Ya lo adelantábamos en diciembre y los pronósticos se han cumplido. Los ahora llamados letrados de la administración de justicia, antes secretarios judiciales, están en huelga indefinida. Una huelga que puede hacer mucho daño en los juzgados ya que este colectivo es el encargado de notificar y ejecutar las resoluciones dictadas por jueces y tribunales. En fuentes judiciales se advierte que sólo en los primeros días de protesta, los secretarios judiciales han conseguido paralizar del orden de 5.000 actuaciones que deberían haberse llevado a cabo estos días.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, es decir, las asociaciones más representativas del colectivo se han constituido en comité de huelga. Sus reivindicaciones se resumen en: “recuperación del reconocimiento a los días de libranza en las sustituciones que no den derecho a retribución económica, asimilación de los complementos vinculados a los grupos de población a los establecidos para los médicos forenses, incremento del porcentaje destinado a productividad del cuerpo, elevación a 100 euros la cuantía prevista para las entradas y registroscuando éstos requieren de la intervención del secretario judicial, definición y concreción del modelo de carrera profesionalen colaboración con las asociaciones representativas, y eliminación de la necesidad de consolidar la categoría de entrada”. Y, por último, tal vez el punto más controvertido, “la modificación de los instrumentos normativosprecisos para que lasretribuciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo”.
Este último punto supone una mejora retributiva importante que ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios. El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, calificó la convocatoria de “huelga política” sin “finalidad profesional alguna”. Por su parte, el secretario general de la administración de justicia, Javier Olmedo, superior jerárquico de los secretarios judiciales, ha recordado a los 4.760 miembros de este cuerpo que a finales del mes de enero van a experimentar una subida del salario anual medio de un 13,26 %. “Una subida que podría convertirse en un 14,76 % si la economía funcionara bien en tres años. Algo sin parangón en la Administración pública”, subraya el alto cargo ministerial.
Olmedo señala, además, que varios de los puntos reivindicativos introducidos en la convocatoria están siendo objeto de estudio por parte del ministerio. Entre otras medidas que se van a adoptar está la convocatoria inmediata de oposiciones para cubrir 566 plazas, las que se debían haber efectuado en los años 2019, 2020 y 2021. Además, se va a aprobar un plan normativo que recogerá la casi totalidad de las exigencias de los letrados, salvo la ya mencionada que supondría una equiparación retributiva casi equivalente a las de los jueces y magistrados en función del destino asignado al letrado: juzgados de primera instancia, audiencias territoriales, tribunales superiores, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo.
En realidad, el letrado de la administración de justicia asume muchas de las funciones que deberían corresponder al titular de la instancia judicial. Su figura, además, es bastante cuestionada por la ciudadanía en general. Son los encargados de ejecutar los impopulares desahucios y lanzamientos judiciales. Notifican los embargos y son los encargados de ejecutarlos, así como las sentencias y resoluciones. En realidad, el letrado de la administración de justicia, secretario judicial como habitualmente se le sigue conociendo, es el corazón de la instancia judicial. Sin su concurso, no funciona. De ahí que la convocatoria haya generado una gran inquietud en la judicatura.
No está la justicia en España para muchas fiestas después de la pérdida de imagen que han experimentado los jueces en los últimos años. Si ya de por sí, en los sondeos de opinión, se considera esta actividad como “uno de los problemas” del país debido a su lentitud y falta de rigor, el hecho de que quienes llevan el peso de dicha actividad, los secretarios judiciales, se hayan puesto en pie de guerra supone un paso más hacia el descalabro total de una administración que necesita una reforma en profundidad si quiere convertirse en el verdadero “tercer poder del Estado”
