Ante el comunicado de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) respecto de la situación que vive la Franja de Gaza, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emiliano Viciana Duro, ha remitido una carta a la CRUE para manifestar su «respeto escrupuloso por la autonomía universitaria y por la libertad de la Junta Rectora de la CRUE para manifestarse al respecto de cualquier cuestión que crea que le atañe».
El titular de Educación tira balones fuera, como su jefa inmediata, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuando se habla del conflicto, y muestra su sorpresa «por el interés selectivo de la CRUE». Afirma que «produce extrañeza que no se manifestara recientemente ante asuntos que le resultan mucho más cercanos, y que sí le pudieran resultar más comprometidos, como las amenazas al Estado de derecho y la separación de poderes aquí, en España, al hilo de la Ley de amnistía, cuando tantas instituciones, asociaciones profesionales y cuerpos de funcionaros emitieron comunicados de compromiso con la Constitución y la igualdad de los españoles ante la Ley».
«Acto de censura y control ideológico»
Viciana Duro señala en su misiva que «lo que como consejero no puedo dejar de advertir es la quiebra de la seguridad jurídica y el acto de censura y control ideológico, incluso de falta de humanidad que supone la amenaza de la CRUE en su comunicado», refiriéndose al párrafo en el que la CRUE se compromete a «revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario».
Según el consejero, «este párrafo atenta contra la seguridad jurídica, porque se refiere a acuerdos que son meramente académicos; y atenta contra la libertad de expresión y conciencia, porque las ideas políticas de los científicos e investigadores no deberían ser parte de dichos acuerdos, ni se les puede obligar a pronunciarse (este tipo de firmas forzadas nos recuerdan demasiado a regímenes dictatoriales)», aunque no detalla si por propia experiencia o por la costumbre habitual de este tipo de prácticas en el PP. Cabe recordar la última gran controversia suscitada por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, con la famosa «trituradora», amén de otras situaciones en las que la libertad de expresión del PP se ha mostrado en pantallas de plasma y en ruedas de prensa sin preguntas.
Dice Viciana Duro que «dicha amenaza constituye también un acto de inhumanidad porque no es justo ni proporcional exigirle a nadie que vaya contra su propio país cuando está en guerra». Y se pregunta: «¿Se hizo con las instituciones académicas e investigadoras palestinas a raíz de los atentados de Hamas?: no figuraba tal cosa en los comunicados que al hilo de tales atentados publicó la CRUE».
Asimismo, reprocha a la CRUE que dicha amenaza «va también contra los derechos laborales de los investigadores, docentes y trabajadores de dichas instituciones, cuyo trabajo y salario se ve amenazado por razones ideológicas que, para colmo, no están en su mano porque van en bloque. Es inconstitucional privar a alguien de su salario, de una subvención o negarle un convenio por razones ideológicas, y menos de forma sobrevenida», como si el propio Gobierno al que pertenece no hubiera hecho lo mismo en materia de Educación y Sanidad Pública madrileña.
«Respeto a la Constitución»
«Además, en el caso de que dichos acuerdos sean convenios, la competencia sería del Consejo de Gobierno de cada universidad, no de la CRUE», afirma. Y cree que «hay límites. Lo he manifestado así estos días: todo cabe en las universidades, pero siempre con el límite del respeto a la Constitución». Esa Constitución que el Partido Popular respeta cuando le viene en gana.
Por eso, dice que «mi Consejería se compromete a respetar todos los acuerdos firmados por la Comunidad de Madrid, y a amparar a los docentes, investigadores y personal laboral de instituciones académicas israelíes que se vean afectados por estas medidas que anuncia la CRUE y que exceden con mucho sus competencias y lo que la razón aconseja y el Derecho permite».
El comunicado de la CRUE
La misiva llega después de que la CRUE se reuniera, ayer 9 de mayo, para dejar constancia de su «hondo pesar por los gravísimos acontecimientos que en estos momentos se están produciendo en la Franja de Gaza».
En su comunicado afirmó que «las universidades españolas ya han expresado y reafirmado en varias ocasiones su permanente compromiso con la paz, la convivencia y la justicia y con la defensa del derecho internacional humanitario, lo cual no impide que vuelva a verse profundamente conmovida por el agravamiento del conflicto y las penosas consecuencias que está teniendo para la población palestina».
La CRUE hacía suyo «el sentir de nuestros campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo para que, desde distintas instancias, se adopten medidas que pongan freno a la escalada de violencia que se está produciendo». Y por ello, exigía «el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas».
También pedía al Estado de Israel que «respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil y que se articulen las medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer lo antes posible la reconstrucción y recuperación del territorio palestino».
A este respecto se comprometió a «revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario», a intensificar la «cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar nuestros programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada» y, finalmente, a «velar por que en el ejercicio de la libre expresión no se produzcan conductas, igualmente reprobables, de antisemitismo o islamofobia, así como a cualquier otro comportamiento de odio en el seno de las comunidades universitarias».
