¿Y qué demonios hacemos con Puigdemont?

Los presos del procés ya están en la calle, pero ¿qué pasa con los que decidieron irse al exilio, sobre todo con Carles Puigdemont, el gran maquinista del camino hacia la independencia? El dirigente político se ha convertido en un problema, una patata caliente tanto para el bloque españolista como el soberanista de cara a la mesa de negociación que parece inminente. Para el Gobierno de Madrid, Puigdemont es un escollo peligroso, no solo porque sigue actuando por su cuenta y riesgo, como un verso libre y sin contar con nadie. Para Junqueras y los suyos, tampoco es un elemento cómodo, ya que cada acuerdo que se adopte tendrá que ser validado y refrendado por Waterloo, lo cual quiere decir que si Puigdemont no está de acuerdo con los pactos que se vayan suscribiendo miles de catalanes pueden volver a la calle a reclamar la independencia.

El honorable, que huyó a Bélgica en el año 2017 y tiene cuentas pendientes con la Justicia española, ha pasado a ser un incordio para todos. Desde el punto de vista de Moncloa, lo ideal sería que terminara entre rejas y cuanto antes tras la pertinente orden de extradición. Caso cerrado. Así quedaría evidenciado el papel de defensor de la legalidad del Ejecutivo frente a la derecha, que acusa a Sánchez de haberse arrodillado ante los independentistas. Por otro lado, para el gabinete de Pere Aragonés un Puigdemont encarcelado y convertido en mártir tras la aplicación de los indultos sería poco menos que el final de la mesa de negociación. Ni Junqueras ni ningún otro negociador estaría dispuesto a quedar como botifler, una acusación que se le colgaría de inmediato a todo aquel que se sentara a negociar con el Gobierno español mientras el president termina con sus huesos a la sombra.

Por tanto, la pregunta que se plantean unos y otros es: ¿qué demonios hacemos con Carles Puigdemont? De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desligado los indultos del caso del expresident, pero el hipotético regreso a España del líder soberanista ya provocó hace unos días un choque dentro del Ejecutivo de coalición mientras que también levanta algunas suspicacias entre los partidos de la oposición, según informa TVE.

¿Cambia la medida de gracia, de algún modo, el escenario para Puigdemont? ¿Qué condiciones tendrían que darse para que los independentistas que permanecen huidos volvieran a nuestro país sin ser detenidos? Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM, explica que, dado que es “imposible” aplicar un indulto a una persona que no ha sido juzgada, la única circunstancia que cambiaría el horizonte de Puigdemont hasta el punto de que pudiera entrar en España libremente es una reforma del Código Penal, y esto no implica necesariamente que le beneficiara hasta el punto de ser exonerado.

“Solo es posible si hay una reforma del Código Penal que sea tan favorable que le exonere, que quede exceptuado de responsabilidad penal porque haya cambiado tanto el nuevo delito de sedición y tuviera una pena muy rebajada. Si eso ocurriera podría llevar a considerar al tribunal español que ya no cabe la persecución, pero habría que ver cómo se reforma el delito. Tendría que ocurrir que no encajaran los hechos antiguos con la tipificación nueva”, explica la catedrática.

El Ejecutivo central sigue estudiando la próxima tramitación de la reforma del delito de sedición para rebajar las penas y, según la experta, esto sí que podría tener implicaciones directas en el futuro judicial de Puigdemont y del resto de dirigentes que permanecen huidos (Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Lluís Puig y Anna Gabriel). Sin embargo, de momento se desconoce en qué se traduciría la modificación. Podrían cambiar tanto los hechos que darían lugar a la sedición como las penas atribuibles.

Desde el ala socialista del Gobierno de coalición han descartado en repetidas ocasiones que los indultos puedan debilitar la orden europea de detención del expresidente de la Generalitat, como teme el PP. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha rechazado que exista un horizonte de clemencia para Puigdemont y asegura que no puede ser indultado porque no rindió cuentas ante la justicia española, “y esa es una diferencia muy importante”.

Puigdemont, el problema

En línea con sus declaraciones, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recalcó recientemente que la cooperación internacional funciona satisfactoriamente mientras que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, subrayó la obligación de que Puigdemont sea puesto a disposición de la Justicia, como ocurrió con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los otros 11 juzgados. Mientras nueve de ellos llevan tres años y medio en prisión, el expresident (JuntsxCat) continúa en una casa alquilada en Waterloo, en los alrededores de Bruselas, y, en caso de entrar en España, sería detenido por las autoridades inmediatamente.

Esto último parece tenerlo claro el propio Puigdemont, a tenor de lo que respondió a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras su encuentro con Pere Aragonès la pasada semana: “Es evidente que los indultos solo afectarían a nuestros compañeros que están injustamente encarcelados. Nuestro retorno a Cataluña es un retorno como personas libres y esta libertad hasta ahora nos la hemos ganado no con el Estado español, nos la hemos ganado en frente del Estado español, en los tribunales europeos”, alegó antes de condicionar su regreso a que el Gobierno respete su “inmunidad”.

El pasado mes de marzo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó retirar la inmunidad de los eurodiputados Puigdemont, Comín (también huido a Bélgica) y Ponsatí (huyó a Escocia), tal y como solicitó la Justicia española a principios de 2020. La decisión reabrió la opción de reactivar la euroorden dictada por el Tribunal Supremo para que pudieran ser juzgados en España por su papel en el procés, aunque la pérdida de inmunidad no suponía la de su condición de eurodiputados ni tampoco que pudieran ser extraditados automáticamente.

La postura de los socialistas respecto a la posible vuelta de Puigdemont no parece la misma que defienden desde Unidas Podemos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, consideró que Puigdemont debía regresar a España sin ser detenido, unas palabras sobre las que expresaron su discrepancia ministros socialistas como José Luis Ábalos o María Jesús Montero. “Dije una cosa que es evidente y que es lo mismo que llevamos diciendo mucho tiempo, que nuestro país no puede seguir caminando por la vía de la judicialización para que la mesa de diálogo fructifique y España y Cataluña se puedan volver a mirar”, aclaró Belarra.

Con ella también marcó distancia el líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, que considera que el expresidente catalán huido debe ser detenido si regresa a España, como “prevé la legislación”, porque cualquier medida sobre los encausados “tiene que estar en el marco del Estado de derecho”.

Dentro de ese marco ya se produjo el regreso a España de la exconsellera Meritxell Serret, quien se entregó ante el Supremo y quedó en libertad, procesada por los delitos de desobediencia y malversación, pero no por sedición.

El propio presidente del Gobierno ha defendido esta reforma del delito de sedición, afirmando que el actual tipo penal que existe en España difiere al vigente en otras democracias consolidadas. “Todo lo ocurrido, más algunos pronunciamientos en Europa, nos obligan a planteárnoslo, pero no al hilo de una situación coyuntural”, añadió.