La derecha va a desautorizar al TC antes de que se pronuncie sobre la ley de amnistía

Antes de que el Parlamento apruebe la ley de amnistía, la derecha ya se está encargado de desautorizar al Tribunal Constitucional en previsión a que se pronuncie positivamente sobre el contenido de la norma. En medios jurídicos teledirigidos por Génova se dice que la Corte de Garantías ya debería haberse pronunciado sobre la inoportunidad de una ley de amnistía ya que en la Carta Magna no se menciona este tipo de medida limitándose, en tal sentido, a prohibir los indultos generales. La estrategia es similar a la que se ha llevado a cabo en el Consejo General del Poder Judicial, en los colegios de abogados y en otros ámbitos de la sociedad civil. No se puede examinar el contenido de una legislación que, por su propia naturaleza, es ilegal, según dicen en la caverna judicial. Mientras tanto, el presidente de la Corte de Garantías, Cándido Conde Pumpido, muestra prudencia y pide esperar a conocer los términos de la normativa para emitir un pronunciamiento. La derecha le acusa de haberse puesto al servicio del gobierno. O, mejor dicho, “al servicio de Pedro Sánchez”.

“si en algún momento futuro se plantea ante el Tribunal algún recurso relacionado con las cuestiones que actualmente son objeto de debate político, se estudiará con absoluta objetividad, sin aceptar presión alguna, ni especulaciones de ninguna clase sobre la decisión que pueda adoptarse en un hipotético recurso futuro”. Así se han manifestado en la sede de Doménico Scarlatti ante las informaciones propagadas por la derecha judicial en el sentido de que la decisión de avalar la medida de gracia ya ha sido tomada. Que en el TC guardan una escrupulosa neutralidad lo da el hecho de que uno de los magistrados, Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez, ya se ha apartado como ponente del recurso de amparo presentado por un particular, para salvaguardar la imparcialidad del organismo. Por ahora, el gesto del exministro apenas tiene relevancia porque este amparo apenas va a tener recorrido. Pero el detalle de que Campo haya solicitado apartarse voluntariamente en previsión de que una decisión suya podría afectar a la imagen de imparcialidad necesaria en el Tribunal Constitucional, abre el debate sobre abstenciones y recusaciones, dibujando de manera anticipada el mapa de magistrados que sí intervendrían cuando, con la ley en vigor, se presenten recursos o cuestiones que estén legitimadas.

Si Campo sigue absteniéndose, los magistrados progresistas contarán con un voto menos. De siete pasarán a seis. Los conservadores seguirán siendo cuatro a no ser que el Senado proceda a la designación de el candidato que le corresponde que, además, según el pacto no suscrito entre mayorías y minorías, le corresponde al PP. Entonces, la correlación de fuerzas estaría muy equilibrada. Y nadie garantiza de que uno de los magistrados progresistas se incline por declarar inconstitucional la ley o se abstenga. En ese caso, sería el voto de calidad de Cándido Conde Pumpido el que tendría la última palabra.

Sólo así se puede entender la campaña que están llevando en su contra, desprestigiándole y recordando que cuando fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero pronunció un controvertido discurso en la clausura del Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece, en el que, refiriéndose al alto el fuego de ETA, dijo que había que “aplicar la ley en la lucha contra el terrorismo, que no ha cesado, ni va a cesar. Aplicar la ley para amparar y asegurar los derechos de las víctimas. Procurando la reparación, en lo posible, del delito que han sufrido, la preservación de la memoria y el respeto a la dignidad de quienes han pagado injustamente un precio inútil por la libertad de todos, pero, además, y con la misma determinación, trabajando para que no haya otras víctimas en el futuro, para que nadie más tenga que pagar ese precio”. Esta frase fue malinterpretada por el PP que pidió su comparecencia en el Senado para que explicase el papel que debía de jugar el poder judicial en la lucha contra la banda terrorista. Allí pronunció una frase que le persigue desde entonces: “he procurado y seguiré procurando que la ley se aplique con rigor porque es la materialización de los valores democráticos. Pero también precisamente por eso, el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial. Pero no ajena a esa realidad, sino profundamente comprometida en su transformación, de acuerdo con los objetivos de seguridad jurídica, democracia y paz social que establece la Constitución y concreta la ley”. La derecha no le perdona esta reflexión. Y ahora la ha vuelto a desempolvar, 16 años después.

La derecha está convencida de que el criterio de Conde Pumpido expresado cuando era fiscal general del Estado lo va a mantener en el momento en que haya que debatir la amnistía a los líderes del procès. Ese “baño de realismo”. Esa “aproximación a la realidad social “es lo que temen los que rechazan tajantemente la ley que se tramita en el Congreso de los diputados. De ahí que hayan descartado la posibilidad de que la Corte de Garantías anule el texto que salga del Parlamento. Es más. Están convencidos de que el recurso se va a tramitar con la mayor de las diligencias para que la medida de gracia se pueda ejecutar lo antes posible.

La derecha no cree en el Tribunal Constitucional porque, dicen, su presidente se identifica con ese realismo que Pedro Sánchez utilizó durante su discurso de investidura para justificar la amnistía. Es una suposición nada más. Porque Cándido Conde Pumpido es de esas personas cuya mano derecha no sabe lo que va a hacer la mano izquierda.