En una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, la presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas ha explicado que «la represión en el país funciona a través de dos modalidades», dependiendo del contexto. «Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales».
Los «numerosos eventos registrados» durante el período de esta actualización confirman, dice la experta, que «nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades”.
En ese sentido, «la Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno».
Acuerdo de Barbados
Refiriéndose a las elecciones, comenta que el 17 de octubre, el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a partidos de la oposición, suscribieron en Barbados el denominado Acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos.
Entre otros compromisos, señala Valiñas, las partes reconocieron el derecho de cada actor político a seleccionar libremente su candidato o candidata a las elecciones presidenciales, y se comprometieron a promover un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo.
Dos días después de la suscripción del Acuerdo, se levantó la prisión preventiva a cinco personas (tres hombres y dos mujeres), incluidos un periodista, un exdiputado y otras personas percibidas como opositoras, que habían sido detenidas arbitrariamente. «Todas estas personas continúan enfrentando procesos penales», precisa.
La presidenta de la Misión destaca que el 22 de octubre pasado la candidata del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, resultó ganadora por una amplia mayoría y con una alta votación en las elecciones primarias organizadas por la Plataforma Unitaria.
«El 23 de octubre, un diputado de un partido afín al Gobierno pidió la nulidad de las elecciones primarias alegando fraude electoral. Dos días más tarde, el Fiscal General anunció una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primaria y todas sus juntas regionales, incluidos tres dirigentes nacionales (dos hombres y una mujer) por diversos delitos, tales como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir, y contra varios dirigentes regionales por delitos similares», relata Valiñas.
De acuerdo con la Misión, a finales de noviembre, en cumplimiento del Acuerdo de Barbados, las partes acordaron un procedimiento para revisar por vía judicial las sanciones de inhabilitación política decretadas por la Contraloría General de la República contra políticos de la oposición. María Corina Machado, inhabilitada por 15 años, y otras personas sancionadas presentaron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. El 26 de enero, el Tribunal ratificó su inhabilitación.
Por último, «estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, asegura la experta.
