La situación de los juzgados en España es tan alarmante que sólo para resolver un litigio de carácter laboral se necesita un año. El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha pedido la urgente creación de 32 nuevos juzgados de lo Social en Andalucía, Catalunya, Madrid y Comunidad Valenciana. El problema es que no hay dinero. Comunidades, como las que presiden Díaz Ayuso y Moreno Bonilla, prefieren rebajar impuestos antes que dotar de medios a estos servicios públicos.
El Consejo General del Poder Judicial ha detectado que los actos de conciliación y juicios del ámbito laboral y social se señalan con una demora de un año. Hay juzgados de lo Social de Almería y Sevilla que han señalado juicios para diciembre de 2026. Una circunstancia que ha hecho saltar todas las alarmas. En Andalucía se necesitan 3 nuevos juzgados en Almería, 1 en Cádiz, 1 en Jerez de la Frontera, 2 en Málaga, y 5 en Sevilla. En Barcelona se requiere urgentemente 1 juzgado. 4 en la Comunidad Valenciana repartidos, a partes iguales, entre Alicante y Elche, y en Madrid nada más y nada menos que 15. El servicio de Inspección del CGPJ ha enviado un exhaustivo informe a los tribunales superiores de justicia de las zonas afectadas, al ministerio de Justicia y a los gobiernos de las comunidades autónomas. Mientras se habilitan las dotaciones correspondientes para paliar esta situación, se ha pedido “promover la adopción de medidas de refuerzo en tanto se produzca el aumento de la planta judicial”
Y eso en lo que respecta al ámbito social. Se desconoce, porque todavía el CGPJ no ha facilitado datos al respecto, la situación en los ámbitos civil, mercantil, contencioso administrativo, y penal. Pero la cosa no está. Y si analizamos las instancias superiores la situación roza el dramatismo.
Once comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia judicial: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Galicia, Navarra, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Aparte, en dos de ellas, dependientes del ministerio de justicia del gobierno central, Castilla y León y Castilla La Mancha, sus tribunales superiores trabajan sin presidentes al haber causado baja sus titulares.
En total, hay 31 vacantes en los tribunales superiores de justicia territoriales. En las audiencias provinciales, el número de vacantes son 20. Y a todos ellos hay que añadir la de la presidencia de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En el Tribunal Supremo hay que cubrir 18 vacantes. 8 de ellas en la sala de lo Contencioso Administrativo. En dicha sala se van a producir dos vacantes más por jubilación de sus magistrados en este mes de diciembre. Y sólo se ha amortizado una con la incorporación de Carlos Lemes el dimitido presidente del Consejo General del Poder judicial.
La sala de lo Social debería contar con 13 magistrados y sólo tiene 8. La sala de lo militar consta de 8 titulares y sólo tiene 6 en activo. Encima con la salvedad de que, si en este mes no se cubren las dos vacantes, quedará inoperante porque no se podrá constituir el pleno para resolver.
Sólo las salas de lo Civil y Penal parecen salvarse de este deterioro. En la primera sólo falta un magistrado, mientras que la segunda está al completo, aunque se da la circunstancia de que un magistrado se jubilará en abril del año próximo y alguno más puede acabar en el Tribunal Constitucional si se cumplen las previsiones y el día 22 el CGPJ designa a sus representantes. Uno de los candidatos del sector conservador es Pablo Llarena que dejaría una vacante más
Mientras que la precariedad en los juzgados de primera instancia e instrucción se debe a que las autoridades competentes, comunidades autónomas y administración central, no les están dotando de medios suficientes, las instancias judiciales superiores, desde las audiencias provinciales pasando por los tribunales superiores de justicia hasta la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo el problema reside en que el Gobierno decidió, en marzo pasado, promulgar un decreto por el cual el CGPJ, en funciones, no puede designar sus miembros tal y como establece la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces. Lógicamente, los magistrados causan baja, bien por jubilación, excedencia e, incluso, por fallecimiento y no se puede poner en marcha el mecanismo de designación de sus sucesores.
Esa es una de las principales consecuencias de la crisis institucional en que vive la justicia en España debido, sobre todo, al bloqueo, ilegal y anticonstitucional, que lleva a cabo la derecha en este país. Y sólo con una idea: que el Gobierno no controle los mecanismos judiciales que le corresponde por tener la mayoría social. Aunque en precario, los conservadores siguen ostentando la mayoría en los órganos de gobierno judiciales, CGPJ, y en las instancias superiores, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Les sigue interesando mantener esta situación a pesar de que los jueces les presionan para acabar con este estado de cosas que les perjudica a ellos y a la ciudadanía en general.
Pero eso poco le importa a la derecha.
