El asunto de Cristina Cifuentes tiene vida propia y terminará devorando a su protagonista, víctima del fuego amigo, o enemigo. Cristina caerá y ella lo sabe. Pero, dicho esto, el verdadero problema son las cargas de profundidad que el dragaminas de la derecha mediática ha ido sembrando en el mar universitario madrileño, a cuenta del máster famoso.
Yo estudié en la Escuela de Magisterio Pablo Montesinos, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid y más tarde, ya trabajando como profesor, a fuerza de tiempo arrancado a las noches y a los periodos vacacionales, me licencié en Geografía e Historia en la UNED. Ni más ni menos que lo que hicieron muchas compañeras y compañeros míos y lo que hoy hacen millones de jóvenes en España. Me siento orgulloso de haber recorrido ese camino y no envidio a nadie que escogiera otro más fácil.
Por eso, creo que es forzoso reconocer que el asunto de los másteres regalados tiene mucho que ver con el privilegio ilegítimo del que han disfrutado algunas personas, pero no con la calidad de esos estudios. El máster que “cursaron” Cristina, o Pablo Casado, es un máster con más de 60 créditos, cuyo precio, además, en cualquier universidad privada, es el triple del que paga el alumnado en la pública.
Si ellos quisieron tener ese título será, sin duda, porque les añadía un plus reconocido de calidad y cualificación, al tratarse de un máster que incorpora en su programa elementos esenciales en la Administración Pública y Autonómica. Vaya, que así, de entrada, el máster en cuestión tiene toda la pinta de ser un título de calidad y a precio razonable, comparado con lo que se vende por ahí.
Entiendo perfectamente que, en un escenario educativo madrileño, plagado de universidades privadas, gracias al aliento y la permisividad de Aguirre y sus alumnos privatizadores aventajados, viene muy bien cargarse la imagen de competencia y rigor académico de las universidades públicas y seguir cobrando precios de usura en titulaciones y másteres privados. Es la diferencia entre cursar un máster y comprar un máster.
No sé si en el seno del Instituto de Derecho Público, alguien ha regalado másteres a personajes selectos. Parece que así ha sido y los beneficiarios y los facilitadores, deberán asumir sus responsabilidades personales y legales. Pero, en contrapartida, sí he tenido la ocasión de colaborar con Laura Nuño, directora, en ese Instituto Universitario, de la Cátedra de Género y del Observatorio de Igualdad. Con ella, la Fundación de Formación y Empleo Miguel Escalera, que presidí durante cuatro años, había organizado un Máster en Género y Políticas de Igualdad y otro de Liderazgo, Comunicación y Dirección de Organizaciones.
Unos estudios que han sido cursados por muchas mujeres y unos pocos hombres, sindicalistas o no, convencidos de que la igualdad es la base de la política y el desarrollo en una sociedad moderna. Personas preocupadas por promover un liderazgo democrático que ponga el acento en la cooperación y la igualdad y no en la reproducción del autoritarismo como fórmula de dirección de todo tipo de organizaciones económicas, sociales, o políticas.
Nunca estos máster supusieron negocio, ni para la universidad, ni para la Fundación Miguel Escalera. No se hacían para eso. El coste era un 10 por ciento de cualquiera de esos másteres privados que te clavan 12.000 euros por la misma cantidad de horas (unos 60-70 créditos ECTS), como los llaman ahora.
Creo que no es buen sistema poner en cuestión todo, para terminar tapando responsabilidades personales y colectivas concretas. Cristina Cifuentes deberá dimitir, o ser cesada. Es lo que hace cualquier cargo público por Europa, cuando le pillan en una de éstas. Y quienes hayan puesto en bandeja un título a su libre disposición, deberán también asumir sus responsabilidades profesionales y legales, si las hubiera.
Además, creo que el Ministro de Educación y los responsables autonómicos del asunto universitario (que permanecen calladitos como para pasar desapercibidos) tienen que hacerse mirar esa condena a la que han conducido a las Universidades Públicas, a base de aprobar Grados de tres y cuatro años, a la carta y Másteres forzados de pago, utilizados en exceso para captar recursos externos, con la disculpa de adaptarse a la normativa europea de Bolonia. Si a eso le sumamos los recortes presupuestarios que estrangulan la docencia y la investigación en las universidades, el panorama resultante es muy preocupante.
El polémico máster de Cifuentes debe servir para establecer evaluaciones de calidad de los cursos y de la gestión de los recursos universitarios (y no me refiero a los ineficaces e ineficientes Tribunales de Cuentas). De otra parte, debería servir para reforzar la autonomía y la participación de la comunidad educativa y de la sociedad, en las universidades.
No olvidemos que el caso Cifuentes, lejos de tener su origen en el exceso de autonomía, procede de los abusos despóticos provocados por la evidente dependencia de algunos espacios universitarios, con respecto al poder político de turno.
