El informe más reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela datos alarmantes sobre el trabajo forzoso en el sector privado, una industria ilícita que amasa 236.000 millones de dólares en beneficios anuales. Esta cifra representa un aumento del 37% desde 2014, lo que pone de manifiesto no solo un crecimiento en el número de personas sometidas a esta forma de explotación sino también un incremento en las ganancias obtenidas a costa de su sufrimiento.
El estudio titulado «Profits and Poverty: The economics of forced labour» (Beneficios y Pobreza: Aspectos Económicos del Trabajo Forzoso) estima que cada víctima de esta explotación genera aproximadamente 10.000 dólares para traficantes y explotadores, evidenciando un incremento significativo en la rentabilidad de esta abominable práctica.
Los beneficios obtenidos de la explotación forzosa se concentran principalmente en Europa y Asia Central, con ganancias que ascienden a 84.000 millones de dólares, seguidos por Asia y el Pacífico, América, África, y los Estados Árabes. Notablemente, la explotación sexual comercial forzada constituye más de dos tercios de los beneficios totales, a pesar de representar solo el 27% del número total de víctimas.
Este desequilibrio se explica por la gran diferencia en los beneficios obtenidos por víctima entre la explotación sexual forzada y otras formas de trabajo forzoso, siendo la primera mucho más lucrativa. La industria, los servicios, la agricultura, y el trabajo doméstico siguen en la lista de sectores con mayores beneficios ilegales, destacando que estos ingresos deberían estar en manos de los trabajadores y no de sus explotadores.
La situación actual del trabajo forzoso es sombría, con 27,6 millones de personas afectadas en un día cualquiera, traduciéndose en 3,5 personas por cada mil habitantes en el mundo. La cifra ha aumentado en 2,7 millones entre 2016 y 2021, lo que subraya la necesidad urgente de acciones concretas para combatir esta injusticia.
Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT, enfatiza que el trabajo forzoso no solo perpetúa ciclos de pobreza y explotación sino que también atenta contra la dignidad humana. La comunidad internacional, según Houngbo, debe unirse de manera urgente para poner fin a esta práctica, protegiendo los derechos de los trabajadores y defendiendo los principios de justicia e igualdad para todos.
El informe recomienda una serie de medidas para combatir el trabajo forzoso, incluyendo el fortalecimiento de marcos jurídicos, la formación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la ampliación de la inspección laboral en sectores de alto riesgo, y la mejora de la coordinación entre las aplicaciones de la ley laboral y penal. Sin embargo, subraya que estas acciones deben formar parte de un enfoque integral que priorice abordar las causas profundas de la explotación y proteger a las víctimas.
La erradicación del trabajo forzoso requiere un esfuerzo global concertado, apoyado por marcos estratégicos como el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), proporcionando una base sólida para una acción integral contra esta forma de explotación.
