En un movimiento que destaca su compromiso con la objetividad judicial, Juan Carlos Campo, magistrado progresista del Tribunal Constitucional, ha optado por apartarse de un recurso de amparo vinculado a la futura ley de amnistía. Esta decisión tiene como objetivo preservar la «imparcialidad» del tribunal de garantías, en medio de la polémica generada por sus anteriores informes sobre los indultos del ‘procés’, donde calificó la amnistía como «inconstitucional».
La determinación de Campo cobra mayor relevancia dada la llegada de otro recurso de amparo, presentado por un particular, que incluye recusaciones contra Campo, Laura Díez y el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido. Estas recusaciones han sido recurrentes en casos relacionados con el Gobierno actual, ya que Campo y Díez fueron designados por el Ejecutivo.
Desde la última renovación parcial en enero, el ala progresista en el Tribunal Constitucional ha mantenido una holgada mayoría de 7 magistrados, incluyendo a Conde-Pumpido, Campo y Díez, frente a cuatro conservadores. Sin embargo, las posibles abstenciones y recusaciones plantean la posibilidad de que esta mayoría se vea afectada.
Este escenario no es nuevo en el Tribunal Constitucional. Experiencias previas, como los recursos contra las leyes del aborto o de la eutanasia, han demostrado que las abstenciones y recusaciones pueden influir significativamente en la configuración del Pleno y en la toma de decisiones.
Los recursos de inconstitucionalidad vinculados a la futura amnistía aún no tienen recorrido legal, ya que la ley correspondiente no ha sido aprobada. No obstante, las decisiones del Tribunal Constitucional sobre la abstención de Campo y las recusaciones planteadas ofrecerán información clave sobre la configuración del Pleno que, en última instancia, decidirá sobre esta medida de gracia.
Es un cachondeo terrible; la consecuencia la designación política en el foro judicial hace estragos en toda democracia, para cuanto más en este cortijo facha. Es terrible de verdad que solo uno de los ciudadanos pueda admitir esto en un estado de derecho, porque todo es un ejercicio de negación del derecho a la participación ciudadana muy oneroso. Y además estoy muy a favor de votar para una amnistía, como también a favor de no aceptarla; siendo conocedor del problema, tanto para unos que delito alguno han cometido; como para otros que encarcelados por simples mierdas están viendo como los populares están amnistiados de antemano ante cualquier delito que pudiesen cometer. Todo es corrupción del derecho en el derecho de los ciudadanos, que siquiera contamos fuera de votos. No hay derecho; que carallo lei, nin xustiza, democracia, nin leite de burra.