Según la información publicada por la organización Amnistía Internacional, una ley de 2017 supuestamente diseñada para proteger a las víctimas de la trata de personas y a las trabajadoras sexuales de la explotación estaría facilitando, sin embargo, la selección y el abuso de las trabajadoras sexuales. El Estado no las protege de la violencia, ha denunciado Amnistía Internacional en un informe publicado en el día de ayer.
El informe «vivimos dentro de un sistema violento: violencia estructural contra las trabajadoras sexuales en irlanda» revela cómo la criminalización de aspectos del trabajo sexual está obligando a las trabajadoras sexuales a correr más riesgos mientras evitan a la policía, poniendo en peligro sus vidas y su seguridad.
Un planteamiento que precisamente refuerza la línea defendida por algunos sectores que siempre han defendido la regulación de la prostitución precisamente para garantizar la protección de las personas vulnerables, que son las trabajadoras sexuales.
«Las leyes destinadas a proteger a las trabajadoras sexuales las expone a un mayor riesgo de abuso y violencia, incluídas las violaciones y agresiones físicas. Esto es lo que nos dicen las trabajadoras sexuales sobre el impacto real de la ley de 2017, y el gobierno irlandés debe comenzar ya a escucharlas», señala Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Irlanda.
«Nuestra investigación muestra claramente que penalizar la compra de sexo obliga a las trabajadoras sexuales a asumir más riesgos, mientras que penalizar el mantenimiento de burdeles impide que las trabajadoras sexualen trabajen juntas para garantizar su propia seguridad», ha señalado.
La mayoría de las trabajadoras sexuales entrevistadas para realizar el informe quieren que el trabajo sexual se despenalice por completo en Irlanda, incluida la compra de servicios sexuales. Señalaron que compartir las instalaciones con otras trabajadoras sexuales ayuda a aumentar su seguridad y limita el riesgo potencial de violencia.
La investigación presentada muestra cómo la falta de confianza en la policía y el estigma social reforzado por esta ley penal son unas de las preocupaciones clave para las trabajadoras sexuales. La gran mayoría de las trabajadoras sexuales entrevistadas, señala Amnistía Internacional, informaron haber experimentado violencia mientras realizaban su trabajo. Sin embargo, han denunciado también tener miedo de la policía.
Por todos estos motivos, el gobierno irlandés está llevando a cabo una revisión de la Ley de derecho penal por delitos sexuales del año 2017, y esta vez las trabajadoras sexuales exigen ser escuchadas para que su punto de vista sea tenido en cuenta.
Desde el año 2017, con esta ley, se tipifica como delito la compra de servicios sexuales.
En España en este momento está penada la explotación sexual: obtener beneficio económico obligando a que otra persona se prostituya. Sin embargo, el ejercicio de la prostitución por el momento es libre, aunque se está pensando en ilegalizarlo.
