Ni los cien días de cortesía han dado los periodistas de la derecha mediática al nuevo Tribunal Constitucional. La designación de ponencias y la prioridad de los trabajos han servido para iniciar los ataques a la institución a sabiendas de que la mayoría, ahora, es de tendencia progresista. El hecho de que vaya a ser el recurso contra la ley del aborto de 2015 el asunto prioritario a abordar, y que la magistrada Laura Díez, ex alto cargo del gobierno, haya sido propuesta ponente de los recursos contra la ley Celaá y la normativa catalana que sortea la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en castellano, confirma, según estos periodistas, que “el tribunal de garantías ha sido secuestrado por Pedro Sánchez y sus socios”
Argumentan que Laura Díez es incompatible con la elaboración de la ponencia sobre el “recurso del 25%” porque fue nombrada, en 2022, por el Parlamento de Catalunya vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias. Este organismo se encarga de adecuar las leyes catalanas al Estatuto de Autonomía y a la Constitución, y dio el visto bueno a la normativa que cuestiona el 25% de la enseñanza en castellano.
En cualquier caso, y para evitar suspicacias, Laura Díez, según fuentes jurídicas, ha manifestado que piensa abstenerse en el recurso del 25% de enseñanza en castellano. Pero no ha dicho nada de lo que va a hacer en el de la reforma educativa. La ley Celaá se aprobó cuando ella era directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del ministerio de la Presidencia. En este caso, la hipotética relación de la magistrada con la elaboración de la nueva normativa es bastante lejana. No tiene nada que ver su cargo con lo que pudieron perfilar desde el ministerio de Educación. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que Isabel Celaá contaba con un equipo técnico muy cualificado. No necesitaba para nada de la coordinación del ministerio de la Presidencia.
La otra crítica de la prensa conservadora se refiere a la prioridad establecida por el presidente, Cándido Conde-Pumpido. El recurso sobre la ley del aborto de 2015 aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, debe ser resuelto de una vez por todas. La mayoría conservadora del TC lo congeló porque, según los juristas, existen pocos argumentos para aceptar el fondo de la cuestión que describe el PP. En otras palabras, que es bastante probable que el Tribunal Constitucional tenga que rechazar este recurso. De ahí que la resolución se haya dilatado durante trece años. Una situación verdaderamente escandalosa que ha restado credibilidad al órgano de garantías.
En el primer pleno que se celebrará este mes de febrero se debatirá este recurso. Y en el siguiente, el recurso sobre la ley de eutanasia. Un recurso presentado por el PP y Vox que consideran que la norma va contra el derecho a la vida. A primeros de marzo será cuando se debata el recurso contra la reforma educativa. Estos tres asuntos son los prioritarios, según Conde-Pumpido, porque “tienen más antigüedad y revisten mayor calado político y social”.
Pero, además, el nuevo TC da prioridad a asuntos tan importantes como el amparo solicitado por el exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, quien fue inhabilitado al ser condenado por, presuntamente, agredir a un agente de la policía durante una manifestación. Este asunto requiere de una respuesta urgente ya que está a punto de concluir la legislatura sin que se haya resuelto esta situación anómala.
El impulso que pretende dar Conde-Pumpido al nuevo Constitucional obliga a poner a trabajar a todos los magistrados de tendencia progresista. Los conservadores no muestran mucha disposición a colaborar. Prefieren mantenerse al margen a sabiendas de que fuera de la institución, se está mirando con lupa el trabajo del nuevo equipo de gobierno con la intención de buscar resquicios para criticar el trabajo del organismo y, así, seguir sustentando la tesis de que “está secuestrado por Pedro Sánchez y la izquierda”
