Después de Rodrigo Rato y Jaume Matas, condenados en prisión, y Eduardo Zaplana, que estuvo en preventiva, Jorge Fernández Díaz podría ser el cuarto ministro del PP privado de libertad. En el caso del expolítico catalán, se trataría del primero vinculado a Mariano Rajoy, dado que fue el titular de Interior durante su gobierno, entre el 2011 y el 2016, y uno de los hombres de más confianza del expresidente español.
El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz no permite ninguna duda: la cúpula del ministerio ideó y ordenar un operativo para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera resultar incriminatoria para el partido. En el operativo participaron policías en activo, la conocida como policía patriótica y el omnipresente comisario Villarejo.
Por todo ello la fiscalía pide 15 años de prisión para Fernández Díaz y su segundo, el ex secretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como para dos mandos policiales, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo. En el caso de Villarejo, la petición asciende hasta los 19 años.
Estas cifras están en consonancia con la gravedad de los hechos, puesto que Fernández Díaz usó la policía y recursos públicos (fondos reservados) para una operación que perseguía entorpecer la acción de la justicia para beneficiar el partido, o sea, la persona que, teóricamente, tenía que velar por el cumplimiento de la ley, el ministro del Interior, habría delinquido y boicoteado investigaciones policiales. Es difícil imaginar un caso representativo del sentido patrimonial que tienen algunos políticos sobre el Estado, hasta el punto de crear una policía política que trabajaba para ellos.
El escrito de acusación contiene una petición de cuatro años solo por el delito de malversación (se calcula que se gastaron 60.000 euros en el operativo), una cifra que contrasta con los siete años que se piden para los cargos de ERC acusados de organizar el 1-O, Lluís Salvador i Josep María Jové. Esta diferencia resulta sorprendente, puesto que demuestra que en el caso de los independentistas catalanes se estira hasta el máximo el Código Penal, mientras que en otros casos no se aplica con la misma intensidad.
Nadie se cree que el ministro actuara por cuenta propia y sin conocimiento, a su vez, de la cúpula del PP. Sea como fuere, será interesante ver cómo evoluciona este caso y como se desarrolla el juicio, que todavía no tiene fecha. Hay que subrayar que, si la corrupción ya resulta execrable, utilizar los recursos del estado para encubrir la corrupción, que es el que hicieron Fernández Díaz y su equipo, todavía es más grave. Sobre todo porque nadie se cree que el ministro actuara por cuenta propia y sin conocimiento, de la cúpula del PP, formada en aquella época por Mariano Rajoy como presidente del partido y por María Dolores de Cospedal como secretaria general.
No parece que la justicia esté excesivamente interesada al aclarar algunos de los hechos, cuando menos, es el que se deduce de los mensajes que el número dos del Ministerio de Interior y el presidente de la Audiencia Nacional se enviaron mutuamente y, el juez que lleva el caso no tiene intención de investigarlo. Vean el siguiente video.
El Partido Popular, a estas alturas, no ha ofrecido una rueda de prensa ni ha dado explicaciones convincentes, ni sobre este caso, conocido como Kitchen, ni tampoco sobre el caso Bárcenas en sí. Al contrario, esconden la cabeza bajo el ala y hacen ver que no va con ellos.
La justicia española tiene ahora la oportunidad de demostrar su independencia en un caso que afecta directamente las estructuras del Estado, el llamado Deep State, y de enviar en la prisión sus responsables directos. Aun así, hay motivos para dudar que algún día veamos Fernández Díaz, histórico del PP catalán y responsable también de la operación Cataluña para hundir la imagen de los líderes independentistas, entrar en un centro penitenciario.
De hecho en una entrevista decía que había hecho lo que consideraba un servicio a España y no tenía previsto ni pedir perdón y arrepentirse de sus actuaciones. Pueden ver bastantes videos en YouTube.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Recuerdan que el ordenador de Bárcenas, situado en la sede de Génova, fue destruido a golpes de martillo para evitar extraer documentación que pudiera comprometer al PP y, a muchos altos cargos del mismo? ¿Creen que sabremos toda la verdad? ¿Veremos a un ministro de Aznar entrar en prisión?
