Ni veinticuatro horas ha tardado el Gobierno en volver a rectificar. Si ayer vendió a bombo y platillo un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para dejar sin efecto los artículos de la Ley de Amnistía de 1977 que favorecieron la impunidad de los crímenes franquistas, hoy Félix Bolaños ha tenido que salir a la palestra para aclarar que nada más lejos, que ellos no van a derogar nada, que la Transición es sagrada y no se toca.
Que la gente del PSOE vuelva a caer en el miedo reverencial ante el fantasma de Franco es algo hasta cierto punto lógico. Llevan doblando la cerviz desde que Felipe González renunció al marxismo en Suresnes. Pero que Unidas Podemos, el partido que venía para meterle combustible a la languideciente izquierda republicana española, caiga también en rectificaciones bochornosas para no soliviantar a las derechas franquistas de este país ya produce más tristeza y desazón.
La Ley de Amnistía fue en realidad la Ley de la Amnesia. Con la excusa de que podía estallar una segunda guerra civil, a los españoles se nos dijo que debíamos olvidar, que no era conveniente remover el pasado ni llevar a los genocidas de la dictadura ante un tribunal de derechos humanos como había ocurrido en Alemania tras el final del nazismo. Aquí se nos vendió el cuento de la reconciliación, del perdón y la concordia entre hermanos españoles cuando está claro que aquello fue una última renuncia de los perdedores, una claudicación humillante mientras los asesinos, los expoliadores y los vampiros se cambiaban el traje de fascista por el de demócrata y se adaptaban a los nuevos tiempos. Aquel texto legal, bueno es recordarlo, salió adelante con el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias (menos el PP), pero se hizo bajo el chantaje de los poderes fácticos franquistas todavía latentes y con el miedo en el cuerpo de los españoles a otro golpe de Estado y a otra guerra civil.
Ayer nuestro Gobierno nos hizo vivir un espejismo inadmisible (más bien una estafa) cuando a última hora de la tarde anunció una enmienda pactada por socialistas y podemitas para supuestamente derogar los polémicos artículos de la Ley de Amnistía (más bien ley de punto final) que garantizaban la impunidad de los jerarcas franquistas. En realidad, lo que se presentó como un gran avance tampoco era para tanto, ya que la mayoría de los genocidas no viven y será imposible hacer justicia con ellos. El juez Garzón empleó ese mismo ardid en 2008, cuando procesó por crímenes contra la humanidad a 35 muertos (el dictador Franco y otros 34 militares que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la Segunda República), a los que acusó de haber llevado a cabo un siniestro y sistemático plan de exterminio contra republicanos y disidentes que terminó con 130.000 desaparecidos. Desde entonces sabemos que será imposible hacer justicia y reparar tanta sangre inocente derramada (todo quedó archivado y Garzón fue inhabilitado), pero al menos el anuncio de ayer del Gobierno reconfortaba a los familiares de los represaliados y venía a traer algo de justicia moral, aunque solo fuera simbólica.
Sin embargo, algo debió pasar a última hora de la tarde en Moncloa cuando hoy Bolaños ha tenido que salir apresuradamente ante la prensa para matizar y negar que la enmienda suponga una derogación total de la Ley de Amnistía. Lo que ocurre, según el ministro, es que el artículo 2 apartados e y f de la vieja ley del 77 (los que dejan impunes los delitos cometidos por las autoridades, funcionarios y agentes del orden público durante la dictadura), deben ser interpretados a la luz de los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por España. Acabáramos. Bolaños viene a decirnos que la enmienda a la Ley de Memoria Democrática “no cambia” la situación jurídica en España, sino todo lo contrario, lo que hace es ratificar la vigencia de la Ley de Amnistía y contextualizarla. Es decir, que no hemos salido de la Transición.
Que la izquierda de este país temblara y sintiera miedo en 1977 por el contexto histórico, el ruido de sables y la amenaza de golpe es hasta cierto punto lógico. España necesitaba dejar atrás la dictadura y que los presos políticos salieran a la calle, aunque ello fuera a costa de perdonar a los verdugos de Franco. Pero que hoy, en pleno siglo XXI, los partidos progresistas sigan sintiendo ese mismo temor reverencial y se nieguen a hablar de derogar una ley como la de amnistía que va contra la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos integrados en el ordenamiento jurídico español es sencillamente esperpéntico y patético.
Una vez más, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha puesto el dedo en la llaga al acusar al Gobierno de tratar de “engañar a la gente”, de “vender humo” y de actuar con “un triunfalismo absurdo” en el asunto de la polémica enmienda. Y tiene toda la razón. Si de lo que se trataba aquí era de decirnos que todas las leyes promulgadas desde 1977 se interpretarán y aplicarán de conformidad con la legalidad internacional vigente (según la cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de tortura no prescriben nunca) el Gobierno podría haberse ahorrado una lección que ya conocen todos los españoles. Desde la Constitución de 1978 este país acepta y asume los convenios exteriores sobre derechos humanos. Pero no es esa la cuestión. Lo que se estaba jugando con la nueva Ley de Memoria Democrática era si más 44 años después un Gobierno democrático tenía el valor suficiente para dar por derogada la Ley de Amnistía, una infame legislación de punto final que permitió que los locos genocidas del Régimen se fueran de rositas. Y para eso, a la vista de lo que dice el lacónico Bolaños, no ha habido coraje. Otra oportunidad perdida para dignificar nuestra democracia.
