El Tribunal Supremo ha dado amparo a un cabo del Ejército que fue expedientado por defender la democracia y la Constitución y por emitir opiniones contrarias a Franco. En la sentencia de 26 de noviembre de 2020 del Tribunal Militar Central, se desestimó el recurso contencioso-disciplinario del cabo sancionado. Según la resolución, las infracciones imputadas al recurrente se entendieron cometidas al haber suscrito este un escrito de respuesta colectiva (en el que insertó una breve aportación personal) contra un previo manifiesto denominado «Declaración de respeto y desagravio al general don Francisco Franco Bahamonde. Soldado de España». También la abrieron expediente por realizar determinadas declaraciones en el curso de una entrevista concedida a eldiario.es, edición digital, el día 22 de agosto de 2018, donde defendía la Carta Magna frente a los franquistas.
El Supremo, sin embargo, revoca esta sentencia al entender que para juzgar este asunto “debemos partir de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. En la STDH de 21 de enero de 1.999, caso Janowski versus Polonia, el TEDH recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos es también válido para los miembros de las Fuerzas Armadas y no solamente para los civiles.
Libertad de expresión
Así, según el Supremo, el Estado debe poder restringir la libertad de expresión allá donde exista una amenaza real para la disciplina militar, no concibiéndose el funcionamiento eficaz de un Ejército sin unas normas jurídicas destinadas a impedir que se socave dicha disciplina. Pero las autoridades internas no pueden, sin embargo, basarse en tales normas para obstaculizar la manifestación de opiniones incluso cuando sean dirigidas contra el Ejército como institución.
Contra la sentencia del Tribunal Militar Central, el cabo recurrió alegando que se lesionó su derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 20 de la Constitución, 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y 12 de la Ley Orgánica 9/2011, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y que, por ello, la sentencia recurrida infringiría tanto dichos preceptos como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según el Supremo, a tenor de dicha doctrina, solo cabe limitar el derecho de expresión de los militares cuando exista una “necesidad social imperiosa”, lo que ocurrirá allí donde pueda tener lugar una amenaza real para la disciplina y la cohesión interna de las Fuerzas Armadas.
Condenado por el Estado Mayor por manifestarse contra el franquismo
El JEME le había impuesto un castigo disciplinario de doce y diez días de sanción económica por dos faltas graves; la primera consistente en efectuar con publicidad manifestaciones infringiendo el deber de neutralidad política, en concurso, con otra falta grave de emitir públicamente expresiones contrarias a las Fuerzas Armadas. Y, la segunda, consistente en hacer manifestaciones contrarias a la disciplina.
El expediente declaró probado que el cabo, en situación de servicio activo y con destino en la Agrupación Hospital de Campaña del Ejército de Tierra (Madrid), suscribió un documento denominado “Manifiesto, respuesta colectiva y personal, en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas”.
La noticia fue recogida en el periódico digital eldiario.es de fecha 21 de agosto de 2018, bajo el titular “un grupo de militares impulsa un manifiesto contra el comunicado franquista apoyado por oficiales”, que habían firmado diversas personas, militares retirados en su mayoría, como respuesta a un previo manifiesto denominado “Declaración de respeto y desagravio al general don Francisco Franco Bahamonde. Soldado de España”, publicado a finales de julio de dicho año en una página web y suscrito a su vez por múltiples personas, militares retirados en gran parte y algunos en situación de reserva, a los que una de las entradillas de la citada noticia se refiere como «centenares de altos cargos del Ejército».
El referido «Manifiesto, respuesta colectiva y personal, en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas» rezaba: “Un grupo de militares y viudas de militares demócratas desean hacer público el siguiente manifiesto: Mostramos nuestro rechazo total, sin ambigüedad alguna, a la declaración de militares franquistas en defensa del general Francisco Franco. Los militares que nos adherimos a esta propuesta sostenemos que el general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de Estado sangriento y genocida contra la legal y legítima Segunda República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años”. Además, los firmantes, entre ellos el sancionado, aseguraban que “los militares españoles somos funcionarios servidores del Estado, tenemos nuestra conciencia individual libre como cualquier ciudadano, pero no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al Estado Democrático”.
“No somos portadores de una moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español. En consecuencia, firmamos este manifiesto, y lo completamos cada uno, como ciudadanos libres, con nuestra aportación personal”, añadía el documento.
La forma de adherirse al repetido manifiesto consistía en hacerlo con carácter general al texto anteriormente transcrito, pudiendo seguidamente quienes lo suscribiesen hacer sus respectivas aportaciones personales, a cuyo efecto en la parte final del mismo se incluye una nota para contacto conforme a la cual cualquier militar, o viuda de militar, que desee adherirse a este manifiesto debe dirigirse a un correo electrónico, indicando su nombre completo, el Ejército al que pertenece, su grado militar y situación administrativa.
«Repudio cualquier homenaje al asesino»
El cabo expedientado, identificándose con su nombre y apellidos y haciendo costar que era militar activo del Ejército de Tierra, hizo una contribución personal al cuerpo del referido manifiesto antifranquista, accesible también en la dirección digital antes citada de eldiario.es. Su aportación fue la siguiente: “Los militares profesionales de tropa, los que estamos bregando día a día, con sudor, lágrimas, frío, lo hacemos por nuestro país. No cabe duda que los que apoyan el escrito a favor del dictador genocida son los que han hecho de las Fuerzas Armadas su jardín particular desde el 36. No estoy dispuesto a que ese manifiesto quede impune pues ataca directamente a esa Constitución con la que tanto se llenan la boca. Las Fuerzas Armadas, para servir esa Constitución, deben ser totalmente democráticas y como miembro activo repudio cualquier homenaje al asesino. Salud y República”.
El cabo concedió una entrevista al citado medio de comunicación eldiario.es, publicada en la edición digital del día 22 de agosto de 2018 bajo el título “El único militar en activo del manifiesto antifranquista”. “Llevo 19 años oyendo romper filas al grito de Arriba España, en la que junto con una fotografía del demandante se hace expresa mención de su condición de militar en servicio activo, donde este reconoce que efectivamente había firmado el denominado manifiesto antifranquista”.
Enhorabuena a este militar.
¿A alguien le sorprende que el ejercito este minado de fascistas y franquistas?
Poco empeño a puesto «el gobierno mas progresista» en sustituir por militares democratas a los militares fascistas,quizas la parte del gobierno de Podemos haya luchado algo por ese fin,pero nada ha trascendido entonces.
Quizas el problema radica en la espera de que se vayan muriendo poco a poco,pero no se quieren dar cuenta que los nuevos militares,salvo excepciones,son de ideologia fascista y se les inculca venerar a un militar fascista asesino como lo fue franco
¡Qué valiente y decente es este militar, enfrentándose a los militares franquistas, golpistas y genocidas!
Que a nadie le sorprenda que todavia la escoria de los mandos del ejército sean franquistas, se tenia , que hacer una buena limpieza, estos viven cara al sol.
Los militares no están al servicio de la Patria, sino al de los ciudadanos de España. Su obligación es obedecer la voluntad de la ciudadanía expresada a través de sus órganos democráticos. Y si la ciudadanía decide, de forma democrática y legal, por ejemplo, que “se rompa España”, pues a obedecer. Los militares no son depositarios de ningún mandato superior al de la voluntad ciudadana, ni tienen el deber de intervenir en ninguna circunstancia por grave que les parezca. La sospecha de que la mayoría de los militares actuales no comprendan esto tan sencillo, lo único que demuestra es la necesidad perentoria de que España sea una república con un ejército republicano.