Ya no se pueden contar con los dedos de las manos las veces que la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional ha llamado la atención al controvertido juez de instrucción Manuel García Castellón. Unas cuantas, entre otras las piezas separadas de Gürtel, Púnica, Kitchen y las que implica a los fundadores de Podemos. Y en todas éstas se advierten decisiones que favorecen a los dirigentes del Partido Popular, y persiguen a los de Podemos Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, entre otros. El magistrado desimputó en más de una causa a María Dolores de Cospedal que, al parecer, tiene algún tipo de relación personal con el juez. Ahora, sus superiores le obligan a que la llame a declarar “en principio en calidad de testigo” en la causa abierta por las presiones al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas y su antiguo abogado, Javier Gómez de Liaño.
La sala de Lo Penal entiende que la ex secretaria general del PP, y los otros tres testigos a los que García Castellón debe tomar declaración, “pudieron participar en reuniones y situaciones que les permitieron conocer directamente los hechos y pueden aportar información relevante”. Considera la Sala que estos testimonios pueden ser “útiles y necesarios” por lo que consideran obligatorio citarles. “Que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca en una posición de referencia si, como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados”, dicen los superiores del instructor.
Manuel García Castellón había abierto esta pieza separada de la Gürtel, aunque, como es su costumbre, declaró secreto del sumario. Y así ha permanecido hasta que en febrero pasado decidió cerrarla. El exjuez Mariano Gómez de Liaño, uno de los perjudicados porque fue el que sufrió las presiones para intentar que Bárcenas no testimoniase en contra del PP, presentó recurso. Y ahora la Sala le ha dado la razón. De momento, se ordena la reapertura de las diligencias y la citación de cuatro testigos, Dolores de Cospedal, José Aliste Martín, Óscar Jiménez de la Rubia y, por supuesto, el ingrediente de todas las salsas judiciales relacionadas con la corrupción, el excomisario de policía José Manuel Villarejo.
A García Castellón se le acumulan los recursos. De momento el más trascendental de ellos es el que hace referencia al auto dictado esta semana en el que imputa de delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, por las acciones llevadas a cabo por Tsunami Democràtic durante las protestas contra las sentencias del Supremo por el “caso procès” que se llevaron a cabo en 2019. No sólo está el del fiscal sino también los de los abogados defensores uno de los cuales ya ha recusado al juez por sus manifestaciones públicas contrarias a la amnistía. Hay, también, recursos presentados contra el archivo de una pieza separada de Púnica, la número 10, referida a la contratación de publicidad con una agencia de Alejandro de Pedro, EICO y Madiva, con el fin de mejorar la imagen de altos cargos del PP. El magistrado argumenta, para archivar la causa, que “resulta extraordinariamente difícil, sino imposible, distinguir entre la promoción institucional del cargo que ocupa una persona, y su prestigio personal político, cuando se trata de realizar campañas de promoción o publicidad en internet, redes sociales o medios de comunicación social”. En esta causa figuraron imputados, en un principio, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, su número dos que fue también presidente, Ignacio González, el exconsejero de presidencia, Francisco Granados y la exconsejera de Educación, Lucía Figar, entre otros altos cargos, alcaldes y presidentes de diputación principalmente. En el auto en el que se archiva la causa llama la atención el reproche que el juez hace al PSOE, que se personó como acusación particular.
Como contraposición, el juez ha tenido que archivar, por orden de sus superiores, 20 causas contra los fundadores de Podemos. El del “Informe Pisa” en el que se pretendía vincular al fundador del Partido, Pablo Iglesias, (de ahí las siglas del informe, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima) con delitos fiscales y blanqueo de capitales, además de financiación ilegal. La investigación concluyó a mediados de 2022. El “Caso Dina”, sobre el robo del móvil de la asesora de Iglesias, Dina Bousselham, en 2015, cuyo contenido apareció publicado en varios medios de la órbita del comisario Villarejo. El juez quiso darle la vuelta al caso e imputar a Pablo Iglesias, algo que finalmente frenó el Tribunal Supremo. Y, por último, está la investigación que inició, en 2021, sobre presuntos pagos de Venezuela a la formación morada, sustentados en falsos informes policiales y en el interesado testimonio del exmilitar venezolano ‘Pollo Carvajal’, que pretendía paralizar su extradición a Estados Unidos. La sala ordenó al juez el archivo de la causa no sin antes calificar su investigación de “prospectiva a todas luces” porque vulneraba los derechos fundamentales de los fundadores del partido a los que ni siquiera había atribuido la condición de investigados
Está claro que García Castellón ha establecido una “línea roja” consistente en no tocar a los dirigentes del Partido Popular bajo ningún concepto. Los demás partidos, y sobre todo si son de izquierdas, están bajo su punto de mira. Ahora, su juzgado ha iniciado una nueva investigación contra Podemos. Pero para que la cosa no cante en exceso, ha sido su juez de refuerzo, Joaquín Gadea, el que se ha encargado de esas diligencias que han sido declaradas, como no, secretas. Otra de las costumbres de García Castellón por las que también ha recibido serias advertencias de sus superiores.
No es cuestión de ser de izquierdas o derechas. Este hombre es una vergüenza para la judicatura y para España.. Suele absolver a los poderosos, a veces también se le pasan los plazos. Ha cerrado causas contra empresas (CaixaBank, Repsol), empresarios (Brufau, Fainé, López del Hierro) y las buenas gentes del PP (lista enorme aquí).
Se le suele acusar de ensañarse con la turba podemita, pero para ser justos hay que recordar que la UDEF ha Estado fabricándole las pruebas.
Este juez deja entrever como funciona ese Estado paralelo que legisla y juzga frente a una buena mariscada. De tan transparente se ha vuelto incómodo.
Es sólo un juez; y digo uno como valor numérico, pero está Llarena, el peor juez del mundo, Marchena la prostituta de Aznar, Lesmes, origen de la vergüenza de la situación actual del staff mayor fascista en manifiesta sedición.
Pero este juez lo describe perfectamente J7 y me ha tumbado la prosa dejando poco espacio para las conclusiones. Así que de este modo vamos a pensar en alguien ajeno; por ejemplo un estudiante de español que terminado su periplo académico vienese, tal que todos hacemos, a poner en práctica su instrucción, y el previsible modo de hacerlo – creo que todos coincidimos aquí – comienza con la actualización informativa tras el aterrizaje, en el llamativo contexto de esta noticia y el individuo nos pregunta y nosotros contestamos lo que sabemos – sólo – de este juez y este caso.
El resultado de este suceso, tal y como siempre hacemos con los guiris, termina afectándonos en igual medida hasta la vergüenza infinita: españa, no se la pierdan, y buen viaje de vuelta, camarada.