El PP reniega del espíritu de la Transición

Desde la misma noche en que se conocieron los primeros resultados de las elecciones generales del 23 de julio se supo que los partidos independentistas catalanes iban a tener una importancia capital si se quería formar gobierno. Junts, el partido de Carles Puigdemont, se convirtió en la llave de la Moncloa. Eso supone un gravísimo problema político para muchos ciudadanos que están siendo desinformados por la entente mediática de la derecha y de los ultras.

Hay que partir de la base que ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz pueden hacer nada que vaya en contra de la ley y de la Constitución. Hacerlo supondría la comisión de un delito de prevaricación e, incluso, si se retuercen mucho los textos legales, de alta traición.

Por otro lado, hay que entender que en la España tradicional, la que no tiene anhelos nacionalistas ni que dispone de elementos diferenciales, existe una fobia a todo lo que suene a Cataluña y País Vasco, principalmente. Por tanto, se pone muy fácil el argumentario cuando los partidos catalanes han puesto como condición para negociar la aprobación por parte del gobierno de una ley de amnistía para todos los procedimientos relacionados con el procés.

Para entender lo que significa la amnistía hay que hacer una potente acción pedagógica que, por cierto, ni el PSOE ni Sumar están haciendo. En primer lugar, una amnistía no es un indulto y, por tanto, tiene implicaciones legales diferentes. Lo que sí está claro es que la amnistía no es sinónimo de clemencia, sino que es una decisión política que, desde la muerte del dictador asesino Francisco Franco, se ha aplicado en varias ocasiones en España, unas acertadas, otras manipuladas y otras evidentemente desastrosas.

En el caso de la amnistía para el proceso político en Cataluña, es evidente que es una medida acertada, por más que a la España mesetaria le siente mal. En Cataluña hay un grave conflicto político que, durante los últimos años, ha ido reduciendo su virulencia gracias a las estrategias de diálogo, es decir, el resultado contrario al obtenido por la derecha cuando su única forma de manejar dicho conflicto era la violencia y el enfrentamiento con el único fin del exterminio del independentismo catalán.

Los procesos políticos no pueden afrontarse con miles de personas encarceladas o encausadas por asuntos en los que no existen delitos de sangre. Así se hizo durante la Transición. Tras la muerte del dictador era imposible afrontar la implantación de una democracia plena si las cárceles estaban llenas de presos políticos y los tribunales atestados de procesos relacionados con las libertades y derechos democráticos.

Por eso en julio de 1976, en plenas vacaciones estivales, tras el nombramiento de Adolfo Suárez y mientras Torcuato Fernández Miranda redactaba el primer borrador de la «Ley de Reforma Política», el real torcedor que inició la Transición, se publicó el Real Decreto-Ley 10/1976 que concedía la amnistía «por todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales, en tanto no hayan puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas o el patrimonio económico de la Nación a través del contrabando monetario, ya se hayan cometido dentro o fuera de España, siempre que la competencia para su conocimiento corresponda a los Tribunales españoles».

Tras la aprobación de la Ley de Reforma Política en las Cortes y en referéndum y la celebración de las primeras elecciones libres desde el 16 de febrero de 1936, la llegada de la democracia a España debía certificarse con una gran amnistía. De esa necesidad política nació la Ley de Amnistía de la que, por cierto, también se aprovecharon los asesinos y torturadores del franquismo.

Según la Ley de Amnistía quedaban amnistiados «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis».

Desde la Transición, el único gran conflicto político que ha existido en España sin que mediara el uso de las armas ha sido el procés catalán. La derecha, el nacionalismo español y la extrema derecha pretendieron frenar ese conflicto a través de la violencia institucional y sólo les faltó enviar a la Legión, lo que, en algunos casos, es el sueño húmedo de una parte de la población española. La cabra de la Legión paseando por las Ramblas es una imagen que pone cachonda a demasiada gente en España.

Para dejarlo claro y cerrar bocas llenas de impudicia que sólo pretenden envenenar a la ciudadanía o, directamente, provocar una rebelión, la amnistía que se está estudiando es perfectamente legal y constitucional, tal y como han señalado cientos de expertos juristas, entre los que se encuentran ímprobos constitucionalistas, en las últimas semanas. Ya no se trata de si esa amnistía es la puerta que abre la reedición del gobierno de Pedro Sánchez o de si se tienen que repetir las elecciones. En sí misma, la amnistía en Cataluña es fundamental porque la ciudadanía no se puede permitir que la democracia española y las profundas reformas sociales que precisa estén condicionadas por un conflicto político y territorial.

Eso sí, la ciudadanía tampoco puede permitirse que el gobierno esté condicionado por los caprichos o las reivindicaciones de un partido que ha dicho por activa y por pasiva que la estabilidad política de España y el bienestar de sus ciudadanos les importa muy poco. Pedro Sánchez debería saber, y si no lo sabe aquí lo tiene, lo que ocurre en los gobiernos municipales cuando la gobernabilidad está condicionada por un concejal de un partido independiente minoritario. Al final, quien gobierna es ese concejal. Eso le puede suceder a él porque Junts no es un partido fiable que, además, arrastrará a ERC y al resto de partidos nacionalistas e independentistas de otros territorios.

Sin embargo, los ataques del PP a esa amnistía son la muestra de cómo en el partido liderado, de momento, por Alberto Núñez Feijóo se ha renegado del espíritu de la Transición por su sectario patrioterismo español.

Existe suficiente jurisprudencia constitucional como para entender que hay una clara intención electoralista en la posición adoptada por el Partido Popular. Por otro lado, la presión del sector más ultra de la formación conservadora, liderada por Isabel Díaz Ayuso, es demasiado grande para un hombre como Feijóo al que le quedan los días contados para seguir al frente del PP. Hay que endurecer la posición antes de la investidura fake que tendrá lugar a partir del día 26 de septiembre.

En esa sesión de investidura, en la que Feijóo se enfrentará a la realidad que no ha querido ver hasta ahora, su discurso se centrará más en la amnistía que en el proyecto que presentará a los españoles.

Por tanto, el PP ha demostrado que la Transición le importa muy poco salvo cuando puede obtener rédito político o electoral. Como con todo lo demás.