UGT denuncia que las empresas continúan incumpliendo, de forma evidente y continuada, la ley de trabajo a distancia o teletrabajo. Medio año después de su promulgación, los datos demuestran como el empresariado español persiste en vulnerar una norma de obligado cumplimiento.
El sondeo del CIS sobre uso de la tecnología durante la pandemia demuestra este generalizado quebrantamiento de derechos, que afecta a prácticamente todos los aspectos de la relación laboral.
De hecho, un 62,5% de los encuestados confirma que la empresa no le ha dotado del imprescindible portátil para teletrabajar, una obligación que las empresas deben satisfacer, por ley, desde el pasado septiembre.
35 años de la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC-UGT)
Desde hace 35 años, la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT representa a un importante número de personas trabajadoras en las empresas; en 1986, los y las profesionales, técnicos y cuadros constituían el 17% de la población activa, en 2021 alcanzan el 35% de la misma. Este grupo de personas asalariadas representan, aproximadamente, el 15% de la afiliación de UGT y UTC está implantada en todas las estructuras del sindicato. Una organización imprescindible en la lucha por la implantación del teletrabajo y por el cumplimiento por parte de las empresa de sus obligaciones.
Para la coordinadora de la UTC “resulta incuestionable que nuestro sistema de relaciones laborales requería de una ley del trabajo a distancia y del teletrabajo que llenase el vacío de una regulación insuficiente, y ordenara esta forma de organización del trabajo, proporcionando a esta forma de prestación de servicios la dignidad y la seguridad jurídica que necesitaba, especialmente ante un mundo en continuo cambio y evolución”.
Paula Ruiz Torres, coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC) de UGT, es consciente de la relevancia de los 35 años trayectoria de la organización, así como del papel crucial que ha desempeñado en los avances cosechados en el terreno social y laboral en los últimos años en nuestro país.
“Resultado de un duro proceso de diálogo social” ha explicado, “hoy por fin tenemos una regulación extensa, transversal y equilibrada que, por un lado, rompe con la idea que el trabajo a distancia es una fórmula de conciliación en sí misma y, por otro, aporta seguridad jurídica y mayor protección a los derechos y las condiciones laborales de las personas trabajadoras a distancia”.
Los trabajadores se pagan su conexión a internet
Continuando por la dotación de medios y abono de costes, el 80% de las personas trabajadoras confirman que se paga su conexión a Internet, porcentaje que sube hasta el 91% en el caso del personal administrativo de manera que, de nuevo, las inobservancias empresariales se ceban con los más débiles y con los salarios más bajos.
Los empresarios tampoco están cumpliendo con el deber de facilitar un soporte técnico de apoyo al teletrabajo, como confirma el 28% de los preguntados (un 33,5% en el caso del personal de servicios y vendedores de comercios).
Desconexión digital
Esta huida de la ley alcanza también a dos elementos esenciales e íntimamente interrelacionados: la desconexión digital y la prolongación de jornada: un 58% confirma que tiene dificultades para desconectar del trabajo, lo que deviene en que un 63,4% trabaje más horas de las contratadas. De forma que, de nuevo, los empresarios incumplen la legislación española, al no establecer un método para el obligatorio registro de jornada a todas las personas trabajadoras, incluso con la modalidad de trabajo sea a distancia.
Prolongación de jornada
El teletrabajo es percibido por los empleados como un elemento de soledad y aislamiento (62%) y un obstáculo para la promoción interna (40%). Pero, a pesar de todas estas dificultades, la mitad de las personas trabajadoras de este país describe al teletrabajo como positivo.
Los incumplimientos abarcan todos los aspectos de la relación laboral
UGT recuerda que todos y cada uno de estos elementos de la relación laboral están perfectamente desarrollados en la ley de trabajo a distancia del 22 de septiembre de 2020, así como en la ley de garantías digitales (LOPD-GDD) y el RD-Ley 8/2019, en su apartado de registro de jornada. Desde la dotación de medios y asunción de costes hasta la prevención de riesgos, pasando por la no discriminación profesional, la desconexión laboral y el registro de jornada. Todos estos elementos están tasados por ley y deben cumplirse a rajatabla. Sin embargo, las empresas se empeñan en ignorar sus obligaciones legales.
Buena prueba de ello son los datos de negociación colectiva correspondientes a 2020, puesto que, a pesar de que durante el año pasado se multiplicó por tres el volumen de teletrabajo, el número de personas trabajadoras amparadas por un convenio que regule esta modalidad descendió un 2%, con respecto a 2019. De los 16,2 millones de personas asalariadas que existen en España, solo 143.432 están bajo convenios colectivos que regulen el teletrabajo.
En cuanto a la desconexión digital, solo veinte convenios firmados en 2020 contenían cláusulas a tal efecto (un 3,8% del total frente al 2,8% del año anterior), de lo que se concluye que la regulación de la desconexión laboral por convenio colectivo ha pasado prácticamente desapercibida en 2020, en plena extensión del Teletrabajo, algo que deja muy clara la poca sensibilización del ámbito empresarial al respecto y sus inexplicables reticencias a acometer colectivamente este aspecto laboral.
UGT advierte de que no va a aquedarse de brazos cruzados mientras se incumplen las leyes de una forma tan generalizada y flagrante y que pondrá en marcha todos los mecanismos para denunciar ante la Autoridad Laboral esta forma de proceder y activará los procedimientos internos de negociación colectiva para obligar a las empresas a cumplir, por un lado, las normativas vigentes, y por otro, a sentarse a negociar en donde la ley así lo estipula.
