Ayuso, la Pandemia y las residencias (l)

Un nuevo estudio demuestra que las muertes en el interior de hospitales fueron inferiores que, en el interior de las residencias, situación inédita en comparación con el resto de comunidades autónomas.

Durante los meses más duros de la pandemia perecieron 9.468 ancianos y ancianas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. El 77% de ellos, esto es 7.291, murieron sin ser trasladados a un hospital a causa de los protocolosde exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Estos protocolos condicionaban los traslados hospitalarios en función de las características físicas y cognitivas de los residentes, esto es, a un mayor grado de dependencia, menor probabilidad de que los pacientes graves fueran traslados al hospital.

En la Comunidad de Madrid se aplicó el protocolo de exclusión de atención hospitalaria del Gobierno de Madrid a la población adulta mayor con discapacidad moderada y severa que vivía en las residencias de personas mayores. Había alternativas ya que se disponía de camas en los hospitales privados y en el hospital de campaña en IFEMA, concluyen los investigadores.

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Los protocolos de triaje deben apuntar a salvar el máximo número de vidas, ser elaborados por comités que incluyan expertos en ética y usarse solo si no hay alternativas. No se deben utilizar exclusiones categóricas como el lugar de residencia, la discapacidad o la edad.

Un tribunal ciudadano examinará las muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia. Esta iniciativa de la sociedad civil aspira a buscar la verdad para las familias y las víctimas de la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la covid.

El pasado mes de abril, se constituyó una comisión ciudadana para investigar las muertes de los 7.291 mayores, que perdieron la vida en los centros donde vivían sin recibir atención sanitaria, durante la primera ola de la covid. A petición de familiares de personas fallecidas, agrupados en las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, dicho tribunal aspira a esclarecer la verdad de lo ocurrido.

La comisión está dirigida e integrada por personas de reconocido prestigio profesional como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, o María Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California. 

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Entre marzo y abril de 2020, murieron 9.468 residentes madrileños (el 18% del total) y, de ellos, 7.291 (el 77%) lo hicieron sin recibir ninguna atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo el país, durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que esta Comunidad contaba con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España).

Tal y como ha reconocido el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, las derivaciones a los hospitales se desplomaron a partir del 6 de marzo.

Los protocolos emitidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impidieron el traslado de pacientes que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, salvo que la persona tuviese un seguro privado. Es decir, de la gran mayoría de los ancianos que en aquel momento residían en los centros de mayores. Tampoco se medicalizaron las residencias.

Asociaciones de familiares, trabajadores y gente de a pie recriminan que las decisiones de las autoridades vulneraron el derecho de las personas residentes a la vida privada y a una muerte digna. Lamentan el abandono que sufrieron los mayores y exigen la verdad y reparación.

¿Qué piensan ustedes amables lectores? ¿Quedaran impunes los responsables de haber abandonados a su suerte a miles de ciudadanos, sin tan siquiera haber intentado salvarles la vida?