CCOO exige el cumplimiento completo de los acuerdos que reconocen la cotización a quienes realizan o han realizado prácticas universitarias, de formación profesional o investigación. Además, advierten que la posición obstruccionista de algunas autoridades académicas y/o educativas para que se reconozca este derecho, las sitúa en una posición de clara ilegalidad y las aleja del modelo de excelencia educativa que dicen defender.
Cotizaciones en practicas
El sindicato exige que se apruebe de forma inmediata, la Orden Ministerial que regula la posibilidad de recuperar hasta 5 años de cotizaciones a quienes en el pasado han participado en prácticas y proyectos de investigación, por los que la legislación vigente en ese momento no les reconocía el derecho a cotizar.
El derecho a cotizar a la Seguridad Social durante las prácticas formativas no remuneradas es un compromiso que formó parte de la primera fase de la reforma de pensiones. Que se alcanzó en julio de 2021 por sindicatos, empresarios y el propio Presidente del Gobierno. Este acuerdo fue concretado finalmente en la segunda fase del acuerdo a través del RDL 2/2023 y entra en vigor, tras algún injustificado retraso, el 1 de enero de 2024.
Los académicos contra los derechos de los becarios
CCOO considera inaceptables las declaraciones realizadas por diversas autoridades educativas, en las que se muestran en contra del derecho a que los jóvenes estudiantes universitarios y de formación profesional puedan cotizar a la Seguridad Social durante sus prácticas no laborales y, de este modo, además de conseguir un título académico, puedan reunir también periodos cotizados de cara a su futura jubilación. En dichas declaraciones no sólo piden una nueva moratoria de la entrada en vigor de esta medida, que está comprometida para el 1 de enero de 2024, sino que solicitan directamente la retirada del reglamento que lo regula.
CCOO recuerda que el derecho a la cotización de jóvenes que realizan prácticas universitarias o de formación profesional se creó en el acuerdo de pensiones de 2011, en aquel momento vinculado solo a las prácticas remuneradas. Y gracias a ello son entre 60.000 y 100.000 las y los jóvenes estudiantes que mensualmente cotizan durante la realización de sus prácticas no laborales, de modo que han sido varios cientos de miles los y las jóvenes que se han beneficiado de este derecho de Seguridad Social.
Reforma de las pensiones
Ahora, en el marco de la primera fase de la reforma de pensiones alcanzada en julio de 2021 se ha extendido el derecho a la cotización a todas las prácticas no laborales, incluidas las no remuneradas. Ello conllevará que el derecho a cotización se extenderá a centenares de miles de jóvenes cada año, habida cuenta de que en nuestro país se encuentran matriculados 1,5 millones de universitarios y cerca de 1 millón de estudiantes de formación profesional, y las prácticas suelen realizarse en la mayoría de titulaciones coincidiendo con los últimos cursos de la titulación.
CCOO quiere también recordar a las autoridades educativas que, precisamente ante las insistentes reticencias alegando en su momento un problema de coste, las organizaciones sindicales aceptamos una reducción de cotizaciones del 95%, que se financiarán no obstante desde los presupuestos del Estado mediante la correspondiente transferencia anual a la Seguridad Social.
Derecho a cotizar de los becarios
Esta medida es un reconocimiento del esfuerzo que las y los jóvenes dedican a su formación para cualificarse lo mejor posible y contribuir con ello a la mejora de la competitividad del conjunto de la economía. El derecho a la cotización por los periodos de prácticas es así una forma de reconocer el tiempo dedicado a su formación, que supone un retraso en la edad de acceso al mercado de trabajo, y busca la legitimación del sistema de Seguridad Social entre las personas jóvenes, facilitándoles cumplir los requisitos de acceso a las pensiones públicas que existan en cada momento.
Por último, CCOO recuerda al Gobierno que el acuerdo de pensiones, incluida esta medida relativa a la cotización de prácticas no laborales, debe cumplirse en su integridad en los términos exactos en los que el Real Decreto-Ley 2/2023 fue aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el pleno del Congreso de los Diputados, y le insta, primero a que rechace frontalmente cualquier pretensión para que se incumpla dicho acuerdo, y segundo a que apruebe de inmediato la Orden Ministerial pendiente para esté operativa coincidiendo con la inminente entrada en vigor del conjunto de estas medidas.
