El primer informe mundial sobre la corrupción en el deporte ha puesto de manifiesto la magnitud y complejidad en los eventos deportivos.
Se estima que cada año se invierten hasta 1,5 billones de euros en los mercados de apuestas ilícitas, según se indica en el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El análisis de la agencia de la ONU evidencia la «sorprendente magnitud, manifestación y complejidad de la corrupción y el crimen organizado en el deporte a nivel mundial, regional y nacional«.
Ante esa situación, la Oficina pide una respuesta urgente, unificada e internacional para luchar contra las malas prácticas y el fraude en el sector. Su publicación coincide con el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra cada 9 de diciembre.
Más corrupto
El informe se ha realizado en colaboración con 200 expertos de gobiernos, del mundo deportivo, el sector privado y el ámbito académico.
Aunque los hechos delictivos en el deporte no son un fenómeno nuevo, ya que las actividades fraudulentas existen desde los antiguos Juegos Olímpicos, el documento revela un «incremento sustancial» en las dos últimas décadas.
La globalización, la enorme afluencia de dinero, el rápido crecimiento de las apuestas deportivas legales e ilegales y los avances tecnológicos hacen que el deporte sea cada vez más atractivo para las redes delictivas que buscan explotarlo para obtener beneficios.
Se analizan también otros aspectos como la manipulación en las competiciones, los abusos, la exposición de los grandes eventos deportivos al abuso de los estafadores y la participación del crimen organizado, entre otros.
Por último, resalta las iniciativas que pueden ayudar a abordar el problema, las cuestiones relacionadas con la detección y la denuncia de las infracciones, y cómo pueden utilizarse los marcos jurídicos existentes.
Políticas para el deporte
La publicación, dirigida tanto para los gobiernos como para las organizaciones deportivas, destaca la necesidad urgente de tomar las siguientes medidas:
- Fortalecer los marcos legales, políticos e institucionales
- Desarrollar y aplicar políticas anticorrupción integrales
- Mayor cooperación e intercambio de información entre las entidades deportivas, las autoridades de prevención del delito y justicia penal y los responsables políticos
- Mejorar el entendimiento de la interrelación entre los actos ilícitos y el crimen organizado en el deporte y desarrollar las capacidades de los agentes implicados para hacerles frente
