Ábalos ya es un cadáver político. Su caso, más allá del impacto político mediático, ha abierto el debate de hasta dónde llega la responsabilidad de un político que ha sido Ministro y que tras caer en desgracia —aún se desconoce el motivo por el que el Presidente le sacó del Gobierno y de la Secretaría de Organización del PSOE—, ha continuado en primera línea como Diputado y Presidente de la Comisión de Interior de la que acaba de dimitir.
En el ejercicio de un cargo público todo político está sometido a dos tipos de responsabilidades: la penal y la política. Que su nombre no figure en la investigación de la UCO, dirigida desde la Audiencia Nacional, no le exonera de su responsabilidad política si ésta sitúa al más cercano sus asesores, Koldo García Izaguirre, a la cabeza de una trama que se forró ilegalmente con el cobro de comisiones, por la venta de mascarillas durante la pandemia a organismos públicos.
Máxime, cuando el propio Ábalos ha reconocido, que había sido advertido por diferentes cargos del ministerio de las extrañas andanzas de este individuo que se atribuía un poder que no le correspondía. Advertencias que sustanció, según ha reconocido, con una simple reconvención en una conversación privada entre ambos en la que solo le preguntó por la compra de un piso en Benidorm que, el interfecto, le dijo se había pagado con dinero de todos los componentes de su familia para su madre. En fin, que Ábalos no quiso, no supo o no dio la importancia que merecía el caso, como para meter en vereda a este individuo, que, en virtud de lo que aparece en la investigación de la UCO, siguió campando a sus anchas.
Es esta dejación o desgana lo que le convierte en responsable y concernido políticamente en el caso, que pone en tela de juicio el mecanismo digital por el que se eligen este tipo de asesores, sin que pasen ningún control de idoneidad curricular que acredite un mínimo de experiencia política, en comunicación o administrativa, para acceder a un cargo que no es menor, pues desde él se tiene acceso a información y decisiones relevantes que, a la vista está, pueden ser utilizadas en beneficio propio. Mecanismo que reclama un reajuste, el establecimiento de filtros, para que no se elija a dedo o por amistad a quienes van a acceder a información privilegiada. Y replantear el modelo, según el cual en determinados ministerios el cargo de asesor, lleva aparejada su presencia en asesorías o consejos de administración de organismos públicos dependientes de esos ministerios.
Así, sin ningún conocimiento acreditado, Koldo García, fue catapultado — con el beneplácito de Ábalos— desde el puesto de portero de discoteca a miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado, y asesor de la dirección de ADIF. A partir de ahí creó todo un entramando empresarial y familiar, a través de la empresa Soluciones de Gestión, sin ninguna experiencia en el sector sanitario, qué, según la Fiscalía Anticorrupción, pasó de una facturación de 0 euros en 2019 a 53,13 millones en 2020, atribuidos al cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas a entidades públicas. La responsabilidad política de Ábalos está, como él mismo ha declarado, en no haberse enterado de nada.
