El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso ha recurrido a la privatización por la vía de emergencia del servicio de rastreo del caos de la Covid-19. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Quirón Prevención, perteneciente a la multinacional de servicios sanitarios QuirónSalud, adjudicataria de algunos de los nuevos hospitales madrileños realizando la privatización encubierta de la sanidad madrileña.
Esta empresa recibirá 194.223 euros por prestar servicio durante tres meses, para la contratación de 22 rastreadores que deberán realizar entre 190 y 220 encuesta diarias. Un número a todas luces insuficiente y ridículo. La adjudicación se ha publicado en el portal de contratación “por procedimientos sin publicidad. La resolución fue adoptada el pasado viernes y se ha conocido tres días después.
Mónica García: “No son necios, son fanáticos de la privatización y el lucro”
Durante estos tres meses, Quirón Prevención S.L. del grupo multinacional QuirónSalud se encargará de prestar el servicio “para la realización de encuestas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de COVID-19 detectados en la Comunidad de Madrid, incluyendo, entre otras variables, los antecedentes del caso, el momento de inicio de los síntomas, la o las exposición/es de riesgo para la adquisición de la enfermedad y la identificación de los contactos durante el período en que haya podido ser el transmisor de la enfermedad”, por un importe de 194.223 euros.
Privatización encubierta de la sanidad pública
A pocos días ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con los votos de Ciudadanos y de la extrema derecha de Vox, el Partido Popular llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, gobernado con mayoría absoluta por los populares, para la construcción del hospital privado QuirónSalud, que estará situado a pocos metros del hospital semipúblico de Torrejón, en lo que para la Marea Blanca supone una privatización encubierta de la sanidad pública madrileña.
Los madrileños vamos a pagar 194.223 euros por el trabajo de 22 rastreadores. El importe por cada trabajador será de 2.939 euros al mes por cada uno de ellos, ¿pero ¿cuánto van a cobrar en realidad?
Los 22 rastreadores, 2 médicos y 20 auxiliares, trabajaran en turnos de mañana y tarde: de lunes a viernes no festivos de 9.30 a 14.30 y de 16 a 21 horas. ¿Serán trabajadores subcontratados y precarios? Según especifica el contrato, se deberían realizar diariamente “al menos 190 a 220 encuestas. Y especifica que “al menos un día antes del comienzo del servicio”, personal de la Dirección General de Salud Pública impartirá “una formación necesaria” para “el manejo de la herramienta”. Un solo día de formación como rastreadores.
Mónica García: “No son Gobierno, son testaferros de las empresas de sus amigos”
Esta adjudicación a toda prisa se produce después de las polémicas por la falta de rastreadores y de la intención de la Consejería de Sanidad de cubrirlo con voluntarios, ya sea entre los universitarios o entre los funcionarios municipales madrileños. La jugada del trabajo gratis no le ha salido a cuenta y ha reculado en silencio, sin hacer demasiado ruido.
En el texto del contrato de privatización con QuirónSalud, la consejería de Sanidad reconoce su incapacidad para controlar una situación que es cada vez más preocupante, porque “muestra un incremento el número de casos que obliga a proveer un mayor número de efectivos destinados a las labores de averiguación y seguimiento de contactos, constituyendo una obligación para esta administración la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano y la vigilancia epidemiológica”.
Ayuso reconoce su incapacidad en responder “a las necesidades de formación y contratación para garantizar la respuesta “ante un eventual incremento del número de casos. El tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación
epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración en un plazo compatible con los objetivos perseguidos”, se lee en el texto de la adjudicación.
Mónica García: “No son decentes, son corruptos a quienes hemos encomendado el cuidado de nuestra salud”
“Por todo ello”, añaden, “se hace imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo con experiencia de estas tareas”.
Mónica García líder de Madrid en la comunidad, ha señalado que “no son necios, son fanáticos de la privatización y el lucro. No son Gobierno, son testaferros de las empresas de sus amigos. No son decentes, son corruptos a quienes hemos encomendado el cuidado de nuestra salud”, en referencia al Gobierno de coalición PP y Ciudadanos que preside Ayuso.
Mónica García ha destacado que “según la Cámara de Cuentas, les debemos 722 Millones por la gestión de la libertad de elección desde el 2015. Efectivamente 194.000 euros son calderilla, sobre todo teniendo en cuenta que con medios propios nos ahorraríamos 70.000, que a su vez darían para contratar más personal”.
Una “desfachatez”
La secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa María Cuadrado, ha calificado de “vergüenza y desfachatez, la contratación “sin publicidad y con nocturnidad y alevosía” con Quirón Prevención.
“Primero intenta buscar rastreadores voluntarios sin retribución y una vez que no lo consigue, adjudica un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas si puedan cobrar. Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se les ofrece sin pudor a la privada”, ha denunciado Cuadrado.
Además, ha añadido que “una vez más se demuestra que el único objetivo que tiene el Gobierno regional es adjudicar contratos con total oscurantismo de los que se enteran tiempo después en vez de utilizar los recursos públicos y en vez de contratar trabajadores para la sanidad pública madrileña”.
La máxima responsable de CCOO Sanidad Madrid recuerda que los rastreadores tenían que haber estado contratados hace ya más de dos meses, antes de comenzar la desescalada.
“Denunciamos que no tenían contratados ni el 4% de lo prometido, hicimos seguimiento de los contratos en Salud Pública, y hemos mantenido que de los 400 anunciados -cifra aún por debajo de las ratios recomendadas para la población de Madrid- no llegaban al 8% por técnicos de Salud Pública contratados. Y señalamos que la situación de plantillas infradotadas en Atención Primaria tampoco contribuía a soportar con cánones de calidad el rastreo en la región de Madrid”. Y ha añadido que “todo esto al final acaba como siempre en inyección de fondos públicos a la sanidad privada, en detrimento de la Pública y de la salud de los ciudadanos”.
Después de varios con síntomas compatibles con el coronavirus, y de intentar contactar por teléfono con el centro de salud, mi hijo mayor que -está trabajando-, se personó en el ambulatorio y le exigieron que se fuera a casa se aislara y siguiera intentando contactar con el centro de salud. ¡Que los sentían pero estaban saturados¡.
Cansado de esperar y ante la alternativa de quedarse en casa sin cobrar, o ir a trabajar y contagiar a alguien optó por acudir directamente a un laboratario privado y hacerse la prueba del covi que afortunadamente salió negativa.
Cuatro días estuvo intentando recibir una respuesta del sistema público. En dos horas lo resolvió una empresa privada.
En Alemania la asistencia sanitaria se financia públicamente y la prestan empresas privadas. En vista del fracaso estrepitosos de la sanidad pública a la hora de gestionar la pandemia, tal vez sería hora de ir pensando en recurrir a la asistencia privada como solución. Como hace el 80% de los funcionarios de MUSAFE (que pueden optar por prestación pública o privada) y optan por las mutuas privadas.
Pasa lo mismo con las escuelas; todos alaban las públicas, pero la mayoría elige las concertadas. O las privadas cuando el bolsillo se lo permite. En esa mayoría incluyo a los hipócritas altos dirigentes de la «izquierda» cuyos hijos van preferentemente a la privada.