Las políticas económicas implementadas en Extremadura por la coalición de PP y Vox ofrecen un marcado contraste con las políticas más progresistas impulsadas por el gobierno estatal en España. Este contraste es especialmente evidente en los enfoques hacia la tributación y la redistribución de la riqueza.
Extremadura
En Extremadura, la eliminación del Impuesto de Patrimonio y del impuesto para grandes propietarios de viviendas es una medida que favorece a los segmentos más acaudalados de la población. Aunque la justificación para tales medidas es atraer «población y talento» a la región, es cuestionable si estos beneficios fiscales lograrán dicho objetivo. Lo acordado por la derecha y ultraderecha en Extremadura no aborda las preocupaciones sociales más amplias, como lo indica la decisión de eliminar la gratuidad del comedor escolar para miles de estudiantes, que apunta a una reducción en la inversión en servicios públicos y en igualdad de oportunidades.
El Gobierno de España apuesta por la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de los servicios públicos
Por otro lado, el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha adoptado una postura mucho más inclinada hacia la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de los servicios públicos. Al introducir un nuevo impuesto para fortunas de más de 3 millones de euros y al aumentar los tipos del IRPF para las rentas más altas, se busca no solo aumentar la recaudación, sino también financiar mejoras en los servicios públicos y disminuir las desigualdades sociales.
Es relevante notar cómo cada enfoque podría afectar la cohesión social a largo plazo. En Extremadura, la reducción de la recaudación, que según la presidenta Guardiola sería de aproximadamente 39.8 millones de euros, podría conllevar cortes en servicios sociales, educación y atención médica, lo que afectaría desproporcionadamente a los segmentos más vulnerables de la población.
Si gobierna la derecha en España
Si se adoptaran políticas similares a las aplicadas por la derecha extremeña a nivel estatal, podríamos anticipar una serie de consecuencias preocupantes. Primero, la brecha entre ricos y pobres probablemente se ampliaría, erosionando la clase media y aumentando las tensiones sociales. Segundo, una disminución en la inversión en servicios públicos podría resultar en una menor calidad en la educación, la atención médica y otros servicios esenciales, lo que afectaría la movilidad social y disminuiría las oportunidades para los menos afortunados.
Las políticas que favorecen a los ricos, como las implementadas en Extremadura, podrían tener efectos sociales y económicos a largo plazo que perjudican la cohesión y la igualdad social. Estas son cuestiones críticas que deben ser cuidadosamente consideradas, especialmente si hay un cambio en el equilibrio político hacia un gobierno de la derecha a nivel nacional en España.
