El Consejo de Ministros aprobará hoy, vía Real Decreto la provisión de 5 millones de euros para los realojos en la Cañada Real Galiana, según confirmó la semana pasada la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tras participar en la Comité Ejecutivo del Pacto Regional para la Cañada Real.
Los propios afectados y afectadas, que llevan muchos meses sin luz, no se creen sus palabras, porque dicen, que “no han cumplido ninguna de las promesas”.
“Desde el Ministerio de Transportes y el Comisionado Infantil mantendremos reuniones con la consejera para sacar determinadas partidas para la Cañada. Cuanto más dedicación presupuestaria desmantelaremos un asentamiento que es una vergüenza para todos los que estamos aquí”, ha añadió.
Los vecinos y vecinas pierden la confianza en las instituciones
La propia ministra de ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez anunció un plan de solución integral para la Cañada Real, al que su departamento aportará recursos económicos junto con el resto de las administraciones.
En la rueda de prensa conjunta mantenida tras la reunión con la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y el concejal Territorial de Coslada, José Ventura Sousa, Mercedes González recordó su discurso de toma de posesión, hace siete meses, donde dijo que “la Cañada Real es el gran drama de la Comunidad y una cuestión de dignidad que afecta especialmente a mis convicciones personales”.
Declaraciones de las que desconfían en la Cañada
Los afectados y afectadas, que llevan muchos meses sin luz, no se creen sus palabras, porque dicen, que “no han cumplido ninguna de las promesas”. Además no creen en los desalojos, que serán a largo plazo y lo que quieren los vecinos son medidas a corto.
Por eso, las palabras de la delegada, que señaló que “si hay que hacer oír a alguien, los primeros que lo merecen son los 1.800 niños, 200 menores de dos meses, que malviven allí”, llegan tarde y suenan a promesas vacías.
Emergencia social pero con la linterna de un móvil
La delegada del Gobierno en Madrid señaló que se trata de una emergencia social. Pero estas palabras llegan tarde, después de más de un año sin luz, con los niños y niñas que quieren estudiar, lo hacen con velas, o con la linterna de un móvil.
Durante estos meses, se han reunido con los alcaldes de Madrid y de Rivas, con la consejera de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad, así como con diversos cargos de la Administración General del Estado, además de voluntarios y mediadores sociales que trabajan sobre el terreno.
En su reunión con la presidenta Isabel Díaz Ayuso el pasado 5 de octubre dijo: “Hay que revitalizar e impulsar el Pacto Regional por La Cañada Real, abordando de una vez por todas la solución de fondo de este ámbito: los realojos”, pero no se hizo nada.
Los niños y niñas no pueden esperar tres años
La Cañada precisa de un impulso de todas las administraciones implicadas, poniendo un objetivo concreto y medible: “el desmantelamiento de las viviendas en un plazo medio no superior a 3 años. Estamos hablando de 200 millones de euros aproximadamente, que con la implicación y la determinación política de todos podríamos abordar en el medio plazo”, señaló González.
Desde el 28 de septiembre está constituido el Grupo de Trabajo Interministerial para coordinar la actuación de las distintas administraciones del Estado, tal y como se comprometió el Gobierno de España ante la ONU. Forman parte de este grupo, que coordina la delegada, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil.
Propuestas del Ministerio de Transportes
En su comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado, para informar sobre las líneas generales de la política del Ministerio, la ministra ha señalado su compromiso para establecer mecanismos y aportar los recursos suficientes con los que conseguir una solución integral, estructural y permanente para la Cañada Real.
Para ello, según ha informado, el Ministerio, en una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, ha propuesto y, posteriormente, acordado con la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid y la Delegación del Gobierno en Madrid la creación de una comisión entre las administraciones implicadas. Esta tendrá como objetivo la elaboración de un plan que garantice los realojos y la atención a las personas y que cuente con los recursos que serán aportados por las administraciones intervinientes.
Un compromiso a largo para los realojos
Se trata de la primera vez, y a instancias de este Ministerio, en la que se alcanza un compromiso de esta magnitud no solo para la elaboración de un plan eficaz sino para que este cuente con los mecanismos y recursos necesarios para su consecución.
En todo caso, tendrá que ser la comisión la que determine el plan, las acciones a desarrollar, el tiempo necesario para ello y la cuantificación suficiente de recursos económicos para alcanzar una solución al problema que muchas familias sufren desde hace muchos años en Madrid.
Todas estas medidas son a largo plazo, a corto no se hace nada para aliviar evitar y paliar la falta de luz de miles de niños y niñas que no son delincuentes, solamente menores con derecho a unas mínimas condiciones de vida, como ha reclamado el relator de la Naciones Unidas.
