Según dicen por ahí, Pedro Sánchez ha manifestado que no piensa afrontar la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial en esta legislatura. Para rechazar la petición de sus socios de gobierno argumenta que Bruselas no quiere que sea el Parlamento el que se encargue de designar los miembros del órgano de gobierno de los jueces.
Nada más lejos de ser cierto. Bruselas pide otra cosa bien diferente. “Que se proceda a la renovación urgente del CGPJ” y, posteriormente se busque una formula para reformar el sistema de elección y, posteriormente, el funcionamiento del organismo. La Comisión Europea no habla de los estándares de los 27 en materia de Justicia. Hay demasiados temores sobre ese asunto después de que Hungría y Polonia hayan salido algo respondones en la materia.
Pero lo de Hungría y Polonia es bien diferente. No se parece en nada a lo que sucede en España. Aquí hay un grupo de vocales que llevan bloqueando cuatro años su renovación alentados por el partido que los propuso: el PP. Esos mismos a los que les ha entrado las prisas para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional convocando un pleno para este martes en el que intentarán forzar lo que se llama “el tamayazo judicial”. Conseguir un voto discrepante de los vocales progresistas para sacar adelante su propuesta de un magistrado conservador y otro “mediopensionista”, a caballo entre la ideología progresista y la sumisión conservadora. El ideal para vender que han sido “dialogantes” y lograr que en el Constitucional no se modifique el juego de mayorías que debería cambiar para adaptarse a los resultados de las elecciones de hace tres años, cuando los socialistas y Unidas Podemos obtuvieron mayoría parlamentaria.
La derecha insiste en que el Gobierno quiere “controlar” las instituciones. Es lógico, porque este gobierno tiene mayoría suficiente y exige un control que, cuando el PP ha gobernado, ha ejercido sin pudor alguno. No es de recibo que, con una mayoría parlamentaria de izquierdas, en las instituciones se mantengan rectores que fueron designados en tiempos en los que mandaba la derecha.
Tampoco sirve decir que este método de elección de los representantes en las instituciones las politiza. Y esto es por una simple razón. Porque si se pretende lo que quiere la derecha, que sean los propios trabajadores de las corporaciones implicadas, en el caso de la Justicia, los jueces, los que se encarguen de elegir a sus gobernadores.
Esto significaría dos cosas. Por una parte, fomentar el corporativismo y, por otra, conculcar el principio de que los representantes de las instituciones deben ser elegidos en los órganos en los que se han depositado la soberanía popular. Estos días se está argumentando que no sólo el Parlamento tiene la exclusividad de la soberanía. Los constitucionalistas discrepan sobre este argumento.
La Ley de leyes lo deja muy claro: la soberanía popular reside en las dos cámaras de representantes, Congreso y Senado. La diputada del PSOE y catedrática de Derecho Constitucional, Carmen Calvo, manifestó, la semana pasada que “todas las instituciones y poderes del Estado deberían estar supeditados al Congreso y al Senado, como representación de la soberanía del pueblo español”.
A pesar de la controversia suscitada por las manifestaciones de Calvo, lo cierto es que, hasta ahora, siempre se había producido unanimidad sobre quienes eran los depositarios de la soberanía popular y qué poderes del Estado debían someterse a los depositarios de dicha soberanía.
Y partiendo de este principio, la UE poco puede hacer si el Parlamento decide cambiar la forma de elección del poder judicial. En tal sentido, la propuesta de Unidas Podemos puede llegar a ser válida. Y Bruselas no debería poner reparos.
Eso sí. Los vocales del CGPJ deberían ser elegidos teniendo en cuenta que ya se acabó el bipartidismo y que en las cámaras de representantes existen otras tendencias que ya no son minoritarias y que tienen mucho que decir.
Y esos nuevos vocales, que terminaran con la provisionalidad de cinco años en el organismo, serían los encargados de solucionar la situación del Tribunal Supremo nombrando nuevos magistrados que cubrirían las plazas vacantes buscando el criterio de imparcialidad que ahora mismo se cuestiona, gestionando la mejora de los juzgados que se encuentran en situación precaria, y, sobre todo lo más importante, elaborando una propuesta de reforma de la justicia que serviría de modelo para el poder legislativo y ejecutivo. Desde el funcionamiento de los juzgados, pasando por el acceso a la carrera judicial, la situación de los letrados de la administración de justicia, los funcionarios de las instancias judiciales, hasta la designación de los vocales que les irían a suceder, una vez aprobada la reforma.
Porque este Consejo General del Poder Judicial debería ser un consejo “provisional”, si se quiere “constituyente”, centrado en la elaboración de la reforma y con la idea clara de que, una vez haya sido aprobada la misma, sus miembros deberán renunciar para que, con arreglo a la nueva normativa, se designen a sus sucesores.
Y eso consensuándose lo más posible para que, de una vez por todas, se solucione el problema de la Justicia en España, cuya imagen, en estos momentos, está deteriorada.
