La declaración judicial de Donald Trump respecto al presunto intento de revertir el resultado electoral de 2020 por parte del expresidente demuestra que la Administración de Justicia tiene que ser independiente para poder evitar las presiones del poder a la hora de determinar sus decisiones.
Además, todos los procesos que se están dirimiendo en Estados Unidos, tanto contra Trump como contra Joe Biden, son el aval definitivo a las políticas anticorrupción implementadas por Luis Abinader en República Dominicana, políticas que, por cierto, ya fueron ponderadas y puestas como ejemplo por el propio presidente de los Estados Unidos.
Sin embargo, desde el sector trumpista norteamericano se han comprado los argumentos del trumpismo dominicano para colocar a Luis Abinader en el mismo nivel de dirigente que desprecia los derechos humanos y el estado de derecho como lo puede ser el presidente salvadoreño Bukele, un hombre que ha hecho de la tortura populista la base de su acción política.
Antes de la llegada de Luis Abinader al poder, en agosto de 2020, República Dominicana vivía en un régimen corrupto propiciado desde el mismo poder de las administraciones de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Los mayores casos de corrupción de la historia del país caribeño se dieron en esas dos décadas, corrupción que, en muchos casos, benefició a presidentes y ministros. Unos pudieron eludir la acción de la Justicia por la impunidad con la que los poderosos han vivido en RD hasta la llegada de Abinader. A otros se les ha podido aplicar la ley y están en prisión provisional en espera de juicio.
Desde el populismo dominicano, liderado por Leonel Fernández, se está pretendiendo hacer ver a nivel interior y exterior que esos encarcelamientos son una persecución política, un bulo de dimensiones bíblicas pero que pretenden hacer llegar a donde haga falta para, precisamente, utilizar dicho bulo políticamente.
Uno de los encarcelados, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, contrató los servicios de un lobista de la extrema derecha de los Estados Unidos para que fuera correa de transmisión de esas absurdas teorías de la conspiración que pretenden pintar a Abinader como un Bukele de tres al cuarto.
Guerrero ha pagado, supuestamente, más de medio millón de dólares al excongresista estadounidense Connie Mack IV, un fanático de la extrema derecha de Florida, quien ya había tenido como cliente a presidente populista de Hungría Viktor Orban. Además, cuando Donald Trump ya fue presidente, fue uno de los instigadores, junto al abogado Rudolph Giuliani, de teorías conspirativas contra empresarios críticos con el expresidente estadounidense.
Lo primero que habría que preguntarse de dónde sacó Guerrero esos 550.000 dólares y, estando en prisión, cómo pudo pagar esa cantidad a un personaje como Connie Mack IV que, siendo un absoluto analfabeto de lo que sucede en República Dominicana, fue capaz de afirmar por escrito que «el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados […] la mayoría de los líderes de su partido de oposición ahora estén presos o bajo amenaza de prisión».
Las medidas anticorrupción aplicadas por Abinader en República Dominicana pretenden derribar el régimen corrupto implantado durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Todos aquellos que han sido arrestado o encarcelados de manera preventiva tienen a sus espaldas la presunta comisión de delitos muy graves de corrupción. El hecho de la prisión preventiva, al igual que ocurre en la inmensa mayoría de las potencias democráticas, tiene que ver con, en primer lugar, evitar que se destruyan pruebas y, en segundo término, romper con el riesgo de fuga a un país sin tratado de extradición con República Dominicana.
Abinader fue muy claro en su discurso de toma de posesión: iba a luchar contra la corrupción desde el primer día, sin mirar el color político.
«Una democracia de calidad, a las puertas de la tercera década del siglo XXI, requiere una rendición de cuentas vertical. Esto supone un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado, para que ninguno prevalezca sobre otro. El gobierno debe estar sometido a una fiscalización ciudadana permanente y transparente. Eso también es democracia y no sólo la emisión puntual de la expresión ciudadana que representa el depositar una boleta en una urna cada cuatro años. Un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía exige también la existencia de un régimen justo de consecuencias para aquellos que violen la ley, sin ningún tipo de privilegio o impunidad, y de una distribución socialmente equitativa de los frutos del crecimiento económico y de la riqueza nacional. Y hoy, aquí, les digo que nuestra democracia ha sido dañada. En este punto quiero ser muy claro, preciso, y contundente. En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quede impune, el que robó dinero del pueblo, tiene necesariamente que pagar en la justicia por sus actos. De igual manera quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio: no voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia. Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia, que se traduce en inseguridad. Y ambas tienen que ser combatidas sin tregua. Quiero reiterar, para que nadie se confunda, que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro. Estoy comprometido con el pueblo dominicano, con mi familia y con la memoria de mi padre a encabezar un gobierno trasparente y ético, donde el dinero del pueblo se maneje con total y absoluta pulcritud».
Abinader, en ningún momento, ha utilizado a la Fiscalía como arma política. Todo lo contrario. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció públicamente en el mes de marzo de 2023 los esfuerzos que se están realizando en República Dominicana en referencia a las políticas anticorrupción.
El proceso contra Donald Trump es la demostración de que una justicia independiente del poder es justa y no dudará en aplicar mano dura contra quienes han atentado contra los derechos democráticos de toda la ciudadanía. Trump instigó un intento de golpe de Estado para revertir el resultado electoral a través de bulos y fake news sobre la limpieza del proceso de recuento de votos. Este mismo sistema de poner en duda el sistema democrático se ha aplicado por el trumpismo internacional cuando han perdido las elecciones en Estados Unidos, Brasil y, recientemente, en España.
Las actuaciones tanto de la Justicia de los Estados Unidos como de la República Dominicana muestran cómo la independencia del poder es fundamental para, precisamente, hacer justicia. Ante esto no sirven las prebendas, el dinero pagado de manera espuria, el lobismo o las promesas de privilegios. Abinader está cumpliendo la palabra dada al pueblo y ninguna teoría conspirativa puede impedir que el tercer poder actúe contra la impunidad de los poderosos que abusaron del pueblo y de los recursos del pueblo.
Al igual que ocurre con Trump, que no ha dudado en calificar su proceso como «causa política», los trumpistas dominicanos no han dudado en hacer lo propio afirmando que la lucha contra la corrupción de Abinader es una cuestión política para quitarse adversarios de en medio. Para quien no lo conozca, todos los que están en prisión preventiva en la actualidad no son adversarios de Abinader, no tienen ningún tipo de representación política. Por tanto, al igual que ocurre con Trump, sus propias palabras descubren su falacia.
