El Gobierno ha expresado su firme determinación de presentar un recurso ante diversas entidades internacionales y europeas, en respuesta a las iniciativas legislativas adoptadas por los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana, liderados por coaliciones del Partido Popular (PP) y Vox. Estas medidas autonómicas, según el Ejecutivo central, contravienen los principios y valores fundamentales establecidos en la Ley de Memoria Democrática, promulgada por la anterior legislatura bajo el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.
La gravedad percibida de estas acciones ha motivado al Gobierno de España a elevar la cuestión ante el Relator Especial sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación y el Relator sobre las Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. El objetivo es someter a evaluación la conformidad de las referidas medidas autonómicas con las normativas internacionales sobre Derechos Humanos a las que España se ha comprometido, así como con las mejores prácticas internacionales en esta materia.
Paralelamente, el Gobierno ha anunciado su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional español, solicitando la revocación de aquellos aspectos de las iniciativas que considera infringen la ley nacional sobre memoria histórica. Esta ley busca reconocer y ampliar los derechos de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, fomentando una recuperación digna y justa de la memoria histórica.
Europa
En el ámbito europeo, el Ejecutivo promoverá el debate en el Parlamento Europeo a través del Grupo de los Socialistas y Demócratas, con la finalidad de incluir este asunto en el orden del día para su discusión y votación. Adicionalmente, se apelará al Consejo de Europa, alegando la posible violación de varias disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de las leyes aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox, y se promoverá un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria de dicho organismo.
Este compendio de medidas refleja la seriedad con la que el Gobierno español aborda la protección de la memoria democrática y los derechos humanos, frente a iniciativas que percibe como contrarias a estos principios. Asimismo, se solicitará la elaboración de un informe por parte del Consejo de Europa sobre la situación de la memoria democrática en España.
Si encontramos unos restos neandertales, los exhumamos; si encontramos unos restos romanos, los exhumamos; si encontramos restos humanos recientes, los exhumamos para averiguar quién es, si ha muerto por accidente o por violencia, qué ha pasado. En los países civilizados, todos los restos humanos no identificados, se exhuman, se investigan, y, si se puede, se identifican. Si alguien se opone, es porque no tiene la conciencia tranquila.