El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España se encuentra en medio de una encrucijada que pone a prueba la solidez de la separación de poderes, un principio fundacional de las democracias modernas. La actuación de un sector del CGPJ, que busca emitir una declaración institucional crítica con la amnistía propuesta por el PSOE y sus socios parlamentarios, enciende el debate sobre la independencia judicial y su papel en la esfera política.
El contexto político y judicial
La mayoría conservadora dentro del CGPJ, cuyo mandato está prolongado más allá de su término natural, ha manifestado su oposición a la medida de gracia antes incluso de que la propuesta sea formalizada en el Congreso. Este actuar anticipado revela una tendencia preocupante hacia la politización del órgano judicial, que debería caracterizarse por su imparcialidad y aislamiento de las contiendas partidistas.
La acción de los vocales propuestos por el PP parece transgredir la línea que divide los poderes del Estado, asumiendo un rol activista contra una iniciativa política aún en proceso de formalización. Este comportamiento contrasta marcadamente con el principio de Montesquieu sobre la separación de poderes, que busca evitar la concentración de poder y garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos.
La separación de poderes en cuestión
El hecho de que el CGPJ elija pronunciarse sobre una amnistía que aún no ha sido debatida parlamentariamente sugiere una usurpación de funciones que no le competen, al menos desde una perspectiva tradicional del derecho. Es un territorio resbaladizo, que podría interpretarse como una interferencia del poder judicial en el legislativo, alterando el equilibrio de poderes.
Este comportamiento del bloque conservador del CGPJ pone de relieve la pregunta retórica: ¿Dónde queda la separación de poderes si un órgano judicial se inmiscuye en el proceso legislativo?. Esta actuación es, sin duda, una invasión de la esfera política, lo que podría menoscabar la percepción de neutralidad y objetividad que es vital para la integridad del sistema judicial, ya puesta en duda en multitud de ocasiones y que ahora parece confirmarse.
La reacción del bloque progresista y la integridad judicial
El bloque progresista del CGPJ ha mostrado su desacuerdo con esta iniciativa, argumentando que tal pronunciamiento es inadecuado y ajeno a las competencias del Consejo. Esta división interna en el órgano judicial subraya las tensiones políticas que se viven en el país y reflejan la polarización que también afecta a las instituciones estatales.
El temor expresado por los vocales progresistas es que la declaración propuesta por sus colegas conservadores pueda ser interpretada como un panfleto político más que como un documento jurídico, algo que perjudica y pone en tela de juicio la ya maltrecha confianza en el sistema judicial. La mención de posibles repercusiones a nivel europeo amplía el alcance de esta preocupación, sugiriendo que la actuación del CGPJ no solo afecta la política interna, sino que también podría tener consecuencias en la percepción internacional de la calidad democrática de España.
Crisis de identidad institucional
El debate en torno a la actuación del CGPJ en el asunto de la amnistía para los encausados del procés es un claro reflejo de una crisis de identidad institucional, donde las fronteras entre lo judicial y lo político parecen haberse difuminado. La esencia de la preocupación radica en la posibilidad de que la justicia se convierta, ya definitivamente, en un campo de batalla partidista, algo que iría en detrimento de la confianza pública y del Estado de derecho.
La independencia judicial es uno de los pilares de cualquier democracia. Es esencial que las instituciones judiciales se mantengan al margen de las luchas partidistas y se enfoquen en su rol de administrar justicia de manera imparcial y conforme a la ley. El CGPJ se enfrenta al desafío de redefinir su posición y reafirmar su compromiso con la imparcialidad, preservando así la separación de poderes que tanto preconizaba Montesquieu. La legitimidad y efectividad de un sistema judicial dependen de su capacidad para resistir la tentación de involucrarse en el juego político, manteniendo su integridad y la de sus decisiones dentro de los confines de la ley y la constitución.
Es increible que no se haya tomado en cinco años una medida de emergencia para desalojar esta nápola de sus cargos e inhabilitarlos de por vida, nada hay más in y auto culpante de un estado corrupto hasta la uña. Pero si tomamos de ejemplo el modelo de justicia norteamericano, donde poseer un arma tiene más valor que la vida de sus propios hijos a lo mejor merecemos esto, y muy bien merecido además.
Qué pocas luces hay en este país; qué poca responsabilidad; qué poca decencia… Ocurre en muchos lugares, pero cuál de ellos es tu país? No tengo nada más que decir a esto.
Esto ya lo sabíamos desde hace tiempo. también comenzamos a comprender para qué sirven estos «poderes» del estado. Y, como ciertos partidos, se aprovechan para meter en la cárcel a inocentes jóvenes y viejos que dicen cosas ciertas y sabidas, pero que molestan a los «poderes» del estado. El partido más corrupto en toda la historia de España, dando lecciones de democracia mientras secuestra a un poder del «estado» clave para ganar poder sin ganar elecciones. Entendemos donde queda el «poder» del estado coronado sin ser votado y sin ser aceptado, por el Pueblo.
Nada nuevo. Los jueces del PP llevan muchos años haciendo política en lugar de Justicia. Dicen que la amnistía les dejaría como “represores”. Pues claro, es que lo que hicieron contra “el procés” fue una vulgar represión política, no Justicia. Como muy bien nos han indicado varias veces desde la UE.