El oro supera a la cocaína como la mayor fuente de ingresos criminales

La minería ilegal de oro se ha convertido en una fuente de ingresos muy rentable para los grupos del crimen organizado y, por extensión, en una gran preocupación para las autoridades debido a sus impactos sociales y ambientales.

El oro, la nueva cocaína

El crimen organizado y los grupos armados ilegales se dedican a la extracción ilegal de oro para financiar otras operaciones delictivas, como el tráfico de drogas, el contrabando, la extorsión y la trata de personas, generalmente utilizando los mismos métodos y rutas para contrabandear el oro o blanquear las ganancias.

Este comercio ilegal se ha vuelto muy atractivo para los delincuentes. Además, estos grupos se aprovechan de la limitada presencia estatal en las zonas rurales, realizando operaciones sin presiones de los gobiernos y enfrentando menos riesgos que los que enfrentarían con las drogas.

Los precios internacionales del oro se han disparado desde mediados de 2020 debido a la pandemia y se han mantenido en niveles elevados. A partir de 2023, un kilogramo de oro vale más de 60.000 dólares. Al mismo tiempo, debido a la pandemia, los precios de la cocaína han bajado hasta un 73%. Recientemente, estudios han encontrado que la minería ilegal de oro es una de las economías ilegales de más rápido crecimiento, no solo en Colombia sino también en otros países andinos ricos en oro. El oro ilegal ahora se considera la “nueva cocaína” en términos de rentabilidad.

Impactos en Colombia

La minería ilegal de oro en Colombia ha sido un gran problema ambiental y social durante décadas. Tiene impactos ambientales significativos debido al uso de sustancias peligrosas como el mercurio que contaminan ríos y bosques y representan una amenaza para la salud de las comunidades.

La Contraloría General de Colombia ha afirmado que las operaciones de minería ilegal afectan a más de 500 hectáreas de bosque por día, lo que equivale a 1.000 estadios de fútbol y que ocurre principalmente en los departamentos de Amazonas y Chocó. En 2020, se estimó que aproximadamente el 69% de la producción de oro del país provino de actividades de minería ilegal. En 2022, la participación ha aumentado al 85% y el 66 por ciento tiene lugar en parques naturales y reservas forestales. Además, es importante mencionar que la minería informal representa el 70% de la minería total en Colombia. Aunque es importante señalar que no todas las actividades mineras informales son delictivas, sin embargo, la minería informal o no regulada plantea riesgos elevados para el uso de mercurio y el daño ambiental.

Crímenes muy rentables

Grupos del crimen organizado bien establecidos, que a menudo se denominan BACRIM y grupos guerrilleros ilegales están realizando actividades ilícitas relacionadas con la minería aurífera en muchas regiones de Colombia. Sus actividades incluyen extorsionar a mineros, sobornar a funcionarios, adquirir minas legales, extraer oro ilegalmente y blanquear sus ganancias a través de empresas legales.

Tras la desmovilización de las FARC en 2017, varios campamentos permanecieron cerca de las zonas mineras de oro, especialmente en Antioquia, Cauca y Chocó. Mientras tanto, el ELN y las BACRIM permanecieron cerca de zonas de extracción de oro en Antioquia, Chocó, Nariño y Sur de Bolívar. Por otro lado, el Clan del Golfo se convirtió rápidamente en uno de los grupos criminales más dominantes en Colombia. Hasta la caída de su líder , Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, el Clan del Golfo estuvo tomando el control de las minas, lícitas o ilícitas, artesanales o multinacionales, mediante el uso de la violencia. En 2021, el ejército colombiano y unidades de inteligencia anunciaron su captura; sin embargo, algunas células locales aún mantienen actividades de minería ilegal.

La relación entre la minería ilegal y los grupos del crimen organizado se hizo evidente una vez más cuando estalló el escándalo CIJ Gutiérrez en 2019 que involucra a uno de los mayores comerciantes de oro de Medellín. La Fiscalía anunció la detención de varios ejecutivos y afirmó que la supuesta red había blanqueado cerca de 600 millones de dólares entre 2006 y 2016.

El comerciante de oro supuestamente blanqueó oro de origen ilegal a través de empresas fachada y proveedores inexistentes. Muchas de las irregularidades pasaron desapercibidas en los procesos de debida diligencia de las entidades financieras; la empresa utilizó pagos intensivos en efectivo para dificultar el seguimiento de los fondos. Este modus operandi ya era familiar para las autoridades colombianas desde el escándalo de Goldex que estalló en 2015, cuando la oficina del Fiscal General alegó que el exportador de oro colombiano Goldex lavó aproximadamente 1.000 millones a través de métodos similares.