El papel de los medios de comunicación es un elemento esencial para valorar cualquier democracia. En las últimas décadas, la concentración de los medios de comunicación en grandes grupos, donde prima el beneficio privado sobre el servicio público, está provocando un perjuicio a la democracia que la debilita.
Nos encontramos ante una situación donde, por una parte, los medios de comunicación operan de facto como un poder, y por otra, los grandes poderes tienden a actuar también a través de los medios, convirtiendo la libertad de expresión en un activo de su negocio, y en un instrumento para sus intereses.
La elaboración y el tratamiento de la información se muestra en respuesta a los objetivos comerciales del grupo empresarial y sus estrategias. Se produce una alteración del marco democrático, que degrada la vida política y social, al existir de facto una privatización de la libertad de prensa que, junto con el concepto más amplio de libertad de expresión, forma parte de la arquitectura del Estado de Derecho.
La agenda es fijada y gestionada por los medios en vez de por los políticos como representantes de los ciudadanos. Los medios determinan lo que tiene relevancia social o no. Y mientras los políticos están sometidos al control de las urnas, los medios no.
Esta concentración, que también se ha producido en España, está provocando un claro desequilibrio ideológico en las líneas editoriales, muy acentuado hacia las posiciones conservadoras del espectro político. Lo que ocasiona que una parte importante de la realidad social sea borrada, silenciada de los canales de información o sea sesgada y manipulada de manera constante y consciente.
Lo anterior, está llevando a que los españoles confíen cada vez menos en los medios de comunicación a la hora de informarse. Y que, además, el grado de confianza varie ostensiblemente de unos medios a otros. Así, tienen mucha o bastante confianza en las emisoras de radio, un 55,5 por ciento; en la prensa, un 53,2 por ciento; en las cadenas de televisión un 41,2 por ciento; y en las redes sociales solo un 15 por ciento, según el Estudio sobre audiencias de medios de comunicación social realizado por el CIS en septiembre y octubre de 2023.
Por estos motivos, para fortalecer la democracia hay que entender la información principalmente como un servicio público, y no como una simple mercancía. Hay que respetar la pluralidad de la información, la diversidad de los contenidos y una información veraz, objetiva y de acceso rápido a los ciudadanos, porque ni el desarrollo tecnológico, ni el incremento de medios y servicios lo garantiza de manera automática.
En ese camino, hay que mantener y desarrollar un fuerte sector público en los medios de comunicación social, asumiendo que se trata de un pilar fundamental para preservar y promover el pluralismo de los medios de comunicación, el diálogo democrático, y el acceso de todos los ciudadanos a unos contenidos de calidad. Medios públicos y no gubernamentales que ayudarán a la democracia y por tanto a la igualdad.
Mientras esto se realiza, hay que recordar a los propietarios de los medios de comunicación que es obligatorio cumplir el artículo 20 de la Constitución donde se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Donde se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
