“Trabajadores ultra precarios llevando la comida a población en exclusión social. Les está quedando un Madrid precioso señorías”, es la frase que lo resume todo del diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, cuando le ha preguntado a la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, si se estaba cerrando un acuerdo con la empresa de reparto Glovo, multi sancionada por no cumplir con las normas laborales en nuestro país y que acumula multas millonarias, para que reparta comida a familias vulnerables.
Entre Madrid o las multinacionales, Ayuso siempre elige las multinacionales
La Comunidad de Madrid había señalo en una nota, el pasado 19 de enero, que estaba negociando un acuerdo con la compañía. Glovo fue sancionada la semana pasada con otros 56,7 millones, por emplear falsos autónomos e inmigrantes sin permiso.
La empresa de reparto acumula sanciones por 205,3 millones de euros y Trabajo estudia acudir a la vía penal por el abuso de falsos autónomos.
Las sospechas del contrato con Glovo
Llanos Castellanos número dos de la candidatura del PSOE de Madrid, ha rechazo el convenio de la Comunidad de Madrid con la empresa de repartidores Glovo. “Resulta que lo primero que responde la consejera es que la utilización de la fórmula de convenio es por ser de carácter gratuito”.
Desde el PSOE de Madrid, “tenemos nuestras sospechas. Utilizan la fórmula del convenio porque no pueden contratar a través de la Ley de Contratos del Sector Público, que impide a una administración pública contratar con gente que tiene sanciones firmes. Glovo, además, acumula más de 200 millones de euros en multas por tratar mal e incumplir la normativa laboral”.
“Nos da mucha pena, que habiendo tantos empresarios serios, tanta gente con negocios que podía estar accediendo a contratar con la administración de la Comunidad de Madrid, se haya elegido a una multinacional, que sí se caracteriza por algo, es por maltratar a sus trabajadores”.
Alejandra Jacinto: Un contrato incidente
Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos a las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, ha rechazado también el indecente contrato: “Ayer mismo ya registramos preguntas parlamentarias y hoy llamamos a comparecer a la Consejera, Concepción Dancausa, y al director general de Glovo. Es indecente que Ayuso externalice las políticas sociales a multinacionales multada”.
Falsos autónomos en Glovo
Sobre estos trabajadores, reclama a la multinacional las cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social que Glovo debería haber abonado por sus repartidores si los hubiera tenido contratados. En total, el acta de liquidación suma 19 millones de euros.
Además, se ha sancionado a la empresa por “el trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo”. La medida afecta a 813 personas y el importe de la sanción alcanza los 5,2 millones de euros.
Repartidores inmigrantes sin permiso de trabajo
Multas y liquidaciones para Glovo por un total de 56,7 millones de euros en esta actuación en la capital, que se suman a una larga lista de infracciones laborales en la corta historia de la multinacional en España.
Precarios entregando la comida a los pobres
En el pleno de este jueves, la consejera señaló que Glovo España “va a facilitar la entrega de comida a domicilio a aquellas personas que no pueden acudir por razones de salud o por razones de movilidad reducida a recogerla a los comedores sociales”. “No tiene «una contraprestación económica porque no es un contrato”.
Dancausa falsea la realidad de Glovo
Dancausa ha contado que “fue un ofrecimiento de Glovo, que va a poner su tecnología para llevar las cestas de alimentos y que «todas las sanciones fueron anteriores a la Ley Rider”.
La realidad en Glovo
En España, la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa a la empresa de envió pedidos a través de repartidores por incumplir la “ley rider”. Más de 10.600 de estos trabajadores están considerados como falsos autónomos. Trabajan para la empresa, pero ésta no los tiene en plantilla, sino que se tenían que pagar sus propias cotizaciones a la Seguridad Social. Las multas se han impuesto en Barcelona y en Valencia. Glovo ha tenido además que regularizar la situación de estos repartidores o riders.
Emilio Delgado criticó duramente a la consejera de Ayuso, que “se haya elegido a esta empresa como la idónea, cuando Glovo es una empresa que ha levantado su fortuna, literalmente, aplastando los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras con prácticas más que cuestionables”.
El diputado hizo un resumen de las sanciones a Glovo, que suman más de 200 millones en multas, por tener a trabajadores sin contrato, los llamados “falsos autónomos”. “Es una empresa que tiene 174 causas judiciales, 54 actas levantadas por la Inspección de Trabajo y 28 inspecciones abiertas ahora mismo en España. Una empresa que acaba de anunciar el despido de más de 200 trabajadores. Una empresa que está siendo investigada por la Comisión Europea por actuar como un cartel. Es una empresa que es un peligro público. Es una muestra del capitalismo más descarnado que se desentiende de los derechos laborales y de la legislación de nuestro país”, ha reprochado.
UGT en contra de este acuerdo de la vergüenza
Fernando García, es rider y miembro del comité de empresa de Glovo del sindicato UGT, y ha criticado duramente ser este acuerdo en la Cadena SER.
“Supongo que esto lo haremos las personas que estamos contratadas legalmente no los falsos autónomos. Porque sería el colmo que hubiese un acuerdo con una Administración pública para trabajar con una empresa condenada por el Tribunal Supremo por tener un modelo de negocio que es un fraude”.
Como representante sindical de UGT, tiene dudas también de que el acuerdo “es sin contraprestaciones económicas”. “Esto tiene un coste enorme. La entrega, la logística urbana es una cosa carísima porque es tener a una persona entregando pedidos individuales vivienda por vivienda. No me creo que esto lo haga la empresa gratuitamente. Otra cosa es que sea un programa social en el que se calcule un costo y no haya un beneficio para la empresa, pero ¿gratis? Eso es absurdo”.
La Coordinadora del Tercer Sector lamentan que no se ha contado con ellos cuando podrían hacer el reparto.
“Cualquier ONG sin ánimo de lucro está inspeccionada, conoce el servicio y tiene profesionales. Además, la ley de Servicios Sociales dice quiénes somos los colaboradores en ese ámbito y son las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro. No se ha querido trabajar con nosotras”, denuncia su portavoz Rafael Escudero a la Cadena SER.
