Y ahora, ¿quién paga el sufrimiento de Mónica Oltra?

El poder judicial lleva unos días que no le sale una a derechas. Primero fue la absolución de los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias después de permanecer tres años en la cárcel. Y ahora es la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, la que ha sido exculpada, junto a otros quince colaboradores suyos, de haber cometido delito de encubrimiento en la denuncia de abusos sexuales presentada por una menor contra su exmarido.

Lo de Oltra reviste gravedad porque dimitió cuando todavía no había sido acusada formalmente. Pero una feroz campaña mediática, como no, alentada por la extrema derecha, y el ataque directo en los juzgados de sus representantes, el abogado, José Luis Roberto, la agitadora ultra, Cristina Seguí, y Vox ejerciendo de acusación particular, con la inestimable colaboración de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, obligó a la política a renunciar a su cargo. Hoy, Mónica Oltra ha vuelto a ejercer su profesión de abogada y vive alejada de la vida pública. Sus compañeros han pedido que vuelva. Está claro que este es un evidente episodio de lawfare de los muchos que circulan por la judicatura española. Otro intento más de instrumentalizar la política a través de los juzgados.

Que la extrema derecha utiliza las herramientas jurídicas a su alcance para derrotar al adversario es algo a lo que nos tienen acostumbrados. Detrás de las acusaciones a Mónica Oltra se encuentran los letrados Manuel Salazar Aguado y José Luis Roberto Navarro, abogados vinculados a la extrema derecha valenciana. Se sumaron a la acusación la asociación Gobiérnate y Vox.  Roberto Navarro​ es líder del partido ultraderechista España 2000, autodefinido como un “partido patriótico social y populista”. También es dueño, de la empresaLevantina de Seguridad y secretario de la patronal valenciana de la seguridad desde 2004. Posee diversos gimnasios y empresas de comercialización de ropa militar. Él y su socio de despacho, Salazar Aguado, son destacados miembros de la asociación Anela, la llamada “patronal de los clubes de alterne” que aspira a legalizar la prostitución.

Durante la transición, Roberto Navarro fue detenido acusado de colocar dos bombas en unos encuentros independentistas en Valencia, hechos por los que nunca fue condenado. En 2004, la Audiencia de Valencia le condenó a un año de cárcel por presentar un testigo falso en un juicio de faltas. Tras la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat, Roberto Navarro escribió en Twitter: “al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo. Me supo mal, y no lo olvidé, que me llevaras al banquillo por ponerte el ‘Viva España”. Oltra llegó a acusarlo de estar detrás de un escrache que se llevó a cabo en su domicilio donde se identificó a militantes de España 2000.

Salazar Aguado y Roberto Navarro se hicieron cargo de la defensa de una menor, Maite T. que aseguró haber recibido abusos de un educador del centro de menores donde se encontraba tutelada, Niño Jesús. El denunciado resultó ser el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat que fue condenado a 5 años de cárcel. Roberto Navarro decidió ir más lejos y denunció la gestión de la Conselleria de Igualdad en torno a este asunto. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València abrió una investigación que trataba de dilucidar si el departamento de Oltra maniobró para beneficiar la situación procesal de su exmarido. Ahí comenzó el calvario de la exdirigente de Compromís.

Y todo ello con la inestimable colaboración de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, quien, en su escrito inicial en el que pedía la imputación de Oltra y quince cargos más de la Conselleria de Igualdad, advirtió indicios de la “escasa, desidiosa o nula voluntad” del departamento de esclarecer los abusos por parte del exmarido de la vicepresidenta. Unos abusos que “no fueron puestos en conocimiento de la fiscalía de menores, ni de la policía, ni de la administración de justicia”, pese al “elevado número de cargos públicos” que conocían los hechos, “impidiendo de esta forma una investigación policial, fiscal y judicial”.

El juez que ha archivado la causa desmonta tal argumento al sostener que “no existen indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado “. La resolución no es firme y los abogados que ejercen la acusación han anunciado que van a presentar recurso porque “todavía quedan por llevar a cabo diligencias solicitadas como son las transcripciones de las conversaciones de Oltra mantenidas con sus colaboradores”. Lo que parece claro, a estas alturas, es que los funcionarios no intervinieron, ni a favor ni en contra del educador salvo para apartarlo de su cometido una vez fue denunciado tal y como se suele hacer en este tipo de casos.

Por lo tanto, habrá que esperar a conocer la decisión de los superiores del titular del juzgado número 15 de València. Pero si al final la resolución firme da la razón al juez, surgirá otra interrogante. La misma que hacía el compañero de Oltra en Compromís, el diputado Joan Baldoví. “¿Y ahora quien paga el sufrimiento?”.  ¿Quién devuelve la reputación a una política que siempre fue bien considerada por la izquierda en general y que tuvo el coraje de dimitir cuando resultó ser imputada? Un gesto, por otra parte, inusual en este país

Y lo que no es de recibo es lo que ha dicho el actual presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, quien implícitamente exige a Oltra que “pida perdón a la víctima”. ¿Por qué? ¿Por ser la exmujer del abusador? Por esa regla de tres, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso debería pedir perdón por los fraudes a la hacienda pública cometidos por su pareja. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque se puede acabar por volver en contra de uno.