El Tribunal Supremo anuló la semana pasada el nombramiento de la que fuera ministra de Empleo, la socialista Magdalena Valerio, al frente del Consejo de Estado como presidenta. La sentencia se fundamentó en la falta de uno de los requisitos, el de ser «jurista de reconocido prestigio», que según la Sala Tercera, Valerio no cumple.
Las valoraciones realizadas por el gobierno, a través de su actual portavoz, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, consideran que esta decisión del Supremo «no es un ejemplo de separación de poderes».
Así lo ha afirmado recientemente en una rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministros. Si bien el Gobierno reconoce el respeto a las decisiones judiciales, «en este caso», su valoración respecto a la decisión del alto tribunal, no es positiva.
La primera vez en la historia de la democracia
«Es la primera vez en la historia que la justicia invalida un nombramiento realizado por el Gobierno, además a petición de una denuncia de una institución privada. Lo reitero, máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes», dijo la ministra portavoz del gobierno.
Desde el Gobierno de Sánchez consideran que la propuesta de Valerio había sido analizada y presentada asumiendo precisamente los requisitos establecidos por la ley, y están seguros de que la extremeña cumple con ellos.
Una entidad privada que inicia el proceso
Advierten, además, de la peligrosidad que supone que una entidad privada ponga en cuestión una decisión que corresponde al Ejecutivo.
En este sentido, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, subrayó el respeto a la Sentencia del Supremo, aunque no la compartan, «porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar la presidencia del Consejo de Estado».
El Abogado del Estado negó la legitimidad activa de la fundación Hay Derecho como entidad privada para recurrir el Real Decreto señalado.
Falta de reconocido prestigio
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló el Real Decreto 926/2022 de 31 de octubre por el que se nombró a Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.
El fallo estima el recurso interpuesto por la Fundación «Hay Derecho», que fundamenta su petición en el incumplimiento del artículo 6 de la LOCE.
Es una novedad el hecho de que el Supremo haya concedido la legitimidad activa a la organización privada, y el Tribunal lo ha hecho considerando que la entidad es autónoma, que dispone de los medios para desarrollar sus objetivos, y que sus fines fundacionales «responden plenamente a los que el legislador, al desarrollar este punto de la Constitución, ha considerado valiosos». Se afirma en la sentencia que la fundación «no es una pantalla instrumental creada para litigar», sino una entidad «que se ha creado un lugar propio en el conjunto de formaciones de la sociedad civil española que persiguen finalidades de claro interés público o social», según recoge el diario Demócrata.
Sobre el concepto de «jurista de reconocido prestigio», que no está definido expresamente en la ley, ni está establecido requisito expreso alguno, el Supremo se ha basado en la RAE para tomar su definición de «jurista» y de «prestigio». Basándose en estas definiciones, el Supremo considera que «la notoria y sobresaliente trayectoria de Magdalena Valerio acredita su profunda experiencia en Asuntos de Estado» pero que «no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio», pues «su currículum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria», de la que «no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido».
La sentencia es firme y el Gobierno debe ejecutar el fallo en un plazo de dos meses.
Ay, Beatriz. Dime dónde no ves delito, intrusión, prevaricación,…? Pero es todo tan normal en el inframundo que a esta conducta le han salido defensores; del fascismo, la iniquidad y la vileza absoluta. No hay más que ver el nivel intelectual en el organismo sancionador para percatarse del bochorno que esto produce al ser pensante, aun cien niveles por debajo de la intelectualidad: Que el único que no se entera es el españolito, deytado en el cisma de occidente con sus cheetos y su antena 3 que recoja toda onda tóxica, sólo él quien de fagocitarlo todo sin alteraciones gástricas.