La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró ayer en la durante la rueda de prensa para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que la propuesta de subir el IRPF a quienes hacen la declaración de la renta conjunta “es una errata”.
Calviño también ha informado que el Gobierno no tiene previsto aprobar la reforma fiscal encargada a los expertos hasta el primer trimestre de 2023.
“Es una errata y así se ha dicho a Bruselas», ha asegurado, quien además ha explicado que se han a publicar todas las fichas con las reformas comprometidas con Bruselas.
Esa explicación llega después de que el Gobierno dijera que no se está planteando la supresión de la reducción fiscal por el IRPF conjuntoy que esa medida no figura en el componente dedicado a las reformas tributarias.
Reforma fiscal en 2023
Calviño también ha informado que el Gobierno no tiene previsto aprobar la reforma fiscal encargada a los expertos hasta el primer trimestre de 2023. Además, se evaluará tanto las imposición directa, como la indirecta, la medioambiental o los tributos que gravan la riqueza, según figura en el componente de fiscalidad incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.
Impuestos sobre plásticos y sobre residuos
Algunos tributos sí se irán incorporando, como la creación de los impuestos sobre plásticos y sobre residuos, que se remitirán a las Cortes en el segundo trimestre de 2021 para que entren en vigor en el tercer trimestre, y en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación.
Impuesto sobre Gases Fluorados e hidrocarburos
Asimismo, en el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados y en el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, con la finalidad de revisar las bonificaciones fiscales del diésel sobre la gasolina.
Eliminación de beneficios fiscales
El documento del Gobierno apuesta por la “reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales actuales”, que supondrían un incremento de la recaudación y un sistema fiscal más sencillo.
“De este modo, se plantea la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado”, que cifra en 60.000 millones el importe de los actuales beneficios fiscales y que no excluye, en cambio, crear nuevos beneficios fiscales que sí estén justificados.
Comportamientos nocivos con el medio ambiente
Además de las nuevas tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ ya en vigor desde este año, el Ejecutivo asegura que existe la posibilidad de crear “nuevas figuras tributarias» que graven los comportamientos nocivos con el medio ambiente, y en el ámbito de la imposición sobre la riqueza, asegura que hay importantes mejoras a introducir, tanto desde el punto de vista técnico, como desde la perspectiva de implementar una política redistributiva coherente a nivel nacional”.
Nivel mínimo de imposición de la riqueza entre CCAA
El Plan de Recuperación y Residencia apuesta por “aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA”.
El Gobierno reitera a lo largo del componente 28 del Plan de Recuperación, referido a la fiscalidad, que “el objetivo de la reforma fiscal es acercar los niveles de tributación de España a la media de los países del entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del Estado del Bienestar”.
De esta forma, asegura que se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del «ensanchamiento» de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse.
Crecimiento económico
Por último, el Gobierno señala que “la persecución de los principios anteriores deberá realizarse prestando la debida atención a la necesidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico, creación de empleo, actividad económica y mejora de competitividad española”.
Para ello será necesario “cuadrar adecuadamente las reformas a introducir con los tempos de la recuperación económica, de modo que se combinen adecuadamente políticas de estímulo y apoyo a los sectores económicos y al empleo con las reformas tributarias que se articulen”.
