¿Protege una parte de la Administración de Justicia al Santander? Los datos son elocuentes, sobre todo, si se confirmara la existencia de una grabación, supuestamente en posesión de Andrea Orcel, en la que un alto directivo del banco cántabro, presuntamente Jaime Pérez Renovales, se jactaba o amenazaba al transalpino con una frase en la que supuestamente se afirmaba que el Santander sólo pierde en los tribunales los casos que quiere. Esta afirmación, de demostrarse, es un verdadero atentado al Estado de Derecho y llevaría a España a convertirse en un verdadero país fallido.
Los escándalos judiciales del Santander son ya incontables, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades de dinero. Por esta razón la Justicia en España es una de las administraciones públicas que más desconfianza genera en la ciudadanía, sobre todo cuando se trata de enjuiciar a los bancos, grandes empresas y empresarios, políticos o las grandes fortunas. Por no hablar de la actuación de la Fiscalía en defensa de la Casa Real, en concreto, respecto a Cristina de Borbón y Juan Carlos I.
En referencia a la impunidad con la que opera Banco Santander, Diario16 ha podido comprobar un hecho inquietante que pone en duda la independencia judicial en España y podría dar posibles explicaciones a determinadas sentencias que se producen en todas las instancias judiciales.
Financiación de becas
En la página web de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) la única publicidad que hay es de Banco Santander.
En concreto, se publicitan una serie de becas bautizadas tanto por las siglas de la asociación de jueces como por el Santander, becas que están destinadas a pagar o ayudar a los aspirantes a jueces a preparar sus oposiciones con una cantidad máxima de 1.200 euros anuales con unos requisitos en los opositores se pueden quedar fuera de la beca si el preparador, miembro de la asociación, así lo determinara.
La APM no es la única. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFM) también recoge en su página web las mismas becas financiadas por el Santander:
Además, en su sitio online, la AFJV tiene un espacio publicitario con el logotipo del Santander:
Por otro lado, en una publicidad pasada de este programa de becas, la AJFV publicaba un cartel en el que, casualmente, el único dedo que señala directamente es a Banco Santander:
A todo lo anterior, habría que añadir la constante presencia del Santander en los tribunales con cajeros automáticos y publicidad adjunta, tal y como se puede comprobar en la siguiente fotografía de un pasillo de los juzgados de Plaza de Castilla:
Un escándalo
Fuentes jurídicas consultadas han calificado esto como un verdadero escándalo. Es muy grave el hecho de que Banco Santander financie los estudios de las personas que tendrán que dictar justicia en el futuro, incluso casos en los que la propia entidad cántabra esté involucrada. ¿No se estará garantizando, de este modo, la presunta connivencia de quienes tienen que dictar justicia? ¿Se trata de un mecenazgo o de una inversión a futuro? Desde luego, si fuese lo segundo, sería una inversión muy rentable.
El control del Santander de la Administración de Justicia es un hecho evidente. Casos hay muchos en las últimas décadas y, casualmente, todos los que podrían tener una afectación importante en el banco fueron favorables para los intereses de la entidad.
Caso Popular, las cesiones de crédito, la compra de Banesto, Madoff, Valores Santander, Banif Inmobiliario, los 2.000 millones ocultos en Suiza por la familia Botín o el presunto blanqueo de capitales junto a BNP y HSBC son algunos de los casos. El problema está en que la lista sería interminable o que en España haya juzgados en los que el 100% de los casos que entran relacionados con el Santander son archivados, según se puede comprobar en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial.
La gravedad de la existencia o no de las grabaciones de Orcel, y de su presunto contenido, fueron la razón por la que un ciudadano presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, fechada el 12 de marzo de 2021, a la que Diario16 tuvo acceso, y en la que se señalaba que, de ser cierta la existencia de dicha grabación en la que se sugiere por el presunto autor de esas palabras un «supuesto control por el Banco Santander de la judicatura española, estaríamos, o bien ante un delito de calumnias hacia el poder judicial en su conjunto y, en particular, hacia los jueces que intervengan en casos que afecten al Banco Santander o bien ante un caso de corrupción judicial, que afecta y desprestigia a toda la judicatura española», afirma la denuncia.
La gravedad de las afirmaciones supuestamente contenidas en la grabación que Orcel afirma que tiene en su poder es, según la denuncia, causa suficiente para que desde la Fiscalía se abriera, en primer lugar, una investigación de oficio. Por otro lado, en el documento se insta a la proposición por parte del Ministerio Público de medidas cautelares a los diferentes órganos judiciales en los que se están practicando diligencias en las que una de las partes sea Banco Santander hasta que estos hechos sean resueltos.
Esta denuncia podría tener consecuencias muy importantes, puesto que, de confirmarse la gravedad de las acusaciones supuestamente incluidas en la grabación de Orcel, «todas las sentencias favorables a Santander de casos con pruebas evidentes de comisión de delitos serían nulas», afirma de manera contundente el documento.
En la denuncia, además, se señalaba que la investigación de estos hechos es esencial, puesto que, si se confirmara que el Santander tiene la capacidad para ejercer un supuesto control de los órganos de Justicia en España, se está generando alarma social y desconfianza para las decenas de miles de personas que, a día de hoy, se están enfrentando en los tribunales contra Banco Santander. Hay que recordar que la entidad cántabra reconoció que sólo del Caso Popular tiene abiertos más de 16.000 procedimientos.
El problema para el Estado español está en que las afirmaciones supuestamente recogidas en las grabaciones de Orcel tienen para la ciudadanía presunción de veracidad. Millones de ciudadanos sospechan que el Santander tiene control sobre la Justicia.
Estas becas patrocinadas por el banco cántabro serían un paso más para confirmar esta sospecha porque, tal y como han afirmado a Diario16 fuentes judiciales, «si ya están patrocinando o financiando la formación de los jueces antes de que accedan al cargo, ¿quién puede afirmar que esos futuros magistrados no tengan una deuda de gratitud hacia quien les ayudó a alcanzar sus metas profesionales?». Otras fuentes jurídicas consultadas van más lejos en su valoración y han llegado a afirmar a este medio que se podría tratar de una especie de presunto «cohecho en diferido».
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