Cuidado con el oso, Pablo (1 de 2)

Una comunidad puede cohesionarse a partir de diferentes pilares (lengua, raza, religión, nación, cultura, raramente una ideología). Normalmente, se establece un contrato social de mínimos a partir del cual legislarse sus normas de convivencia. Este contrato, también es de máximos, dejando afuera todo aquello que lo excede. Como las sociedades evolucionan, cuando este contrato (en la inmensa mayoría de democracias, la Constitución) deviene un techo que impide el progreso de la propia sociedad, ésta lo modifica (por ejemplo, las innumerables reformas constitucionales en otras democracias europeas). No obstante, me permito disentir sobre tal reverencia constitucional y opinar que una Constitución “no debería ser” el contrato social que rige una comunidad, sino el pistoletazo de salida: el contrato social debería ser la vida parlamentaria. Es el parlamento, cambiante, como representante directo de la población viva que conforma la comunidad social en cada momento, quien debe cohesionar la comunidad.

Respecto a Cataluña (y España), el problema es doble: el punto de partida catalán (el Estatut) una vez refrendado por el pueblo, parlamento catalán y congreso español, es invalidado por la judicatura. Arguye, el Tribunal Constitucional, que es incompatible con el punto de partida español (la Constitución del 78). Esto ya nos demuestra que ambas sociedades, la catalana (toda: el Estatut la representaba toda) y la española, tienen una incompatibilidad de encaje como sociedad única ya desde sus respectivos puntos de partida. Sea cual sea la respuesta de una persona catalana ante tal incompatibilidad (querer el referéndum, la independencia, o conformarse así) este hecho queda establecido ante la despreocupación e indolencia del Estado Español, que, imponiéndose mediante la judicatura, tiene suficiente. Me refiero explícitamente al uso de la judicatura porque ésta se utiliza con un marcado carácter político para cortar las alas de aquello que decide una sociedad (la catalana) democráticamente y de forma mayoritaria. Que aproximadamente la mitad de los catalanes no opten por la independencia, no significa que la gravedad del problema pueda obviarse (tal y como ha hecho el Estado Español durante los últimos diez años).

Pero ello no se queda aquí. Decía que es el parlamento el representante directo de la población viva que conforma la sociedad en cada momento. Pues bien, la judicatura española ya decide qué puede y qué no puede debatirse (es decir, hablar) en el parlamento catalán. La injerencia del poder jurídico en el político representativo es de tal magnitud que debería escandalizar a cualquier demócrata, pero, en primer lugar, a los demócratas españoles. Sin embargo, como el tema censurado (el derecho a la autodeterminación, la legitimidad de la monarquía) ya les parece bien que se censure, callan y otorgan o están directamente de acuerdo a favor de tal injerencia. ¿Es, esto, el reflejo de una falta de cultura democrática en gran parte de la población española? ¿Es una sólida base para el crecimiento de partidos totalitarios cuando se pone en cuestión? Porque ser demócrata, no es simplemente votar cada cuatro (o menos) años. Vayamos más allá.

Del año 2010 al año 2017, ha habido unas 32 leyes aprobadas por el parlamento catalán que han sido anuladas por la judicatura española. Antes de que salten pensando en el referéndum o la independencia, déjenme decirles que algunas de estas leyes se aprobaron por consenso, incluyendo, las veces, a partidos no independentistas como el PSC e, incluso, a Ciudadanos. Estas leyes son tan dispares como la ley de horarios comerciales, la ley de impuestos a los bancos, la ley de creación de impuestos a la producción de energía nuclear, la ley contra la pobreza energética, la ley de impuestos a las viviendas vacías, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ley de prohibición del fracking, la ley de prohibición de grandes superficies fuera ciudades, la ley de emergencia habitacional o contra los desahucios, la ley catalana contra el cambio climático. Todas ellas, y más, anuladas por la judicatura española. Es decir, no solamente estamos hablando de independencia como algo abstracto, sino de la incapacidad de la sociedad catalana para legislar sus normas de convivencia como comunidad. Y que se demuestra que es una intención de cohesión social incompatible con las directrices del Estado Español.

Aquí hay un apunte a destacar: que el PSC se “conforme” ante las invalidaciones de la judicatura española, no significa que crean que estas leyes (las que no rechazan) no son justas, pues, en tal caso, no hubieran votado a su favor en el parlamento catalán. Pero, las que no les agradan, aun así, han sido aprobadas por un parlamento que es representación de la sociedad catalana. Ese “conformismo” del PSC lo que refleja es que, en aras de un interés político de índole estatal, aceptan la injerencia del poder jurídico español por encima de la voluntad del pueblo catalán expresada por su parlamento. Déjeme añadir, porque no es una fruslería, que tal poder jurídico es nombrado directamente por esos partidos políticos de índole estatal, lo que cierra el círculo dejando la independencia judicial fuera de éste.

Ante todo lo anterior, la izquierda española nos ha engañado, a todos los catalanes, durante los años de democracia. Me explico: la izquierda española, hasta hace muy pocos años, ha sido básicamente el PSOE. No sé en el resto del estado, pero en Cataluña, mediante su rama, ahora sucursal, del PSC, nos ha vendido que había que tener paciencia, pero que la idea de fondo era ir avanzando hacia el federalismo (el señor Iceta todavía tiene la caradura de insinuarlo de vez en cuando). Este discurso de tener paciencia, es decir, de aceptar cierta “lentitud”, en el fondo es tremendamente condescendiente respecto al socialismo o la izquierda española (porque venía a decir <<tranquilos, que a ellos les cuesta, pero ya llegarán>>).

Además, ha resultado ser una simple falacia, una mentira. Han pasado suficientes años para que, cada vez más, los catalanes vayan entendiendo que se trata de un engaño, y no es baladí que el independentismo haya crecido tanto por la izquierda, con votantes que no son estrictamente nacionalistas, sino que, simplemente, están hartos (sin olvidar que la deriva del centro derecha catalán hacia el independentismo también puede relacionarse con todo ello). El descrédito, pues, de cualquier discurso que pueda enarbolar el PSOE (busquen una línea coherente respecto a Cataluña en los últimos diez años, o diez meses, si lo prefieren) es de tal dimensión, está tan mermada la confianza, que lo que no se puede es pedir (casi exigir) que se les dé soporte gubernamental a cambio de palabras (y, por favor, últimamente menudas palabras). Ah, sí, pero ahora tendremos a Podemos en el gobierno. No te olvido, Pablo.

Ustedes saben que, en Cataluña, Unidas Podemos es En Comú Podem. La inmensa mayoría de votantes de estos últimos, están a favor del referéndum. Esto, en un alarde de coherencia inexistente en el PSC/PSOE, Podemos lo mantiene (hasta hoy) a nivel estatal, y tiene mucho mérito, y se aprecia. Pero hay dos aspectos a remarcar. Por un lado, y no tengo ni idea si les sorprenderá o no, hay muchos votantes de En Comú Podem que, en un referéndum, votarían Sí a la independencia. No es tan difícil encontrarlos. Simplemente, sucede que la independencia en sí, por si sola, no justifica el voto a un partido independentista, y miran con recelo a ERC y con cierta urticaria (para ser finos) a JxCAT, todavía percibida como una reminiscencia de CiU (Puigdemont, erigido ya en símbolo, merecería un capítulo aparte). Esto hay que tenerlo en cuenta respecto al segundo aspecto: hasta ahora, cierta indefinición efectiva de los “Comuns” (lo que aquí en Cataluña llamamos “equidistancia”) ha sido bastante fácil. Tal vez una facilidad incómoda, pero permitiendo mucho margen de actuación.

Ahora, siendo partícipes del gobierno estatal, se van a tener que posicionar con hechos, no con palabras, ante la mirada expectante de muchos catalanes (incluyendo sus votantes). Si a medio plazo (que, en política, suele ser un plazo muy corto) no se ven resultados, podría haber un buen trasvase de votos de los Comuns hacia ERC (o las CUP, pero creo que ERC busca más el perfil de votante de los Comuns). En el caso que lo anterior fuera cierto, y que solamente es una opinión, y dando por hecho el apoyo de ERC a esta oportunidad para Podemos (no como un apoyo al PSOE), habría un giro en la política catalana: si en los últimos meses a ERC le convenían unas elecciones en Cataluña, nos encontraríamos que, de aquí tres o cuatro meses, sería lo contrario: a quien le convendrían sería a las CUP y a JxCAT (estos, en el caso que encontrasen un buen candidato/a muy alejado del PdCat o antigua CiU y “más transversal”, casi apolítico).

Lo que quiero decir con todo lo anterior es que el crédito de Podemos, ganado merecidamente con palabras, ahora, estando en el gobierno, va a necesitar hechos. En caso contrario, Pablo, la desconfianza en cualquier político del Estado Español, ya será total. Ante el abrazo, cuidado con el oso, Pablo, que no es Pedro Sánchez, sino todo aquello que se agazapa a su espalda.