En defensa del Tribunal Constitucional

Ojalá sea verdad y los abogados del Partido Popular dejen de presentar recursos de inconstitucionalidad. Terminaría el mayor abuso cometido en el Tribunal Constitucional que ha durado desde su fundación allá por el año 1980. Fue a Manuel Fraga, presidente de la Alianza Popular de la época, al que se le ocurrió la idea de presentar recursos de inconstitucionalidad contra todas las leyes aprobadas por el Parlamento con el fin de paralizar su aplicación ya que, por aquél entonces, era casi segura la suspensión cautelar de la norma recurrida. Alianza Popular paralizó, durante años, las leyes aprobadas por los gobiernos del PSOE que tenían mayoría absoluta en el Parlamento. Era su manera de contrarrestar lo que ellos llamaron “rodillo socialista”. Hasta que una reforma de la ley orgánica limitó las suspensiones cautelares y se le acabó el chollo a la derecha.

Ya no quedaba otro remedio que intentar instrumentalizar el Constitucional mediante la negociación de las candidaturas  de los magistrados elegidos por el Parlamento ya que, en lo que se refiere al gobierno, tuvieron que esperar a que José María Aznar accediese a La Moncloa en 1995 para poder designar a los dos miembros que corresponde al ejecutivo. Es, a partir de ahí, y prácticamente hasta ahora, cuando la derecha judicial se hizo con la mayoría de la Corte de Garantías que siempre ha sentenciado a favor de sus intereses. El primer presidente fue Manuel García Pelayo, designado por la UCD cuyo mandato concluyó en 1986. A partir de ahí, los ejecutivos de Felipe González colocaron magistrados alejados del poder político, aunque de ideología progresista como fue el catedrático Francisco Tomás y Valiente, y Miguel Rodríguez Piñero, catedrático de Derecho del Trabajo, y consejero permanente del consejo de Estado al que tampoco se le conoce adscripción política aunque es reconocido por su proximidad a Felipe González que fue alumno suyo en la Facultad de Derecho de Sevilla.

Cuando el Partido Popular accedió al poder la cosa cambió. Personas próximas a Aznar acabaron presidiendo la Corte de Garantías. Tal es el caso del que fue ministro con UCD, Manuel Jiménez de Parga. Pero es a raíz de la controvertida sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya, en la etapa en la que presidía la institución una progresista, María Emilia Casas, cuando las cosas cambian, y los nuevos titulares dejan de disimular sus afinidades políticas. Son los casos de Pascual Sala,  Francisco Pérez de los Cobos que era militante del PP, Juan José González Rivas quien, en un voto particular sobre la sentencia acerca de la constitucionalidad del matrimonio homosexual, llegó a decir que «la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio desnaturaliza la esencia de la institución», y el todavía recordado Pedro González Trevijano porque durante su mandato se generó la mayor crisis institucional de este país al admitir a trámite las medidas cautelarisimas pedidas por el grupo popular contra la reforma de la ley orgánica del TC en lo que se refería al sistema de elección de sus miembros.

La elección de cuatro magistrados del TC se encontraba bloqueada. La mayoría conservadora del Consejo general del Poder Judicial se negaba a negociar los dos miembros que tenía que designar el órgano de gobierno. Rechazaron la fórmula tradicional, no escrita, de que los vocales progresistas proponían un nombre y ellos otro. La renovación estaba bloqueada porque el gobierno no podía nombrar a sus candidatos si no se adjuntaba a los del CGPJ. Los socios del gobierno decidieron tomar cartas en el asunto y presentar una proposición de ley para modificar el sistema de elección a través de una votación parlamentaria por mayoría simple.

El grupo popular presentó un recurso de inconstitucionalidad pidiendo al Tribunal que tomase “medidas cautelarisimas” paralizando la iniciativa que se debatía, ya, en el Senado. El presidente era Pedro González Trevijano, que fue rector de la controvertida Universidad Rey Juan Carlos, y que era, precisamente, uno de los magistrados a sustituir. González Trevijano no se lo pensó dos veces y, de acuerdo con la mayoría conservadora, aceptó el recurso y paralizó el debate de la reforma. La decisión fue calificada de “golpe de estado” judicial. A partir de ahí es cuando empieza la guerra entre los políticos de la izquierda y los jueces conservadores.

Todo se solucionó con la decisión de los vocales conservadores del CGPJ, forzados por la escandalera que se había montado, de proponer dos nombres que fuesen aceptados por los progresistas. La magistrada del Supremo, María Luisa Segoviano, de perfil progresista, y César Tolosa, conservador, fueron los elegidos. A ellos dos se unieron los designados por el gobierno, Juan Carlos Campo, juez y exministro de Justicia, y Laura Díez.

Con los nuevos magistrados cambió la composición del TC que empezó a trabajar bajo una mayoría progresista. Siete magistrados de esta tendencia, cuatro conservadores, y un presidente, Cándido Conde-Pumpido que, desde el principio de su mandato, fue rechazado por la derecha política y judicial, del que dudan de su independencia y al que califican de “estar teledirigido desde Moncloa”. Conde Pumpido fue uno de los fundadores de la asociación progresista Jueces para la Democracia que la conservadora APM considera “una escisión izquierdista”. Pero también es cierto que, cuando fue juez del Supremo, redactó la sentencia condenatoria del exministro José Barrionuevo por el Caso del secuestro de Segundo Marey por los GAL. Por lo tanto, es un juez libre de toda sospecha de concomitancia socialista.

Este Constitucional ha logrado ponerse al día sacando adelante sentencias como la del recurso del PP contra la ley del aborto, que llevaba 13 años en el cajón de los despachos de Doménico Scarlatti. Se han reformado el sistema de admisión a trámite de los recursos de amparo con el fin de aligerar al máximo este procedimiento, y se ha logrado reducir los plazos hasta llegar a resolver asuntos con menos de un año de antigüedad.

Aún así, la derecha sigue atacando la institución hasta el punto de llegar a calificarla “de cáncer” por Esteban González Pons. Otros dirigentes de Génova han sido más moderados a la hora de descalificar al organismo adelantando que “no tiene sentido tener que seguir presentando recursos de inconstitucionalidad”.

La composición actual del Tribunal Constitucional obedece a la realidad política y social del país. Una realidad que la derecha se niega a aceptar. Y ese es un grave problema porque afecta a la esencia democrática. Si no se reconoce al órgano que debe interpretar la constitucionalidad de las leyes no se respeta a la propia Constitución, por mucho que se hayan proclamado los defensores de la Carta Magna.