Hasta ahora, el nuevo Tribunal Constitucional había logrado, en muy pocos meses, recuperar el prestigio perdido tras la vergonzosa decisión del anterior presidente, Pedro González-Trevijano, y de la mayoría conservadora, de interferir en las votaciones que se estaban llevando a cabo en el Congreso y el Senado sobre la modificación de la fórmula de renovación de la Corte de Garantías. Se habían sacado adelante sentencias de asuntos, como el de la ley de plazos del aborto, que llevaba 13 años esperando, o la ley de educación conocida como ley Celaá, y la ley de eutanasia.
Pero, ahora, una decisión emborrona esta impecable actuación. Los magistrados han decidido aplazar la admisión a trámite de los recursos de amparo presentados por José Antonio Griñán, Manuel Chaves, y otros dos condenados por el caso ERES de Andalucía. Aunque oficialmente no se ha dicho nada, en fuentes de la propia institución se dice que “no es momento para tomar una decisión sobre un asunto político como es éste, en vísperas de unas elecciones”.
Eso sí, el Constitucional, “en vísperas electorales” sí ha admitido a trámite recursos presentados por la derecha. El 9 de mayo el de Vox contra la ley Trans, y el mismo día, el del PP contra la reforma del delito de sedición. Por supuesto dos asuntos “de marcado cariz político”. No hace falta ser muy avispados para darse cuenta de las consecuencias que tendrá, sobre todo, la futura sentencia sobre la reforma del delito de sedición que, en la hipótesis de que fuese declarada inconstitucional, repercutiría sobre las condenas de los independentistas catalanes.
Por esa razón no se entienden las razones esgrimidas por las fuentes de la institución sobre la idoneidad del momento. Y, además, tampoco cuando de lo que se trata es de una mera admisión a trámite que no significa el pronunciamiento en ninguno de los sentidos.
Todo parece indicar que han tenido que ver, y mucho, las maniobras llevadas a cabo por los miembros del tribunal pertenecientes al bloque conservador. Esa admisión a trámite debía ser estudiada el día 22 por la sala segunda compuesta por tres magistrados y cuya presidenta es la progresista Inmaculada Montalbán. Pero la insistencia de algún miembro del “grupo conservador” ha provocado que este asunto vaya a ser estudiado por el tribunal en pleno, algo inusual en las admisiones a trámite.
En círculos próximos al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se señala que ha sido éste el que ha tomado la decisión. No es que haya sido presionado por los conservadores como apuntan algunas fuentes, sino porque ha recibido órdenes directas de Moncloa de no adoptar ninguna resolución sobre este tema hasta que pasen los comicios del 28 de mayo. Conde-Pumpido es consciente del daño reputacional que va a tener este aplazamiento. Pero, a su entender, el asunto de las condenas de los expresidentes y exconsejeros de la Junta de Andalucía tiene mas repercusiones políticas que los de la ley trans y la reforma del delito de sedición. Un extremo con el que no todos los juristas consultados están de acuerdo.
Hay que tener en cuenta que las resoluciones del Tribunal Constitucional no están sujetas a ningún plazo. Y si no que se lo digan a la ley del aborto de Rodríguez Zapatero, esperando una resolución que tardó 13 años en producirse.
Pero el asunto es lo suficientemente grave como para que comiencen a tramitarse los recursos de amparo presentados. Sobre todo, en lo que se refiere a las condenas de Griñán y Chaves. El primero está pendiente de ingreso en prisión y si no lo ha hecho es porque su cáncer de próstata reviste tal gravedad que, aunque se pongan todos los medios sanitarios al alcance del Centro Penitenciario de Sevilla donde se le piensa internar, no se le puede someter a un régimen carcelario normal. José Antonio Griñán ha empeorado, según se ha podido saber. Y por esa razón, la Audiencia de Sevilla está dilatando los plazos de ejecución de su condena con la oposición de fiscalía y las partes acusadoras que consideran que el centro penitenciario tiene los medios suficientes para tratar al expresidente de la Junta de Andalucía de su grave dolencia.
El caso de Manuel Chaves, por su parte, no requiere de tanta urgencia porque no está amenazado de ingreso en prisión. Su condena es de inhabilitación para ejercer cargo público. Y Chaves está retirado, desde hace tiempo, de toda actividad tanto pública como privada.
El TC tiene que estudiar, también, los recursos de amparo presentados por los exconsejeros Magdalena Álvarez y Antonio Fernández. Como ya se ha dicho, estos cuatro recursos deberían ser resueltos por la Sala Segunda que preside la progresista Inmaculada Montalbán, vicepresidente de la Corte. En fuentes jurídicas se ha destacado que ya el Tribunal Supremo se vio obligado a aplazar las sentencias sobre este asunto para que no coincidiesen con las elecciones a la Junta de Andalucía del 19 de junio, y que la propia jueza Mercedes Alaya, la instructora de la causa, ha tenido que aplazar un juicio sobre el uso de fondos públicos en prostíbulos por parte de altos cargos de la Junta en la etapa socialista.
Se dice que “como son asuntos en los que tienen mucho que ver los socialistas” no se quiere interferir en las decisiones de los votantes el 28 de mayo. Un extremo que cae por su propio peso. El Supremo no es precisamente una instancia judicial proclive a tomar decisiones teniendo en cuenta las posibles implicaciones políticas. Y tampoco la jueza Alaya es que sea muy proclive a hacer favores al Partido Socialista. Se vio durante la instrucción del caso de los ERES.
Estoy de acuerdo en lo básico salvo en eso de que el TC hubiese recuperado el prestigio perdido tras su renovación. Yo creo que su presidente prevaricó para que el aborto fuera declarado constitucional. Había 4 jueces que deberían haberse abstenido porque estaban contaminados y Conde Pumpido no lo permitió.
El TC está como contrapoder, para evitar que los políticos abusen de su poder. Si ahora resulta que sus decisiones son en realidad las que convienen a los políticos, pues entonces ¿para que sirve el TC? Si no es un contrapoder, que jubilen a sus jueces.
Otra cosa que quiero comentar es un cosa que he leído acerca de Ayuso. Ha dicho que cree que el aborto es un asesinato, eso piensa ella, pero al mismo tiempo dice que está a favor del aborto. Dijo que «No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado»
Eso es algo que me ha dado que pensar. Creo que viene a decir que si alguien desea vivir sin un hijo, y se queda embarazada, tiene derecho a matar a su hijo aunque eso sea un asesinato. Yo creo que eso es peor que estar convencido de que abortar no es un asesinato y defender el aborto.
¿Como puede ser que si yo deseo asesinar para «no complicarme la vida», eso esté bien? Si mi anciano padre me complica la vida, ¿tengo derecho a asesinarle?
La ley está hecha para regular las relaciones entre los ciudadanos, creyentes diversos, ateos, agnósticos, etc… No está obligada a ninguna directriz moral de cualquier secta religiosa, sea ésta más o menos numerosa.
Podría Ud decir más bien que cuando los votantes desprecian la vida de algunos seres humanos, la ley debería reflejarlo, sobre todo cuando los «despreciables» no pueden votar. Es que algo parecido podrían haber dicho los esclavistas de siglos pasados con el tema de la esclavitud. O el apartheid sudafricano.
Y por cierto, históricamente la primera que se opuso a la esclavitud fue la Iglesia Católica durante la Edad Media. El problema es que no muchos la hicieron caso y ya en la Edad Moderna se tuvo que conformar con impulsar leyes que hicieran menos terrible la esclavitud. Algo así como pasa hoy día con el aborto.
Siglos más tarde fueron otras iglesias cristianas las que se pusieron en vanguardia del abolicionismo, y supongo que se las podría haber llamado sectas religiosas más o menos numerosas. Ahora todo el mundo está en contra de la esclavitud, pero eso no quita que fueron las iglesias cristianas las primeras abolicionistas.