La “purga” llevada a cabo por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en Radiotelevisión Madrid ha sufrido un fuerte revés en los tribunales. De momento, la justicia ha ordenado la readmisión o el abono de una fuerte indemnización a, por lo menos, seis altos cargos cesados por el director general, José Antonio Sánchez. Los juzgados de Lo Social entienden que, a pesar de tener contratos de alta dirección, no ejercían como tales. No eran cargos de confianza y, por lo tanto, no se les pudo cesar por este motivo, tal y como hicieron.
Entre esos “altos cargos” que la empresa debe readmitir o indemnizar, se encuentran el que fue director de informativos de Telemadrid, la jefa de nuevos proyectos, y el director general de contenidos audiovisuales. “La relación que unía al demandante con la demandada era de carácter común y su extinción constituye un despido improcedente”, señala una de las sentencias en la cual también se dice que “la calificación del contrato de trabajo no se ajusta a las funciones realmente desempeñadas y para las que fue contratado el demandante estando ante una relación laboral ordinaria desde el inicio de la misma”
El 14 de julio de 2021, Isabel Díaz Ayuso, una vez modificada la Ley de Radiotelevisión Madrid, cesó al director general del Ente Público, José Pablo González, que había sido designado por la anterior presidenta, Cristina Cifuentes. Días después, los cargos nombrados por González comenzaron a recibir cartas de despido. Las fechas no coinciden con el cese del director general, lo que los tribunales de justicia advierten es irregular ya que debieron ser despedidos coincidiendo con la fecha del cese de quien los nombró, si nos atenemos a lo que dicen los abogados de RTVM.
No todo termina ahí. La nueva Ley pone patas arriba la estructura directiva del Ente Público. Al Consejo de Administración, que realmente era el órgano ejecutor de la política de la empresa, se le retiraron casi todas sus competencias. El nuevo consejo tiene cinco miembros. Dos del PP, uno de Más Madrid, uno del PSOE y uno de Vox. Y apenas se le limita las competencias siendo el llamado “administrador único”, en la práctica el director general, José Antonio Sánchez, el que tiene plenos poderes para hacer y deshacer en la radio y la televisión públicas madrileñas. Sánchez ya estuvo de director de Telemadrid de 2011 a 2014. Y despidió, en ese periodo, al 74 por ciento de la plantilla. Casi todos trabajadores que habían obtenido la plaza por oposición y que el gobierno de Esperanza Aguirre consideraba “afines al PSOE”.
Los problemas judiciales de Isabel Díaz Ayuso en lo que respecta a Telemadrid no terminan con las resoluciones de los juzgados de Lo Social, algunas de las cuales no se han recurrido, aunque otras sí se han trasladado a la Audiencia Provincial. En el Tribunal Constitucional se han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley 1/2021 que “modifica la Ley 8/2015, de 28 de diciembre de Radiotelevisión Madrid”. Tanto PSOE como Más Madrid consideran que el sistema de “lectura única” utilizado para aprobar esta ley es contrario a la Constitución para este caso. La Alta Magistratura lo ha admitido a trámite y ahora está pendiente de resolución.
Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora se ha librado de tener que pasar por los juzgados personalmente, empieza a comprobar lo que pueden dar de sí los juzgados si no se cumple con la Ley. En Radiotelevisión Madrid intentaron hacer “el truco del almendruco” y no les ha salido bien. Deberán indemnizar a profesionales que fueron despedidos por ser cargos de confianza del anterior equipo. Los jueces opinan lo contrario: “bajo el paraguas normativo de una relación laboral tan específica, la empresa incluye todo tipo de cargos intermedios por cualificadas que sean sus funciones y con independencia de la denominación que quiere darse a los mismos”, dice una de las sentencias que ya es firme.
Y esto sólo se puede decir que es un aviso a navegantes. Isabel Díaz Ayuso y sus colaboradores se creen con la capacidad legal suficiente como para traspasar “líneas rojas”. Y los jueces, al menos algunos, están dejando claro que no. Que no es así. Hasta ahora los reveses han sido en el ámbito laboral, pero, si se sigue por esa senda se puede acabar en otros juzgados peores: los de tipo penal. Esos que dictan sentencias de cárcel.
