El Gobierno de coalición quiere acabar con el lawfare o guerra judicial que vienen practicando, sistemáticamente y a calzón quitado, las derechas españolas. El dúo dinámico Casado/Abascal ha judicializado la política hasta tal punto que dentro de nada habrá que cerrar el Congreso de los Diputados por inservible e innecesario y trasladar la sede de la soberanía nacional al Tribunal Supremo, que es donde se resuelven a fin y al cabo los principales asuntos de Estado. Últimamente, Partido Popular y Vox todo lo llevan a los tribunales, todo lo recurren, lo apelan y lo impugnan, y el día menos pensado le meten una querella criminal a Pablo Iglesias por llevar descuidado el moño.
El lawfare es consecuencia de la ola de trumpismo que nos invade. Las técnicas yanquis de bloqueo institucional, deslegitimación del rival y filibusterismo permanente se exportan a todo el mundo como las hamburguesas del señor McDonald (de la comida basura hemos pasado a la política basura) y en los últimos tiempos hemos asistido a espectáculos difícilmente digeribles para una democracia seria y consolidada como tener que ver a unos abogados inquisidores de Vox aplicando el tercer grado a los presos del procésen pleno juicio y administrándoles el ricino españolista para sacarles el demonio indepe del cuerpo y obligarles a retractarse de la rebelión. La situación de degradación para nuestro Poder Judicial era por tanto insostenible y, tal como era de esperar, Pedro Sánchez ha dicho aquí hemos llegado.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que promueve el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, trata de acabar con este hecho diferencial negativo que nos pone en evidencia ante las instituciones europeas, esas mismas que cada poco nos da un tirón de orejas por la baja calidad de nuestra Administración de Justicia. “Uno de los objetivos [de la reforma] es la imposibilidad de que partidos políticos y sindicatos puedan ejercer la acción penal. Esa es la opción que se pone sobre la mesa”, ha asegurado el titular de la cartera, que además ha añadido que “esta ley nos armoniza con Europa”, no solo en lo que tiene que ver con la separación de poderes y la necesaria prohibición de la judicialización de la política, sino en la nueva regulación del Ministerio Fiscal para dotarlo de mayores competencias en la instrucción de los casos penales. “Esta ley nos armoniza con Europa”, ha zanjado Campo, que no deja de tener sus razones, ya que la Lecrim española es un residuo decimonónico que precisaba con urgencia una adaptación a los nuevos tiempos.
La nueva ley limitará la acción popular excluyendo de los sumarios “a las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos”. De esta forma, a partir de ahora será prácticamente imposible que las derechas coloquen a sus peones en un procedimiento judicial en marcha como el que, por ejemplo, se impulsó hace unos meses contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a cuenta de su reunión con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en una escala intempestiva que la lugarteniente de Nicolás Maduro hizo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Aquello fue una caza de brujas en toda regla que no tuvo otra finalidad que forzar la fotografía de Ábalos entrando en la Audiencia Nacional (a ser posible esposado), ir desgastando a Sánchez hasta su derrocamiento definitivo y lograr un puñado de votillos más de cara a las próximas elecciones. La propia Justicia está cerrando todo lo que tiene que ver con este asunto al considerar que no hubo nada delictivo en aquella entrevista entre ambos mandatarios, de modo que ha quedado acreditado el montaje. Prueba de ello es que, hasta donde se sabe, el PP aún no ha consignado la fianza judicial como requisito previo para personarse como acusación particular en el procedimiento, lo cual demuestra dos cosas: una que Casado no tenía demasiada confianza en que su operación de propaganda prosperara; y dos que en Génova 13 −desde que se desmantelaron las tramas corruptas Gürtel, Púnica, Lezo y otras− están caninos. Vamos, que en la caja de Bárcenas, antaño rebosante de dinero, ahora no hay ni para pleitos ni para pipas.
En cualquier caso, la reforma Campo se antoja necesaria. “Se considera que los partidos políticos y los sindicatos, por su peculiar inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública y por el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político, deben estar también excluidos del ejercicio de esta acción”, mantiene el departamento dirigido por el ministro socialista. Sin duda, este nuevo impulso a la modernización será un más que bienvenido chapa y pintura para nuestra siempre obsoleta y decimonónica Administración de Justicia cinco años después de la última “gran reforma” que fue impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón (aunque aprobada por su sucesor Rafael Catalá, de infausto recuerdo en el mundo judicial). De aquella modificación nos quedó una medida tan infame y nociva para la democracia como la limitación de los plazos de investigación en casos de corrupción. Recuérdese que en noviembre de 2015 más de 850 fiscales de las tres principales asociaciones firmaron un documento en el que rechazaron de plano la decisión del ministro Catalá de acortar el tiempo para las instrucciones penales, ya que aquello beneficiaba a los corruptos, creaba “espacios de impunidad” y permitían que los casos terminaran archivándose. Un ejemplo perfecto de que cuando el PP está en el poder los sinvergüenzas lo tienen mucho más fácil para hacer de las suyas.
