La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la reciente aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, no obstante, ha manifestado serias reservas respecto a su contenido y enfoque.
Durante las últimas dos décadas, el Gobierno vasco ha sido referente en materia de memoria histórica, implementando políticas sin necesidad de un respaldo legislativo. Sin embargo, la nueva ley aprobada por el Parlamento vasco parece frenar los avances que se habían logrado anteriormente.
Un punto de crítica central para la ARMH es la recurrente mención a las víctimas y la notable ausencia de alusiones a los verdugos. Según la ley, el término «víctima» aparece hasta en 49 ocasiones, mientras que «verdugo» no se menciona ni una sola vez. Además, se omite cualquier referencia a la iglesia católica, a pesar de su implicación en el golpe de Estado de 1936 y su posterior papel durante la dictadura.
Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de la primera víctima del franquismo identificada genéticamente, ha señalado: “esta ley consolida legislativamente la discriminación de las víctimas del franquismo respecto a las víctimas de otras violencias». Silva argumenta que, aunque se propone la creación de un censo de víctimas del franquismo, no se contempla un registro similar para los verdugos franquistas.
Además, la ley recoge algunas políticas que han sido ejemplares en toda España, pero no parece que estas medidas se traduzcan en desafíos futuros. Mientras que las víctimas del terrorismo han obtenido indemnizaciones y otros beneficios sociales, la nueva ley ofrece a las víctimas del franquismo la posibilidad de obtener un documento de reconocimiento, pero no contempla una reparación genuina. “Se habla de estudiar la viabilidad de unas reparaciones complementarias”, apunta Silva. Y concluye: “Debería tratarse de una ley para las víctimas de la represión franquista y de la dictadura, ya que incluir la guerra civil es un error. La mayoría de las víctimas del franquismo no estaban en ninguna guerra”.
La aprobación de esta ley representa un paso más en la larga lucha por la memoria histórica en España, pero deja claro que todavía hay retos pendientes y voces que demandan un reconocimiento más amplio y justo.
