El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha posicionado firmemente ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social, proponiendo modificaciones esenciales para que la nueva regulación del despido por discapacidad sobrevenida sea justa y no discriminatoria. Estas propuestas se han presentado a través de un documento en el marco de la consulta pública para la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, buscando garantizar los derechos de los trabajadores que enfrentan situaciones de discapacidad sobrevenida.
Una de las principales preocupaciones del CERMI es evitar que la extinción del contrato de trabajo se produzca de forma automática ante la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. La organización aboga por respetar la voluntad del trabajador de mantener su relación laboral, subrayando que solo si este manifiesta su deseo de no continuar, debería procederse a la extinción del contrato. Esta medida busca proteger el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, permitiéndoles decidir sobre su futuro laboral con plena libertad y consciencia.
Además, el CERMI propone clarificar y especificar qué se entiende por «carga excesiva» en el contexto laboral. Este concepto juega un papel crucial en la evaluación de las solicitudes de ajustes razonables en el lugar de trabajo, y su adecuada definición es fundamental para evitar interpretaciones que puedan resultar en discriminación hacia las personas con discapacidad.
Otro punto crítico abordado por el CERMI es la necesidad de reformar la compatibilidad entre el trabajo y la percepción de pensiones, buscando flexibilizar y adaptar la legislación a las necesidades reales de las personas con discapacidad. Asimismo, la organización propone una actualización del concepto de «ajustes razonables», con el objetivo de clarificarlo y regular sus contenidos mínimos. Esto incluye establecer una concepción objetiva que sea respetuosa con el principio de igualdad e incentive la eliminación de desventajas hacia las personas con discapacidad.
Las propuestas del CERMI no solo buscan proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad sino que también apuntan a una mayor seguridad jurídica y claridad normativa. Al asegurar que la legislación sea inclusiva y equitativa, se fomenta un entorno laboral más accesible y se promueve la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, independientemente de su condición física o mental.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Economía Social debería tomar en consideración las aportaciones del CERMI para la elaboración del anteproyecto de Ley. La adopción de estas propuestas significaría un paso adelante hacia una sociedad más inclusiva, donde el derecho al trabajo se garantice para todas las personas, sin discriminación por razón de discapacidad.
