A Pablo Casado se le han unido dos aliados inesperados –Polonia y Hungría− en su desesperado intento por boicotear los 140.000 millones en ayudas contra el covid que Bruselas tiene previsto inyectar en España en los próximos años. El líder del PP no contaba con que los países carcomidos por el populismo de extrema derecha −neofascismo, por entendernos mejor− torpedearan el envío de unos fondos que de retrasarse o no llegar agravaría todavía más la dramática situación de la economía española. O sea, que al licenciado máster por Harvard Aravaca se le ha aparecido una virgen polaca en su siniestro plan del “cuanto peor mejor” para que España se arruine definitivamente, Pedro Sánchez caiga de una vez y luego llegue un PP triunfante en plan salvador de la patria (teoría Montoro).
Ahora que vemos cómo los países más reaccionarios de Europa, Hungría y Polonia entre ellos, dinamitan el maná de las ayudas (que es tanto como colocar una carga de profundidad letal en el proyecto de la Unión Europea para hacerla saltar por los aires), vemos en qué posición tan reaccionaria se encuentra instalado, desde que comenzó la pandemia, el líder popular. Las tácticas oscuras, obstruccionistas y dilatorias del dirigente conservador español en Bruselas para maniobrar contra Sánchez y contra su propio país se parecen como dos gotas de agua a las que están empleando ahora los Estados gamberros y fachas, esos que pretenden recuperar las esencias de la Europa cristiana enterrando la multiculturalidad y abrazando la superchería religiosa medieval como nuevo movimiento político. Todo lo cual induce a preguntarnos, indefectiblemente, si no será que Casado lleva un fundamentalista de la derecha extrema o jinete polaco (parafraseando a Muñoz Molina), dentro de sí.
Al igual que al jefe de la oposición española le importa más bien poco si llegan o no las ayudas europeas (él es un ultraliberal convencido que no cree en el intervencionismo estatal) tanto Hungría como Polonia están anteponiendo el orgullo de país y el fanatismo reaccionario a unos fondos urgentes que deben servir para rescatar de la pobreza a millones de ciudadanos y empresas en apuros. Bruselas exige un escrupuloso cumplimiento de los principios y normas del Estado de derecho y los regímenes excomunistas de Varsovia y Budapest no parece que estén por la labor, ya que allí el trumpismo en versión católica −con su exaltación de la nación y con su defensa de la pureza de la raza−, ha echado raíces y funciona a pleno rendimiento como en una dictadura. Europa debe mirar con lupa lo que está pasando por aquellas frías latitudes que hielan el corazón del viejo continente, ya que sin duda se puede estar produciendo un preocupante desarraigo o desafección de los ciudadanos de aquellas dos naciones respecto a las instituciones comunitarias. El nacionalista polaco, ese que tiene el retrato del papa Wojtyla colgado en la pared del salón, entre dos velitas constantemente encendidas, odia a la UE y todo lo que ello representa. A su vez, el tradicional húngaro también mira con indiferencia y desdén a esos laicos, progres y miembros del establishment de Bruselas, a los que culpa de todos los males de la milenaria patria magiar. Tal sentimiento de rencor, tal ola euroescéptica y antieuropea, se extiende desde los Urales hasta Gibraltar, arrasando el espíritu de unidad y fraternidad europeas. El mal se propaga como un cáncer por otros Estados con débiles infraestructuras democráticas como Rumania o Bulgaria y el fenómeno empieza a ser preocupante. Bruselas, consciente de que la corriente ultranacionalista y autárquica se propaga a gran velocidad, ha querido meter en cintura a estos países que vienen de pasados autoritarios y donde el fascismo rebrota con fuerza.
De ahí que la UE les advierta de que o cumplen con los mandamientos elementales de un Estado de derecho o corren serio riesgo de ver canceladas las ayudas. El asunto es de una gravedad extrema, ya que puede abrir una crisis institucional sin precedentes en la historia del selecto club europeo, como demuestra el hecho de que tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como el del Consejo, Charles Michel, y la canciller alemana, Angela Merkel −que ejerce la presidencia rotativa este semestre− se han puesto manos a la obra, junto a sus bomberos diplomáticos, para tratar de apagar el incendio y reconducir la situación.
Michal Dworczysk, jefe de gabinete del presidente polaco Mateusz Moraviecky, ha asegurado en las últimas horas que la condicionalidad del respeto al Estado de derecho para acceder a los ‘fondos covid’ “es un intento por crear un mecanismo político a través del cual algunos países de la UE podrían intentar presionarnos, algo que no aceptaremos”. De cualquier forma, el veto polaco-húngaro podría retrasar la entrada en vigor de los fondos de recuperación hasta el 1 de enero y ahí es donde empiezan a pagar justos por pecadores, es decir, ahí es donde España sale mal parada porque el contencioso paralizará de momento la transferencia de las subvenciones, mientras que la reconstrucción del país (con el turismo y la hostelería completamente hundidos) a buen seguro se ralentizará.
Así de mal están las cosas, e indudablemente la complicada y revuelta coyuntura internacional favorecerá la estrategia y los intereses de Casado, empeñado en que Bruselas meta a España en el paquete de los estados gamberros para que Sánchez quede retratado como el dictadorzuelo comunista de una antigua exrepública soviética o un chavista de nuevo cuño, qué más da. El caso es que los jerarcas de la UE vean a España como un Estado fallido donde nada funciona, ni las medidas sanitarias contra la pandemia, ni la cúpula del Poder Judicial (cuya renovación el PP mantiene bloqueada), ni el respeto a las libertades y derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Solo falta que Casado lleve a Sánchez a los tribunales de La Haya por crímenes contra la humanidad por sus supuestos pactos con Bildu, consumando así el intento de convencer al mundo entero de que el presidente socialista es el nuevo Nicolás Maduro de Europa. Todo se andará.
