas a las personas físicas y jurídicas antes enumeradas, por parte de esta Unidad se ha analizado dicha información», añade el informe.

Así las cosas, del análisis de la información laboral, tributaria y financiera
de Koldo García y su entorno –anexo II al informe número 107/2023– «se pudo colegir que el patrimonio de Koldo García y de su entorno habría aumentado significativamente y de forma inusual, coincidiendo en el tiempo esta variación con las adjudicaciones investigadas, y habiendo sido constatado la existencia de una fuente desconocida de dinero en efectivo».

Al hilo de lo anterior, y de la observación de las comunicaciones de los investigados «y de la actividad operativa realizada por agentes de esta Unidad, se ha podido corroborar que Koldo García haría uso de personas interpuestas para titular bienes que realmente disfruta el investigado y su núcleo familiar, además de disponer de fondos en efectivo».

Por otra parte, del análisis preliminar de las cuentas bancarias de Cueto
y Aldama, «y de los entornos societarios controlados por ambos investigados,
existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los
hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos».

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