El nuevo dictamen que están elaborando los vocales conservadores del CGPJ sobre la amnistía es ilegal

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder judicial trabajan en la elaboración de un dictamen sobre la proposición de ley de amnistía que puede ser ilegal. Justifican este nuevo informe en que el Senado le lo ha pedido. La cámara alta no puede solicitar un informe sobre esa proposición de ley porque ni siquiera ha sido remitida por el Congreso por lo que no hay nada que dictaminar. El CGPJ sólo está habilitado para efectuar informes de proyectos de ley aprobados en Consejo de Ministros. No tiene competencia sobre aquellos que presentan los grupos parlamentarios. Por lo cual se llega a la conclusión de que lo que van a hacer los vocales conservadores es un dictamen testimonial que no tiene otro valor que el de servir de caja de resonancia para satisfacer las aspiraciones de quienes les nombraron, el Partido Popular, que les sigue manteniendo inconstitucionalmente.

En Génova les da lo mismo. Para ellos, lo importante es mantener la crispación como sea, incluso utilizando medios jurídicos que actúan de espaldas a la realidad social. Esta actitud  traspasa las líneas rojas hasta tal punto que un grupo de abogados progresistas se han dirigido a la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, denunciando “la falta de neutralidad” de algunos jueces españoles en torno a la ley de amnistía. En un escrito remitido a la funcionaria del alto organismo internacional, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE, manifiesta su “grave preocupación por los diversos sucesos y pronunciamientos realizados por parte del poder judicial”. Tras las elecciones, y con la formación del nuevo Gobierno y las negociaciones entre PSOE y Junts, ADADE indica que se ha producido una “situación inédita de crispación de los actores judiciales” que tienen “graves consecuencias negativas para el cumplimiento de los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad que debe presidir su actuación”.  La Asociación pide la intervención de Satterthwaite para acabar con este estado de cosas.

Los abogados progresistas europeos no dicen ninguna mentira. El pleno del CGPJ, sólo con la mayoría de los vocales conservadores, no hace más que pronunciarse en contra de una norma que ni siquiera se ha formalizado, que se está discutiendo en el Parlamento. Algunos magistrados de tribunales y decanatos se han posicionado desfavorablemente a la ley sin, siquiera, analizarla y rompiendo, de esta manera, el principio de neutralidad que se les exige. Además, se están saltando la ley que ellos mismos deben respetar por mandato de la Constitución.

Pero ya no son los jueces los que sortean la normativa. Una cámara que representa la soberanía popular como es el Senado, debería ser la primera instancia en hacer respetar la legalidad vigente. Y esa legalidad no regula su competencia en materia de petición de dictámenes. Si están manifestando que la amnistía es inconstitucional porque no figura en la Carta Magna deberían aplicar el mismo rasero a la petición de informes a las instituciones del Estado que no tienen capacidad de decidir y sólo pueden expresar opiniones que no tienen carácter vinculante. En el caso de la ley de amnistía, ni siquiera la proposición ha entrado en la cámara de representación autonómica porque se está discutiendo en el Congreso. Y aquí habría que aplicar la justificación que utiliza el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, para no pronunciarse sobre el texto: no se sabe lo que ocurrirá durante su trámite en la cámara baja. Pueden aprobarse enmiendas que modificarían la norma. Mientras el pleno no haya aprobado definitivamente la proposición de ley, algo que ocurrirá antes de final de este mes, pero que todavía tardará unos días, nadie debe pronunciarse. Aún así, el Senado, obviando toda lógica parlamentaria, ha decidido pedir al Consejo General del Poder Judicial un informe sobre no se sabe bien qué cosa. Y los vocales conservadores han tomado buena nota de la petición y se han puesto a trabajar.

¿Para qué? ¿Para decir lo mismo que ya dijeron hace unas semanas? ¿Qué la amnistía es ilegal? ¿Qué rompe la separación de poderes y acaba con el estado de derecho en España? Porque lo que no pueden hacer es analizar punto por punto una norma que todavía no han aprobado los diputados.

Pero es que, además, el Consejo General del Poder Judicial no puede dictaminar a petición del Senado. Sus competencias están muy claras en la ley orgánica que regula su funcionamiento. Sólo pueden emitir informes de los proyectos de ley aprobados en Consejo de Ministros. No pueden valorar las iniciativas parlamentarias. Eso es tanto como interferir en la labor de los representantes de la soberanía popular.

Pero no es de extrañar porque ya ha habido instituciones que lo hicieron. Sin ir más lejos, no hace ni un año todavía, el pleno del Tribunal Constitucional prohibió la tramitación de una norma que modificaba su renovación. Se generó una crisis institucional de tal envergadura que sólo el pánico de los vocales del CGPJ que estaban bloqueando dicha renovación, permitió, al final, la designación de sus dos candidatos. De esta manera, la intolerable intromisión del TC en la labor parlamentaria se dio por concluida. Pero, desde entonces, en la opinión pública ha quedado patente la posibilidad de que los profesionales de la carrera judicial de este país sientan la tentación de intervenir en las decisiones de los políticos. Y esa sensación es la que se está pagando ahora. Por eso los jueces deben callar. Porque ya las han hecho, y bastante gordas.