El necesario y urgente cambio de la ley de secretos oficiales

Un grupo de juristas, entre los que se encuentran el instructor del caso Noos, José Castro, y Juan Pedro Yllanes, el magistrado que tenía que presidir el juicio de ese mismo caso pero que renunció para presentarse en las listas electorales de Podemos, han enviado un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que le piden que desclasifique toda la documentación en torno a los sondeos de opinión que Adolfo Suárez encargó antes de la aprobación de la Constitución en los cuales la mayoría de los encuestados se pronuncian a favor de la tercera república.

Se sabe que existen porque el primer presidente del Gobierno de la transición lo reveló en una entrevista, en 1995, señalando que introdujo, en la famosa ley de reforma política que dinamitó las estructuras franquistas, la figura del rey, legitimando la monarquía, con lo cual cerraba las puertas a un referéndum sobre la forma de Estado. Esos documentos nunca han salido a la luz pública porque están regulados por la anacrónica ley de Secretos Oficiales que, en varias ocasiones, se ha pedido su reforma o sustitución.

Precisamente esta petición coincide con el anuncio de que el gobierno va a remitir al juzgado número 1 de Barcelona la documentación que el juez Joaquín Aguirre ha pedido sobre la llamada “operación Pegasus” en lo que se refiere a los hackeos de los teléfonos móviles de los altos cargos de la Generalitat, que también se encuentra clasificada como materia reservada. Estos días se está hablando mucho de esos documentos que no salen a la luz acogiéndose a una ley franquista que prohíbe la difusión, sin fecha de caducidad, de informes tan sensibles como es, por poner un ejemplo, la actuación de la “brigada política” del ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy. La existencia de este grupo se conoce porque salió a relucir a raíz de las investigaciones judiciales llevadas a cabo en la pieza separada 7 del Caso Villarejo que instruye Manuel García Castellón, la llamada “operación Kitchen” de espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Ahora, una buena parte de esas actuaciones puede acabar por trascender a la opinión pública si prosperan los trabajos de la comisión parlamentaria que investiga la “operación Catalunya”.

En la carta que los juristas envían a Grande Marlaska se recuerda que, a micrófono cerrado, Suárez comentó a su entrevistadora, la periodista Victoria Prego, que lo hicieron de esa manera porque manejaban encuestas en las que se señalaba que la república era el modelo preferido de los españoles. Así pues, no se dio oportunidad a que los ciudadanos se pronunciaran.

Además, los firmantes de la carta también piden que se hagan públicos los resultados de las elecciones que se celebraron durante la Segunda República, las referidas a 1931,1933 y 1936, para acabar con el argumento de la extrema derecha de que esos comicios fueron amañados, un bulo que últimamente se va propagando. “Consideramos lógico que Interior no incluya los resultados de las convocatorias a cualquier clase de elecciones o referéndums celebrados durante la dictadura franquista por no existir libertades ni derechos políticos, pero sí fueron democráticas todas las elecciones que se celebraron durante la II República, especialmente a partir de las primeras en las que pudieron votar las mujeres”, argumentan los expertos quienes señalan que esta información no aparece en la página web del ministerio.

No es la primera vez que se pide la desclasificación de informes y documentos que se considera que no afectan a la seguridad del Estado y que son de interés para la población. En la anterior legislatura, el diputado de IU, Vicenç Vidal, hizo una pregunta al gobierno sobre la desclasificación de las encuestas sobre la monarquía elaboradas en la época en la que gobernó la UCD de Adolfo Suárez.  La respuesta del gobierno fue que se estaba elaborando una nueva ley de Información Clasificada que pretendía sustituir a la ley de Secretos Oficiales. “El Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”, respondió el Ejecutivo. La convocatoria de elecciones anticipadas interrumpió la tramitación de la nueva norma que dividía en cuatro categorías la información clasificada: alto secreto, secreto, confidencial, y restringido. El Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial se pronunciaron sobre el texto aprobado en Consejo de ministros y, una vez efectuado el trámite, se remitió al Congreso para su debate y aprobación.

El Consejo General del Poder Judicial advirtió, en su dictamen, que se echaba en falta en el texto el acceso de los ciudadanos a la información clasificada: “ninguna mención aparece en el anteproyecto sobre el acceso de los ciudadanos a la información clasificada, por lo que se entiende que dicho silencio puede suplirse con la regulación contenida en la ley de Transparencia. Sin embargo, la exposición de motivos del anteproyecto excluye de forma expresa la información clasificada del régimen general previsto en la ley de Transparencia, por lo que se recomienda incluir en el articulado del anteproyecto el proceso que regule el acceso de los ciudadanos a la información clasificada”, se señala en la ponencia del vocal conservador Wenceslao Olea que coincide con el análisis efectuado por los juristas de todo el espectro ideológico.

Por lo tanto, en este anteproyecto de ley, que ahora puede acabar por ser rescatado por el nuevo ejecutivo, existen lagunas importantes. Es insuficiente para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Es necesaria la inclusión de modificaciones para dar mayor transparencia a las actuaciones de las administraciones públicas consideradas materia reservada. Porque no vale sólo con que un juez pida una documentación reservada. La ciudadanía tiene derecho a conocer todo tipo de detalles de la actuación de los poderes públicos sólo con una salvedad: que esa información no ponga en riesgo la seguridad del Estado. Es necesaria, ya, la nueva ley. Es necesaria y urgente para que no haya que ejercer presión alguna para conocer aspectos de la sociedad civil que deben de ser de general conocimiento.